Es el primer fruto tangible, y no uno cualquiera. Tras la reunión que el miércoles por la tarde mantuvieron el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y el lehendakari Iñigo Urkullu en el Palacio de La Moncloa, el Ejecutivo central ha accedido a sentarse en la mesa y abordar una de las demandas históricas y más reiteradamente reclamadas por el Gobierno vasco y el PNV: el cumplimiento de las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika. El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka ha informado hoy de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría le llamó ayer para iniciar un proceso de contactos que derive en una ronda de trabajo para explorar la cesión de competencias que exige el Gobierno de Euskadi y entre las que figura como “prioritarias” la cesión de las prisiones y del régimen económico de la Seguridad Social.
Erkoreka ha señalado que la conversación mantenida con Sáez de Santamaría fue a iniciativa de la vicepresidenta del Gobierno y en ella le instó a mantener nuevos contactos en el mes de agosto de cara a preparar una ronda de encuentros más detallados a partir de septiembre.
Sáez de Santamaría llamó ayer a Erkoreka para iniciar una ronda de contactos para explorar a partir de septiembre el cumplimiento del Estatuto de Gernika
De este modo el ejecutivo del PP accede a explorar una de las cuestiones que históricamente siempre ha reclamado, sin éxito, el PNV y sus sucesivos gobiernos en Ajuria Enea; el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. Por el momento no existe concreción en el alcance de cumplimiento al que estaría dispuesto el Gobierno de Rajoy, si bien desde Lehendakaritza se reconoce que existe “buena disposición”. Recuerdan además que también se les reclama el cumplimiento de compromisos que en su día alcanzó el gobierno de Zapatero en 2011 con el PNV, relativos a la cesión de competencias en materia de infraestructuras ferroviarias y viarias fundamentalmente, y que quedaron sin cumplir por el adelanto electoral decidido poco después que el PSOE.
Sin ruptura de 'la caja'
El Gobierno reitera que su principal reclamación pasa por el cumplimiento de la cesión de dos materias, la gestión de las cárceles del País vasco, así como del régimen económico de la Seguridad Social. Una cuestión, esta última, en la que tanto el PNV como su socio de Gobierno, el PSE, recuerdan que en ningún caso supondría la ruptura del carácter único de ‘la caja’.
Las dos materias figuran como prioritarias en el programa de Gobierno que rubricaron PNV y PSE y que el miércoles Urkullu entregó a Rajoy durante su encuentro. En el citado programa –que también remitió al líder del PSOE, Pedro Sánchez, un día después de verse con Rajoy- también se incluye un listado de casi una treintena de materias que quedarían pendientes de transferir a Euskadi para dar por cumplido el Estatuto de Gernika que data de 1979.
El Gobierno vasco reclama la cesión de una treintena de competencias, con prisiones y el régimen económico de la Seguridad Social como prioritarias
Ante las posibles críticas que la cesión de algunas de las citadas competencias puedan generar, el portavoz del Gobierno vasco ha señalado que equivaldría a asegurar que el Estatuto vasco es “inviable, o incumplible”. Ha recordado a los “estatutistas” que si lo creen así afirmar con claridad que una ley orgánica como la del Estatuto no puede cumplirse. Erkoreka ha aclarado sin embargo no tener “constancia” de que nadie desde el Gobierno de Rajoy haya afirmado que “no se puede cumplir”.
Tanto el Gobierno vasco como el PNV llevan semanas advirtiendo que de cara al próximo curso político el cumplimiento del Estatuto de Gernika será su prioridad. Tras los acuerdos que han permitido importantes avances en materia económica, como la liquidación del Cupo y la renovación de la Ley quinquenal y la actualización del Concierto vasco –así como acuerdos en infraestructuras, seguridad y empleo-, logra mejoras en materia de autogobierno se ha convertido en el siguiente hito que abordará el nacionalismo vasco.
Erkoreka ha reiterado que en el programa de gobierno entregado a Rajoy figura un listado de materias pendientes. Una enumeración de competencias que ahora trabaja para “actualizar” el Gobierno y que será con el que se celebren los encuentros que a partir de septiembre se mantendrán con el Ejecutivo del PP. La actualización de las materias pendientes de transferir se acomete por encargo de la ponencia de autogobierno del parlamento vasco, que retomará los trabajos en septiembre y de la que debe salir una propuesta de texto articulado que de un nuevo encaje a Euskadi en el Estado.
Nuevo estatus jurídico
El llamado ‘nuevo estatus político y jurídico vasco’ será debatido en la citada ponencia parlamentaria y se prevé que para finales de 2018 pueda cerrarse un documento que sería la base para su aprobación en el Parlamento Vasco y su posterior remisión a la Cámara Baja. Tanto el lehendakari Urkullu como el PNV han defendido la necesidad de actualizar el encaje de Euskadi en el Estado para fijar una relación “de igual a igual” y que impida el sometimiento del País Vasco al Estado en una fórmula de “subordinación” como la que interpretan que existe ahora y que refleja el incumplimiento del Estatuto cuarenta años después de su aprobación. Por ello, el nacionalismo institucional apela a la necesidad de buscar fórmulas como el Concierto económico vasco que blinda el cumplimiento de los compromisos y equipara la situación y relación de ambas partes.
Para finales de 2018 el Parlamento Vasco tendrá ultimada una propuesta para un nuevo 'encaje' de 'igual a igual' de Euskadi en el Estado
El portavoz del Ejecutivo vasco también se ha referido a la reunión entre el lehendakari y Rajoy en la que ha asegurado que no se bajó a ningún nivel de concreción, no en materias relevantes como la política de presos o los planes de paz y convivencia en el País Vasco. La cita se limitó a un repaso somero por los principales contenidos del programa de Gobierno que Urkullu le desbrozó a Rajoy y en cuyo contenido el Ejecutivo central juega un papel determinante, en especial en lo relativo a las reclamaciones de carácter de autogobierno.
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