El Tribunal Constitucional quiere evitar aparecer como el brazo ejecutor del Gobierno a la hora de frenar la convocatoria del referéndum de independencia que la Generalitat convocará para el 1 de octubre. Por ello, sus miembros se han conjurado para tomar cualquier decisión en este terreno por unanimidad y han pedido al Gobierno que sea el ejecutivo el que explicite las medidas sancionadoras que se deriven de esas decisiones. En otras palabras, el Alto Tribunal no quiere hacer uso de las competencias sancionadoras con las que le dota la reforma impulsada en la pasada legislatura por el PP.

El Constitucional se prepara para convertirse en escenario de la batalla jurídica entre el Gobierno y la Generalitat consciente de que cualquier decisión será analizada con lupa y, muy probablemente, recurrida. De ahí la necesidad de adoptar decisiones por unanimidad. Y uno de los aspectos más controvertidos de este proceso es la posibilidad de que sea el propio tribunal el que sancione a los cargos públicos que no cumplan sus dictámenes, una posibilidad que ha sido discutida por algunos de sus miembros.

Por ello, ha solicitado que sea la Abogacía del Estado la que explicite las posibles sanciones -desde la inhabilitación para cargo público a las multas- y a qué cargos públicos deben aplicarse en caso de que la Generalitat desoiga sus dictámenes y siga adelante con la convocatoria, organización y celebración de un referéndum de independencia. Los magistrados del TC quieren limitar su papel en esta batalla a garantizar el cumplimiento de la ley, y que sea el Gobierno el responsable del señalamiento de culpables.

Suspensión de las leyes de ruptura

Antes de llegar a ese punto, sin embargo, el TC tendrá que actuar de oficio en las próximas horas si, como está previsto, el pleno del Parlament aprueba la Ley del Referéndum. En el momento en que la Mesa del Parlament, por decisión de su presidenta, admita a trámite la proposición de ley de JxS y la CUP, el Constitucional puede instar un incidente de ejecución en base a los dictámenes anteriores, que anulaban la hoja de ruta de la independencia. Esta vía permite adoptar medidas cautelares inaudita parte, y evitar por tanto que la ley llegue a ser promulgada, según fuentes jurídicas del Parlament.

En caso contrario, el Gobierno puede presentar recurso sobre la constitucionalidad de la ley, una vez que haya sido aprobada por el Pleno, lo que supone la suspensión automática del texto. Pero este proceso obliga a contar con el dictamen previo del Consejo de Estado y requiere un acuerdo de Consejo de Ministros -que el Gobierno ya ha previsto, puesto que todos los miembros del Ejecutivo han sido advertidos de que pueden ser convocados en cualquier momento-.

El Gobierno del PP reformó el TC en 2015, aprovechando su mayoría absoluta en la pasada final de la legislatura, atribuyendo al Alto Tribunal potestad sancionadora para obligar a cumplir sus dictámenes. La reforma se explicó como una respuesta al 9N, cuando el Gobierno de Artur Mas mantuvo la convocatoria de la consulta sobre le futuro de Cataluña pese a las advertencias del Constitucional, y permite al TC suspender de sus funciones a cualquier cargo público sin tiempo tasado, sin recurso y sin intervención parlamentaria.