Los grupos de la subcomisión del Congreso para alcanzar un pacto de Estado contra la violencia de género han logrado hoy un acuerdo sobre doscientas medidas con una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros en cinco años para luchar contra este problema social, a falta de cerrar el documento final.

Fuentes parlamentarias consultadas por Efe han precisado que el próximo fin de semana se terminarán de redactar la parte introductoria del texto, el resumen de las comparecencias de expertos que han acudido a la subcomisión y la reglamentación. La subcomisión se reunirá el próximo lunes 24 de julio para la lectura y aprobación del documento, tras revisar la redacción del concepto de violencia de género, el artículo uno de la ley integral, que es la "llave" del acuerdo.

Los partidos han sacado el acuerdo a partir de un documento base redactado por el PP

El viernes 28 de julio el texto se someterá a la aprobación de la Comisión de Igualdad, donde los grupos parlamentarios podrán presentar sus votos particulares con aquellas cuestiones que han quedado fuera del acuerdo como la gestación subrogada. Los grupos de la oposición han calificado de "aceptable" la dotación presupuestaria del pacto, que supone "una mejora sustancial" con respecto a los 6 millones de la propuesta inicial del PP, aunque han reclamado un compromiso económico a más largo plazo.

Los partidos han conseguido sacar adelante el acuerdo a partir de un documento base redactado por el PP, encargado de esta labor por tratarse del grupo mayoritario en la Cámara baja. Las propuestas han sido revisadas una a una, modificadas y reordenadas. Entre las medidas acordadas, destaca la reestructuración del sistema de atención social a las mujeres que no han interpuesto denuncia por violencia de género.

Esto supondrá la modificación de la ley de régimen local para que los ayuntamientos recuperen las competencias en promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y en materia de violencia de género, así como el cambio de los criterios de acreditación de la condición de víctima para poder acceder a una asistencia social integral.

La acreditación como víctima de maltrato se podrá hacer a través de sentencias que declaren que la mujer ha sufrido cualquiera de las formas de violencia definidas en la ley, orden de protección vigente o resolución judicial que hubiera acordado este tipo de medida, informe del fiscal, atestado policial, informe médico o psicológico o informe de servicios públicos con capacidad de identificar estas situaciones.

Para activar el sistema de acompañamiento de la mujer y evitar su desprotección, los grupos han planteado la creación de unidades de apoyo en el ámbito local, regidas por los principios de atención permanente, actuación urgente y especialización en las prestaciones, que estarían a cargo de un equipo multidisciplinar de profesionales. ERC, PNV, PDeCAT y Compromís han logrado que se incluyera en el texto una referencia a las competencias de las comunidades autónomas en materia de violencia de género.

En declaraciones a Efe, la diputada del grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-en Marea Ángela Rodríguez ha señalado que "todavía no hay un acuerdo definitivo, sino que quedan algunos flecos, que hay que solucionar, como la definición de violencia machista". Rodríguez ha indicado que la subcomisión se ha suspendido hasta el lunes próximo cuando todos los grupos políticos se sentarán a revisar aspectos "sustanciales" del documento. "Hay muchas cuestiones en las que estamos de acuerdo, pero el pacto no está terminado", ha subrayado.

Los grupos han acordado la creación de una comisión no legislativa en el Congreso para el seguimiento del pacto de Estado, que entre otras competencias podrá hacer un seguimiento presupuestario y fiscalizar la puesta en marcha de las medidas.