De todos los escenarios que manejaba el Gobierno se está cumpliendo la peor de las previsiones, esto es, el control del proceso soberanista por parte del sector más duro. Un sector al que no le importa llegar a fracturar el frente del independentismo mediante la purga de los “tibios”, lo que ha provocado dimisiones en cascada en uno de los ámbitos más sensibles, el de la seguridad ciudadana y la policía autonómica.

Las principales organizaciones representativas de los Mossos d´Esquadra, que se han venido reuniendo con el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, han recibido la instrucción de que “se pongan a las órdenes de los jueces ordinarios” en la Comunidad, en su calidad de policía judicial, y no de su nuevo director general, Pere Soler, un convencido, y verborreico, independentista que ha dejado “perlas” en la redes sociales sobre sus principios.

"Que no se rompa la jerarquía "

En el Ejecutivo se aferran a la idea de que no le corresponde al director general de los Mossos “dar órdenes directas” a los más de 17.000 agentes de la policía autonómica “sino que están a las órdenes de los jueces” y deben velar porque “no se rompa esa jerarquía”. Explican que incluso el derecho internacional rechaza que un funcionario “pueda tener más poder que un juez” en un sistema democrático, donde todos están sometidos al imperio de la Ley, principalmente el poder ejecutivo.

Moncloa dejará en manos de la justicia la respuesta a la organización del 1-O

La especificidad que se produce con los Mossos “es que no sólo deben cumplir la Ley sino que están también para hacerla cumplir y confiamos muchísimo en ellos”, aunque, lo cierto, es que su posición es de una gran complejidad. Sin agentes de policía no hay control de los colegios electorales ni custodia de las urnas, en caso de una hipotética consulta independentista, ni tampoco culminaría el proceso que llevaría a la constitución de un estado independiente bajo el cual queda la supervisión policial de puertos, aeropuertos, fronteras, torres de comunicación, edificios oficiales y todo tipo de sectores y lugares estratégicos.

Moncloa sigue empeñada en su estrategia de dejar en manos de la justicia la respuesta a la organización del referéndum convocado para el 1 de octubre. Tribunal Constitucional, Abogacía del Estado, Fiscalía y el funcionamiento “de la justicia ordinaria, con las audiencias provinciales y el TSJ de Cataluña” constituyen la artillería con la que dar respuesta al empeño de convocar una consulta ilegal. “La jurisprudencia del TC ya existe en base a lo que ocurrió el 9 de noviembre de 2014”, afirman fuentes gubernamentales que añaden que “la justicia tiene todos los instrumentos para actuar”.

Advertencia de Maza

Ayer mismo, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, aseguró en una entrevista con Efe que la Fiscalía perseguirá penalmente la compra de las urnas tanto si se hace de manera explícita como encubierta. Es más, considera que si se "hace encubiertamente, casi se está dando por sentado que aquello es algo inconfesable, que no se puede hacer público".

Serán los jueces ordinarios los que inmovilicen las urnas o impidan la apertura de los colegios

De hecho, serán los jueces ordinarios, sin descartar nunca que la Fiscalía pueda actuar de oficio los que intervengan para impedir, llegado el caso, la apertura de los colegios o los que inmovilicen o incauten unas urnas que no se sabe aún dónde se han adquirido y por qué vía pretende la Generalitat hacerlas llegar a esos supuestos colegios. El Gobierno maneja la hipótesis de que los responsables del referéndum hayan ido de “compras” fuera de España-

Todo ello se produce a poco más de una semana de la celebración en el Palau de la Generalitat de una reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña, a la que asistieron el mismísimo presidente autonómico, Carles Puigdemont; el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el que era entonces su homólogo en la Generalitat, Jordi Jané, hoy depurado. Paradójicamente en esa cita del pasado día 10 se acordó integrar a los Mossos en la mesa de valoración de las alertas antiterroristas para toda España, así como en los órganos de coordinación.

Era una vieja aspiración de la Generalitat: sentar a los suyos junto al resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Eso no impedía que los Mossos trabajaran codo con codo con policía y guardia civil, así como con el CNI, en la persecución del terrorismo yihadista, con bastante presencia de miembros en Cataluña.

Moncloa se había asegurado la lealtad de los Mossos

Moncloa se había asegurado la lealtad de los Mossos d’Esquadra, que “en un porcentaje altísimo están por la legalidad”, aunque desconfiaba de algunos de sus superiores, no de Albert Batlle, cuyo abandono tras el cese de Jané, demuestra el nivel de presión interna al que están sometidos. El portavoz del mayoritario sindicato de la policía autonómica SAP-Fepol, Valentín Anadón, ha dejado claro que “el cuerpo de los Mossos ha sido siempre un elemento de cohesión social y ese es un papel irrenunciable.

La policía de la Generalitat –recuerda- es la de todos los catalanes y todos en mayúscula”, lo que se traduce en el “respeto a la legalidad vigente y a la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos”. La policía tiene poco margen de maniobra: cumplir y hacer cumplir las leyes”.

El conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, ha asegurado este miércoles que los Mossos d'Esquadra garantizarán que los ciudadanos puedan votar en el referéndum sobre la independencia del 1 de octubre "en unas condiciones de tranquilidad y seguridad". En unas declaraciones a la prensa en las que ha estado acompañado del nuevo director general de los Mossos, Pere Soler; el mayor de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, y el secretario general de Interior, Cèsar Puig; ha asegurado que este cuerpo, al igual que el resto de policías, "se rige por la ley".