El fairplay político resultante del luto por los atentados yihadistas que el pasado jueves sacudieron Barcelona y Cambrils ha durado menos de una semana. La contención se mantuvo durante los tres primeros días de la crisis, cuando todos los esfuerzos se centraron en identificar y detener a los responsables. Pero la caída de Younes Abouyaakoub pocas horas después de haber sido identificado como el autor material del atropello masivo en Las Ramblas dio el pistoletazo de salida al giro en la política de comunicación del Govern con dos objetivos: atribuir al Ministerio del Interior los fallos de prevención y reivindicar la actuación de los Mossos para exigir su inclusión directa en Europol.

El domingo, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, destacaba en La Sexta la excelente colaboración institucional y policial tras los atentados, y sólo lamentaba que "se ha querido mezclar los atentados con el procés" en referencia a dos editoriales de El País y El Mundo. La paz política exhibida por Puigdemont y Mariano Rajoy tras los atentados de La Rambla y Cambrils se mantenía, pero tenía las horas contadas.

El lunes, Oriol Junqueras recordaba ya en TV3 que "durante mucho tiempo hemos reclamado la reunión de la Junta de Seguridad y que los Mossos tuvieran acceso a toda la información". El martes, el portavoz del Govern, Jordi Turull, hablaba de récords de intoxicación por las informaciones que cuestionaban la actuación de los Mossos tras la explosión de Alcanar.

Ese mismo día, durante la comparecencia informativa sobre la investigación de los atentados, el conseller de Justicia, Carles Mundó, insistió hasta tres veces en que el iman Abdelbaki Es Satty "no cumplió condena en cárceles catalanes". Después, dejó claro que la Generalitat no se sentía en absoluto responsable de no haber detectado al radicalizador de la célula porque no había cumplido condena en sus cárceles.

Y tras la reunión del Pacto Antiterrorista, los portavoces del PDCat, Carles Campuzano, y ERC, Joan Tardà, fijaban ya el objetivo de la polémica de forma clara: la participación de los Mossos d'Esquadra en la Europol.

Tras la respuesta de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el sentido de que el propio reglamento de Europol establece la participación de un cuerpo policial por Estado, la ACN -la agencia de noticias pública de la Generalitat- corregía al Gobierno y afirma que la Europol no impide la "participación directa" de los Mossos, aunque reconoce que su reglamento fija la participación de un único cuerpo policial de forma estable por cada estado miembro.

Y la secretaria general del PDCat, Marta Pascal, insistía en el nuevo mantra del nacionalismo: "Dejémonos ya de actitudes tibias. No se puede tardar ni un segundo más en incorporar a los Mossos a Europol".

 

Rentabilizar el papel de los Mossos

En este contexto, el papel de los Mossos se ha convertido en la bandera con la que el Govern ha querido demostrar que está preparado para la independencia, de ahí la profusión de felicitaciones que no han llegado al resto de los cuerpos policiales. El mejor ejemplo ha sido la concesión de la Medalla de Oro del Parlament a la Policía autonómica, los servicios de emergencias y las policías locales de Barcelona y Cambrils. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son relegados al último párrafo de la nota del Parlament, pese a las quejas de C's y PSC en la reunión de la Mesa.

Un protagonismo de la Policía autonómica que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha esforzado por capitalizar. El martes, por ejemplo, cuando una cincuentena de medios se había reunido en la sede de Interior para obtener la confirmación de que Younes Abouyaakoub había sido abatido, una "llamada de Palau" obligó a trasladar la comparecencia de los responsables policiales para que fuera Puigdemont quien anunciara que el último terrorista había caído.

La polémica de la manifestación

Mención a parte merece la polémica generada por la participación de el Rey y el presidente del Gobierno en la manifestación unitaria convocada por Generalitat y Ayuntamiento para el sábado. La CUP abrió el fuego acusando a Felipe VI de connivencia con los terroristas por su amistad con las monarquías del Golfo y anunció que no acudiría a la marcha si la encabezaba el Jefe del Estado. Un discurso al que después se sumaría Podem con un tuit de su líder, Albano Dante.

Y entidades como el Centro Internacional para las Minorias Etnicas (CIEMEN) que dirige el ex alto cargo de ERC David Minoves, se apuntan a las tesis de los antisistema. El resultado es que Govern y Ayuntamiento abogan por que sean los Mossos d'Esquadra y representantes de los servicios de emergencias los que encabecen la marcha, lo que satisface las exigencias de los socios del gobierno catalán, que finalmente sí asistirán a la convocatoria. El resultado: no se volverá a repetir la imagen de el Rey y Rajoy junto a Puigdemont protagonizando el duelo por los atentados.

Aunque la polémica no la Casa Real no acabó ahí. Tras el debate abierto por la CUP llegó la queja de la consellera de Trabajo, Dolors Bassa, quien reclamó a la Casa Real que deje de utilizar las imágenes del encuentro de los Reyes con algunos heridos tras los atentados. Unas imágenes para las que se había solicitado la autorización previa de los afectados y, en el caso de menores, sus familiares, como ha sucedido en otras situaciones semejantes. Pero Bassa insiste -vía medios de comunicación, por supuesto- en que "la difusión de imágenes de niños que han vivido experiencias traumáticas está expresamente prohibida por la legislación de protección a la infancia y la adolescencia".

Un politólogo independentista cree que "el Estado esperaba los atentados para hacer fracasar a los Mossos"

Paralelamente, el discurso sobre la responsabilidad del Gobierno en la falta de información llega al paroxismo este miércoles, cuando el digital de línea independentista El mon titulaba: "Un politólogo ve plausible que el Estado esperara los atentados para hacer fracasar a los Mossos". El politólogo es Ferran Requejo, catedrático de la Pompeu Fabra y único politólogo del Institut d'Estudis Catalans que explicaba así su decepción con el federalismo: "He dejado de ser idiota, ahora soy independentista".