Tras la declaración de Mariano Rajoy de la mañana en la Audiencia Nacional, el Gobierno quiere entrar a velocidad de crucero en la normalidad institucional. Por eso este miércoles a la una de la tarde, la vicepresidenta celebrará un acto público para presentar el informe que un grupo de 16 expertos designados por las Comunidades y 5 por Hacienda ha elaborado con propuestas para el nuevo modelo de financiación autonómica. No faltan en el mismo discrepancias, ni votos particulares ni sospechas sobre intentos de trato de favor con quitas de deuda o incremento de impuestos, para una negociación que nunca es fácil, pero mañana por la tarde es el mejor hueco que ha encontrado Moncloa para contrarrestar la foto de la declaración de Rajoy con la que intentar dar imagen de "normalidad" cuanto antes.

El acto público estará capitaneado por Soraya Sáenz de Santamaría y, en el mismo, los expertos harán entrega al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de sus más de 150 folios de conclusiones. Será a partir de ese momento cuando comience a diseñarse la negociación con las distintas fuerzas políticas, principalmente el PSOE, y con los gobiernos regionales de un nuevo modelo que sustituya al de 2009, en época de José Luis Rodríguez Zapatero.

A esta convocatoria se unirán, ya el jueves, los datos de la EPA -sin descartar que este miércoles se "filtren" sus resultados, que se prevén muy buenos- y a la una de la tarde las Medallas de Oro al Mérito en el Trabajo, que entrega Rajoy. El presidente del Gobierno sustituirá la foto de la Audiencia Nacional ante el tribunal que juzga el caso Gürtel por otras con la periodista María Teresa Campos o el baloncestista Pau Gasol.

Hacienda es muy pesimista sobre la posibilidad de alcanzar un pacto esta legislatura para modificar el actual modelo

Será, en todo caso, a partir de agosto, cuando arranquen las negociaciones para pactar un nuevo modelo de financiación. Hacienda no es demasiado optimista. Aunque no hay comunidad autónoma que defienda el actual sistema -ni siquiera la catalana y eso que fue el tripartito del socialista José Montilla, con ERC e ICV, el que lo pactó con el Gobierno central-  un acuerdo que incluya a los socialistas se antoja poco menos que imposible.

Pero no sólo. Las Comunidades se miran unas a otras y las conclusiones de los expertos están llenas de votos particulares. Hasta uno de ellos, el asturiano, abandonó el grupo de trabajo disconforme con la renovación del cupo vasco. Las regiones con menor presión fiscal creen que tras la propuesta de dar a las autonomías capacidad fiscal sobre el IVA o racionalizar la multiplicidad de deducciones lo que hay es un fuerte incremento de impuestos. Sucesiones y Donaciones, que bonifican casi al 100 por cien territorios como Madrid o Canarias, podrían verse incrementados en estas Comunidades a cambio de un cierto descenso en Cataluña o Andalucía.

También se habla de eliminar mínimos exentos personales o familiares que generan resistencia. La posibilidad de una quita sobre las autonomías más endeudadas, como Cataluña, a gran distancia, o Valencia, provoca sarpullidos a las cumplidoras, a las que como Galicia, no han tenido necesidad ni de acudir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). En todo caso, Cataluña se autoexcluyó de este grupo de trabajo aunque las decisiones que se tomen sobre el nuevo modelo, en el caso remoto de un acuerdo, también le atañen.

En fin, que bien por cuestiones políticas que desaconsejen al PSOE un pacto de esta envergadura con el Gobierno, o territoriales, no parece que en esta legislatura se cumpla el compromiso de ir a un nuevo modelo que, si bien no satisfaga a todos, al menos no sea mayoritariamente rechazado.