Entre Harvey e Irma esta semana el huracán político DACA (Acción diferida para llegados en la infancia) golpeó con furia Estados Unidos al anunciar la Casa Blanca el fin del programa que protege a cientos de miles de jóvenes indocumentados conocidos como Dreamers o Soñadores.

DACA ampara a los muchachos en esa situación migratoria frente a la deportación y además les permite acceder a un permiso de trabajo. Su situación es temporal ya que se renueva cada dos años previo pago de 495 dólares y un nuevo examen de antecedentes penales.

No todos los jóvenes indocumentados pueden beneficiarse de DACA, ya que el programa impone una serie de requisitos draconianos para que se reconozca esa condición. Entre ellos destacan haber llegado a Estados Unidos con 16 años o menos, haber vivido continuamente en el país desde antes del 15 de junio de 2007, haber acabado el instituto o estar estudiando, tener un mínimo de 15 y un máximo de 30 años en el momento de solicitar la protección por primera vez y un informe de antecedentes penales limpio.

Desde que por decreto del presidente Barack Obama en 2012 se puso en marcha DACA más de 800.000 jóvenes se han acogido al programa, en su gran mayoría mexicanos (78,5%) aunque también destacan los números de Dreamers procedentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Perú.

DACA ampara a los muchachos en esa situación migratoria frente a la deportación y les permite acceder a un permiso de trabajo

DACA les ha cambiado la vida. Pasaron de vivir en la sombra y el miedo a ser casi plenos miembros de la sociedad americana. El permiso de trabajo abre las puertas al importantísimo Número del Seguro Social y con esos documentos ya pueden sacar el permiso de conducir y utilizarlo, como se hace habitualmente en Estados Unidos, como identificación.

Y de ahí han venido mejores trabajos y acceso en masa a estudios universitarios al permitírseles en muchos estados pagar la matrícula reducida de la universidad pública como si fueran residentes legales. Además, muchos compensaron la prohibición de acceder a fondos federales de todo tipo, incluidos becas y préstamos para estudiantes, acudiendo a fondos privados creados para ellos por particulares, empresas y universidades de élite.

DACA también trajo el fin del miedo a verse un día deportado a un país del que apenas tienen recuerdo, ya que la edad media de llegada a los Estados Unidos para este grupo de Dreamers es de seis años.

Pero por otro lado DACA, que entró en vigor hace cinco años, siempre ha estado muy contestado por una parte minoritaria pero muy vocal de la ciudadanía americana que considera que es premiar a quien no ha seguido el camino legal para estar en Estados Unidos.

La crítica se convirtió en peligro cuando los fiscales generales de 10 estados republicanos amenazaron públicamente con demandar al gobierno federal si no comenzaba el desmantelamiento de DACA el 5 de septiembre. El argumento se basaba en que el presidente Obama no tenía poder constitucional para crear ese programa, ya que trata sobre asuntos reservados a la categoría de ley.

Ante esa situación, la Casa Blanca, muy dividida en este punto, se pronunció anunciando el fin progresivo del programa a seis meses vista, es decir, a partir del 5 de marzo de 2018, los jóvenes se quedarán sin protección frente a la deportación y sin permiso de trabajo en la fecha de expiración de sus respectivas autorizaciones.

La Casa Blanca, muy dividida en este punto, ha anunciado el fin progresivo del programa a seis meses vista

El martes 5 de septiembre, último día del ultimátum de los fiscales estatales, el presidente Donald Trump, cuya opinión sobre los Dreamers ha pasado de abogar por su deportación masiva a mostrar simpatía por su situación, dejó el protagonismo a Jeff Sessions, fiscal general de los Estados Unidos y enemigo acérrimo de DACA, en lo que el senador Ed Markey calificó como una conducta de Poncio Pilato.

Trump, por medio de su cuenta en Twitter, se limitó a pasarle la patata caliente del problema al Senado y a la Cámara de Representantes anunciándoles que tienen 6 meses para encontrar una solución al problema de los Dreamers mediante la aprobación de una ley.

En estos días se ha visto una continua manifestación de apoyo a los Dreamers. Desde grupos de abogados, presidentes de grandes empresas como Apple y Facebook y universidades como Harvard pasando por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, legisladores tanto del partido Demócrata como del Republicano y editoriales de medios de comunicación han mostrado su rechazo a la decisión del gobierno de Trump de poner fin a DACA y han abogado por encontrar una solución definitiva y positiva a la situación migratoria de los Dreamers que, por cierto, es la opción que apoyan dos de cada tres estadounidenses, según una encuesta de NBCNews/Survey Monkey.

No solo hay palabras de apoyo, porque los fiscales generales de 15 estados, a los que se ha unido el del Distrito de Columbia, han presentado conjuntamente una demanda frente a la decisión de la Casa Blanca, argumentando que viola en dos puntos la ley que procedimiento administrativo y dos principios constitucionales: el del debido proceso y el de la igualdad ante la ley.

Respecto a este último argumentan que la medida tiene como objetivo un grupo de étnico en particular, ya que los hispanos son casi nueve de cada 10 beneficiarios de DACA.

Sin desmerecer esa medida de los fiscales, lo cierto es que la solución a la situación de los Dreamers pasa por la aprobación de una ley en el Congreso que les dé a esos jóvenes estabilidad legal y un paso hacia la residencia permanente y posteriormente hacia la ciudadanía por naturalización, que ahora con DACA no tienen.

Está en manos de 535 legisladores encontrar una solución a la situación de más de 800.000 personas

El problema para encontrar en medio año una solución legislativa es que cuando Obama -el presidente que históricamente más inmigrantes ha deportado- anunció su decreto lo hizo básicamente por dos razones: Por un lado, porque los jóvenes indocumentados estaban presionando públicamente y con gran inteligencia utilizando tácticas propias de la tradición estadounidense de activismo y desobediencia civil. Además, contaban con la simpatía de la mayoría de la ciudadanía, que los miraba no como delincuentes sino como inmigrantes sin papeles, pero sin culpa alguna en su situación, ya que habían sido llevados a Estados Unidos por sus padres a una edad en la que no podían opinar. Pero por otro lado, Obama actuó después de ver como el intento de aprobar la ley conocida como Dream Act se estrelló contra la realidad de no obtener suficientes votos.

Ahora se le pide al Congreso que actúe, pero los Dreamers corren el riesgo de convertirse en rehenes de los caprichos de cada legislador y de la Casa Blanca donde a cambio de dar el visto bueno a una solución para los jóvenes indocumentados cada uno pide lo que quiere,  como dinero para el famoso muro con México, modificar las categorías por las que se puede emigrar a Estados Unidos o drásticamente cortar el número de inmigrantes que cada año se convierten en residentes permanentes legales (actualmente superior al millón).

Con ese telón de fondo y con el país inmerso en una de sus recurrentes épocas de gran crispación, está en manos de 535 legisladores encontrar una solución legal a la situación migratoria de más de 800.000 personas que son más estadounidenses que una tarta de calabaza sobre la mesa de la cena de Acción de Gracias. Salvo en los papeles, claro. Un detalle que mueve vidas de la sombra a la luz, y viceversa.

María Luz Rodríguez es politóloga especialista en inmigración de EEUU.