La comisión de investigación constituida en el Congreso para depurar responsabilidades políticas por el supuesto uso partidista de medios del Ministerio del Interior para desacreditar a dirigentes de otras formaciones políticas durante la etapa del popular Jorge Fernández Díaz ha concluido sus trabajos sin que el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido haya enviado dos documentos clave para aclarar los hechos pese a haber sido reiteradamente solicitados por algunos de los grupos parlamentarios.

Entre los papeles que los comisionados ya no podrán analizar antes de emitir sus conclusiones -tras el cierre impuesto por PP, PSOE y Ciudadanos- figura el informe que habría elaborado a título personal la comisaria Nuria Mazo, mando policial que estaba al frente de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC). Ésta se creó al principio de la pasada legislatura, cuando al frente de Interior estaba Fernández Díaz y el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional era Eugenio Pino.

Entre otros trabajos, la BARC -desmantelada el pasado mes de febrero por el actual número dos de la Policía, Florentino Villabona- elaboró informes sobre el asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo, el chivatazo del bar Faisán y los atentados del 11-M, según reconoció Pino en una entrevista concedida al diario El Mundo: "Yo encargué a la Brigada de Resolución de Casos que hiciera un informe [sobre el 11-M] y ahí está. Le encargué lo del Faisán y ahí está. Encargué lo de Marta del Castillo, porque no se puede permitir que un Estado no entregue el cadáver a un padre de una hija muerta. Hay que hacer todo lo posible y poner todos los medios. Y si unos no pueden, que vengan otros con otra perspectiva. En medicina siempre se pide la segunda opinión: ‘Oiga, yo tengo un problema y vamos a ver si tiene razón".

Un informe de la comisaria que dirigía la brigada de revisión de casos, entre la documentación pendiente

Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que la comisaria Mazo remitió dicho informe al ministro del Interior y al director general de la Policía y que tiene "mucho interés" porque "detallará quién le ordenó" que se llevaran a cabo las citadas investigaciones, entre otros extremos. "Creemos que la Unidad de Inteligencia y la Brigada de Revisión de Casos se utilizaron para hacer investigaciones más políticas que policiales", resumen fuentes socialistas.

Tampoco ha remitido el Ministerio a la Cámara Baja el expediente relativo a la designación como agregado de Interior de la Embajada de España en Países Bajos al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, acordada por unanimidad por la Comisión de Destinos en el Exterior -dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad- en su reunión del 15 de junio de 2015. Fuentes Gago fue promovido a ese cargo tras haber ejercido como jefe de gabinete de Eugenio Pino.

Este inspector jefe fue quien hizo ver a Daniel de Alfonso, ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña, la conveniencia de que se desplazara a Madrid para intercambiar información con Fernández Díaz, objeto de las grabaciones filtradas en la recta final de la campaña de las elecciones generales del 26-J. Esas conversaciones han sido uno de los ejes de la comisión de investigación constituida el pasado mes de septiembre y que no inició sus trabajos hasta principios de marzo debido a la grave enfermedad que se le detectó en la recta final de la pasada legislatura a Fernández Díaz, que requirió intervención quirúrgica y una larga convalecencia.

Según la documentación enviada por la Dirección Adjunta Operativa a la comisión de investigación, la Policía corrió con los gastos de 19 viajes realizados por Fuentes Gago a Barcelona entre el 24 de julio de 2014 y el 6 de abril de 2016.

Ciudadanos ve "claro" que hubo un uso partidista de medios en Interior y señala a Fernández Díaz y al ex director de la Policía

Las fuentes no tienen dudas de que la designación de Fuentes Gago como agregado en el extranjero -retribuido con un sueldo superior a los 10.000 euros al mes- fue el "pago" por los servicios prestados en la Dirección Adjunta Operativa a las órdenes de Pino e interpretan la negativa a enviar el expediente por el hecho de que "tendrá seguramente las mismas irregularidades administrativas" que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) detectó en el nombramiento del inspector jefe Francisco Gabriel Maroto Almarcha, ex jefe de escolta de José María Aznar, como agregado de Interior en la Embajada de España en Panamá. "Cuando no mandan lo que se les ha solicitado reiteradamente es porque hay algo que ocultar, tanto el Ministerio del Interior actual como el anterior", censuraron.

Eugenio Pino, jubilado el 23 de junio de 2015 al cumplir los 65 años, y Fuentes Gago han sido los últimos comparecientes que han declarado ante la comisión de investigación, por la que ya pasó el propio Fernández Díaz. Éste se presentó como "víctima" del escándalo de las grabaciones de sus encuentros con Daniel de Alfonso y defendió que la "única y auténtica conspiración" al difundirse el contenido de aquellas conversaciones fue tratar de perjudicarle a él como político y al partido al que él representaba -el PP- como cabeza de lista por Barcelona en los comicios del 26 de junio de 2016.

También han declarado el ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña y el anterior director general de la Policía, el hoy senador Ignacio Cosidó. Éste negó la existencia de tramas en el cuerpo y negó la utilización partidista de la Policía para investigar a políticos a favor de la independencia de Cataluña.

"Hostigar a rivales políticos"

"Es evidente a estas alturas que se autorizaron operaciones policiales de dudosa legalidad para buscar pruebas con las que hostigar a rivales políticos, no sólo de Cataluña, y se dieron órdenes para que no se indagara sobre el ático de Ignacio González", resume un diputado del PSOE.

Para Miguel Gutiérrez, diputado de Ciudadanos, también "ha quedado absolutamente claro" que el Ministerio del Interior hizo un "uso partidista" de sus medios y que hay responsabilidades políticas. Para Gutiérrez, los máximos responsables son Fernández Díaz e Ignacio Cosidó.

Concluida la ronda de comparecencias, los grupos parlamentarios tienen ahora hasta el próximo 31 de julio para presentar sus informes de conclusiones y tratar de pactar un documento de mínimos que se someta a votación en el seno de la comisión de investigación.