La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delitos Económicas y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han lanzado este jueves un operativo contra el Grupo Zed y la familia al frente de esta empresa, los Pérez Dolset, por dañar a sus accionistas con su concurso de acreedores. Se investiga, entre otros asuntos, las sociedades que la red tenía en Holanda, según ha confirmado El Independiente.
La investigación se remonta a agosto de 2016 y fue iniciada por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV). Las citadas fuentes han confirmado que se esperan ocho detenciones y 18 registros en Madrid, Valencia y Barcelona. Entre los arrestados estarían varios miembros de la familia Pérez Dolset.
Miembros de la UDEF han realizado requerimientos en los Ministerios de Economía e Industria, así como en el diario La Razón, para solicitar información sobre las subvenciones y préstamos concedidos a Zed con la presunta mediación de Mauricio Casals, presidente del diario. Esas ayudas serían irregulares y estarían cifradas en el entorno de los 70 millones de euros entre los años 2010 y 2015.
En concreto, los investigadores creen que Casals usó su red de contactos en los distintos gobiernos y en varios ministerios, principalmente en el de Industria, y por esa razón se encuentra imputado por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, acusado de un delito de tráfico de influencias.
En un comunicado, el diario asegura que "ni La Razón ni su presidente han participado en ningún tipo de tráfico de influencias o fraude de subvenciones ni directa ni indirectamente", al tiempo que ha confirmado la entrega de documentación a requerimiento de la Audiencia Nacional.
Los investigadores creen que el ejecutivo catalán utilizó su red de contactos en varios ministerios
Durante unos días, Casals estuvo imputado por el mismo juzgado de la Audiencia Nacional en el marco de la operación Lezo. Después de tomarle declaración, el magistrado Eloy Velasco acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones sobre él tras no quedar acreditado que hubiera presionado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no denunciara a Edmundo Rodríguez Sobrino. Éste fue un alto directivo de la empresa del Canal de Isabel II en Latinoamérica y, hasta hace unas semanas, consejero delegado de la empresa editora de La Razón.
Los investigadores consideran que los administradores de la firma tecnológica Zed incurrieron con la liquidación de la empresa en los delitos de insolvencia punible, administración desleal, fraude y falsedad documental. Anticorrupción lleva meses siguiendo la pista a una trama societaria internacional que presuntamente habría permitido el enriquecimiento ilícito perjudicando a pequeños accionistas.
El Grupo Zed es la empresa creadora de éxitos en el sector de los videojuegos como Commando, que originó cuantiosos beneficiosos desde finales de los años 80. La compañía está también detrás de la producción de otros éxitos como la película Planet51.
La reacción de Planeta
El grupo Planeta comunicó, por su parte, que se va a personar en este proceso como "un perjuicio económico" de 120 millones de euros. Este grupo editorial es titular del 20% de la sociedad Zed y sostiene que sus dueños, los hermanos Pérez Dolset han dañado a sus accionistas.
En su nota de prensa, Planeta también revela que ha sido uno de los denunciantes de "las irregularidades en la gestión" de los Pérez Dolset. Además, aprovecha su comunicado para cerrar filas en torno a Casals al afirmar que "ni el diario la Razón ni su Presidente han cometido ninguna irregularidad" por lo que ofrecen su colaboración con la justicia.
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