Luis Giménez, ex secretario general-director económico de la Federación Española de Baloncesto (FEB) e imputado en el caso junto al ex presidente José Luis Sáez, ha presentado una querella por prevaricación y revelación de secretos contra el juez que los investiga, al facilitar copia de las actuaciones al denunciante originario del caso aunque no personado en el procedimiento. El ex directivo da este paso tras fracasar el incidente de recusación con el que Sáez -apoyado por él- intentó apartar al instructor que les investiga por la posible comisión de siete delitos.
Según ha podido confirmar El Independiente en fuentes jurídicas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó el pasado 5 de julio una diligencia de ordenación por la que nombra ponente al magistrado Francisco Javier Vieira Morante, presidente de la Sala de lo Penal y Civil del alto tribunal madrileño, y da cinco días de plazo a la Fiscalía para que informe sobre la competencia y la posible naturaleza penal de los hechos.
La querella de Luis Giménez contra el titular del Juzgado de Instrucción 36 de Madrid, Juan Antonio Toro, pivota sobre la decisión del juez de entregarle una copia de las actuaciones a José Luis Escañuela, ex presidente de la Federación Española de Tenis. Toro abrió las diligencias previas el pasado 27 de septiembre a raíz de la querella interpuesta por Escañuela contra el entonces presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal, con la que adjuntó la denuncia que el Comité de Auditoría y Control de la FEB presentó a finales de 2015 ante el CSD por posible uso indebido de fondos de José Luis Sáez. El ex mandamás del Tenis pretendía así acreditar el doble rasero que Cardenal habría seguido con el anterior presidente del Baloncesto -supuestamente más benévolo- y con él, al que llevó ante la Fiscalía Anticorrupción. La querella fue finalmente archivada.
Luis Giménez cree que el juez prevaricó por darle una copia de las actuaciones a alguien no personado en la causa
Éste fue uno de los motivos aducidos por Sáez en el incidente de recusación planteado contra Toro, que la Sección Séptima de la Audiencia de Madrid inadmitió el pasado 30 de junio por presentarse de forma extemporánea. En el auto por el que desestimó el pasado 12 de junio la recusación planteada al no apreciar la concurrencia de ninguna de las causas de abstención previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el titular del Juzgado de Instrucción 36 de Madrid ya defendió que la entrega de una copia de las actuaciones "no produce atentado alguno a la defensa de los intereses del recusante" por cuanto se solicitó antes de ser firme el auto de archivo de la querella contra Cardenal. "Se trata de una persona [José Luis Escañuela] que sin ser parte en este procedimiento denuncia hechos y compara su conducta con la de otra persona, lo que da lugar al inicio de otro procedimiento diferente, sin que exista amistad ni enemistad con ninguna de las partes en este proceso", razonó Toro.
La consecuencia de la querella de Luis Giménez es que vuelve a recusar al instructor, esta vez invocando la causa de abstención cuarta que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 219: "Estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal y éste no hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento". El juez no se ha pronunciado aún sobre si estima la nueva recusación, ni tampoco el TSJM sobre la eventual admisión a trámite de la querella.
Entre la documentación que el Comité de Auditoría de la FEB adjuntó a la denuncia presentada en noviembre de 2015 ante el CSD se incluyen correos electrónicos en los que Luis Giménez reconoce que había una ‘doble contabilidad’ para camuflar las comidas del hijo de José Luis Sáez a costa de la FEB. Estos emails figuran en las actuaciones que instruye el juez Juan Antonio Toro.
Nueva recusación
En la práctica, el intento de Sáez y Giménez de apartar al instructor ha supuesto la paralización de la instrucción desde hace casi dos meses. Cuando tuvo conocimiento del incidente, el magistrado suspendió las declaraciones que había señalado para el 31 de mayo, entre ellas las del vicepresidente ejecutivo de la FEB, José Antonio Montero, y la del consejero delegado de Aegis Media Iberia SLU, José Luis de Rojas (ambas en calidad de testigo). De Rojas fue la persona que firmó con Sáez el 3 de enero de 2011 el contrato de colaboración comercial para captar patrocinadores con motivo del Mundial que organizó España en 2014.
La causa está también a la espera de una pericial que puede tener una enorme trascendencia en el devenir de la investigación: el informe que la inspectora de Hacienda nombrada en tareas de auxilio judicial debe entregar al magistrado Juan Antonio Toro con el análisis del destino de 18.642.747 euros, mayoritariamente vinculados al citado campeonato. Desglosada esta cantidad, un millón de euros corresponde a la aportación inicial a la Joint Marketing Board (JMB) constituida a partes iguales con la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), dos millones como fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la organización de la referida cita deportiva (en ambos casos desembolsado en 2009), 14.524.597 euros transferidos como ‘donaciones’ a la JMB entre 2013 y 2014 y 1,2 millones de dólares (1.118.150 euros al cambio actual) que se habrían pagado a otras federaciones como canon por desplazarse a España para enfrentarse a la selección nacional.
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