José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) durante más de 20 años, desvela que Ignacio Cosidó intentó "convencerlo" siendo director general de la Policía para que dejara de denunciar la existencia del ático de Estepona de Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid y hoy en prisión tras su detención en la operación Lezo. Su negativa a atender la petición tuvo consecuencias: la interposición de tres querellas y cuatro expedientes, uno con una propuesta de sanción de 45 días de suspensión de empleo y sueldo.

Así lo desvela Sánchez Fornet en una carta que enviará este martes a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, tras ser citado a declarar en la comisión de investigación constituida en la Cámara autonómica para depurar responsabilidades políticas por la supuesta 'operación Cataluña' puesta en marcha la pasada legislatura durante la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior. El ex líder del SUP, sindicato mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía, ha sido llamado para que comparezca el próximo 18 de julio pero dice que no podrá hacerlo antes del próximo mes de octubre "por razones de inexcusable atención".

El ex dirigente sindical detalla que el acercamiento de Cosidó tuvo lugar el 22 de abril de 2012 en el curso de una comida celebrada en un restaurante cercano a la madrileña calle de Miguel Ángel y a la que asistió una tercera persona cuya identidad no desvela ("un miembro del PP que había ocupado cargo relevante en Interior en el pasado", apunta). El director general de la Policía, que llevaba en el cargo desde el 30 de diciembre de 2011, intentó "convencerme de que dejara de denunciar la existencia de un ático sospechoso en Estepona, alquilado, según unos, propiedad por comisiones ilegales, según otros, del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González".

Sánchez Fornet asegura que lo sancionaron con 45 días de empleo y sueldo por su negativa a dejar de denunciar el ático

El ex dirigente sindical explica que para la primera de las sanciones se utilizó "como excusa" el envío al juzgado y la difusión por parte de los medios de comunicación del llamado 'informe UDEF', que había llegado "de forma anónima" al sindicato y que coincidía con las críticas de los investigadores policiales. "Concluía que no era un documento oficial pero refería hechos que se habían y se estaban investigando en la UDEF [Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal], donde existía un gran malestar por la dispersión de sumarios que, según nos informaban, formaba parte de una estrategia premeditada para no acumular en un solo caso las prácticas corruptas que se llevaban a cabo en la Administración catalana, pretendiendo con ello diluir la magnitud de la corrupción de la que se tenía conocimiento", expone.

Aquel informe motivó que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional llevara a cabo una investigación interna, sin que se le tomara a él declaración ni se le reclamara al sindicato copia de los informes recibidos. En sede judicial, el entonces máximo responsable de la UDEF y hoy jefe superior en Galicia, Manuel Vázquez, declaró que el informe no era oficial y "Cosidó dispuso la apertura de un expediente disciplinario" contra Sánchez Fornet cerrado con una sanción de suspensión de 45 días de empleo y sueldo que fue recurrida. Fue, subraya, el primero que tuvo "por no retirar la denuncia del ático".

"Con este antecedente, entenderá usted que mientras esas normas no se cambien hay poco margen de maniobra para contar nada, ni en esa comisión de investigación ni en ninguna otra, salvo que sean hechos delictivos o irregulares de los que tenga pruebas, único caso en que podría manifestarlo en esa comisión y que, en caso de haberse producido tal circunstancia, ya habría denunciado ante la autoridad judicial competente", razona.

Sánchez Fornet duda de que el SUP siga custodiando los sobres con los informes recibidos porque dejó la secretaría general en junio de 2013 y la presidencia de honor un año después. "Dudo que sigan allí porque la personación como acusación popular que realizamos en octubre de 2012 en el caso del ático del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y que tanto molestaba a los mandos políticos del Gobierno, fue retirada por el sindicato una vez abandoné la presidencia de honor. No parece que tengan interés por colaborar en descubrir corruptos", añade.

El policía dice que "se impedía su investigación" cuando se recibían denuncias que afectaban a políticos catalanes

En relación con las actuaciones policiales en Cataluña, el ex líder sindical señala que "siempre" han existido rumores sobre la "impunidad" con la que se cometían delitos en Cataluña. "Durante los últimos años de mi mandato como secretario general existía el convencimiento en personas que trabajaban en las unidades de investigación especializadas que, cuando se recibían denuncias que pudieran afectar a políticos catalanes cercanos Pujol, se impedía su investigación", indica.

A este respecto, este policía en situación de segunda actividad sin destino recuerda que agentes adscritos a la UDEF llegaron a pedir la baja "porque les modificaban sus informes" y que, cuando se intentaba relacionar casos de corrupción que afectaban a políticos del Govern, "se paralizaban o se tramitaban como asuntos por separado, impidiendo conocer la magnitud de la corrupción a investigar en dicho territorio".

De la 'Operación Cataluña' a la 'Operación Madrid'

"Lo que conozco de la 'Operación Cataluña' es eso, lo mismo que de la 'Operación Madrid', si a las acciones policiales en los casos Púnica Gürtel, Lezo... contra presuntos delincuentes alguien quisiera darle ese nombre y pretender que es un ataque político contra miembros del PP en Madrid", argumenta.

En cualquier caso, considera que, de haber existido, no puede ser "ajeno" a esa supuesta "Operación Cataluña" o "policía política" el mando policial que participó en la elaboración del Informe PISA, una "evidente manipulación propia de una policía política dirigida contra el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias".

En su carta a Forcadell, Sánchez Fornet exige para comparecer en el Parlamento de Cataluña que le hagan llegar previamente la dieta que le permita sufragar los gastos de viaje de Sevilla a Barcelona y el alojamiento, así como que se le especifique qué formaciones políticas propusieron su citación. "Según sean partidos que respetan las leyes del Estado español o sean independentistas, que han decidido no cumplirlas por considerarse patriotas de Cataluña, decidiré sobre mi asistencia o no a dicha comisión asumiendo las consecuencias legales que de ello puedan derivarse", apostilla.