El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado a Germà Gordó para declarar como investigado por el Caso 3% de presunta financiación irregular de Convergencia Democrática. El ex gerente de CDC y ex consejero de Justicia de Artur Mas declarará ante el instructor de la Sala Civil y Penal del TSJC el próximo 24 de julio. El Superior de Justicia de Cataluña acordó a principios de junio abrir diligencias contra quien fuera mano derecha de Mas por los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación.
Ese mismo día, el instructor ha citado a declarar como testigo a Andreu Viloca, ex tesorero de la formación. Viloca está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción de El Vendrell por el Caso 3% y está pendiente de sentencia por su participación en el desfalco del Palau de la Música, también como responsable de las cuentas de CDC en los últimos años de Jordi Pujol al frente del partido, en los que Artur Mas ya ejercía como delfín del fundador.
Gordó deberá responder por las acusaciones de empresarios implicados en la trama del 3% que le señalan como el responsable de intermediar entre los contratistas que aspiraban a contratos públicos de la Generalitat a cambio de comisiones al partido fundado por Jordi Pujol. Tras esas explicaciones, la Fiscalía Anticorrupción lo señaló como como el “conseguidor” o “recaudador” de CDC, aunque el juez instructor de El Vendrell ha tenido que pedir hasta tres veces la imputación de Gordó -diputado autonómico y por tanto aforado- ante el TSJC, antes de que el alto tribunal aceptara abrir una causa contra el dirigente nacionalista mejor relacionado con la justicia.
Los fiscales Fernando Bermejo y José Grinda no veían “explicación legal y coherente que justifique la cantidad de gestiones, comidas, interlocuciones y reuniones” que Gordó mantuvo con empresarios, algunas de ellas en la sede de CDC e incluso en el Palau de la Generalitat. “Germà Gordó ha ido más allá del tráfico de influencias y ha actuado decisivamente para la adjudicación de contratos con la Administración pública”, concluía la Fiscalía en ese informe, que señalaba al ahora diputado como actor principal en las contrataciones.
El Caso 3% se refiere a la presunta trama de financiación irregular de CDC a través del cobro de comisiones por la concesión de obra pública de la Generalitat, descubierta a partir de una denuncia de una ex regidora de ERC en el Vendrell (Tarragona).
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