El ex consejero de Justicia de la Generalitat y mano derecha de Artur Mas, Germà Gordó, declarará este jueves a las 12 de la mañana como investigado dentro de la trama de las comisiones ilegales del 3% con las que, presuntamente, se financió durante años Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). Pese a que la trama la instruye el juez Josep Bosch en el juzgado de El Vendrell, Gordó comparecerá ante los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), puesto que sigue disfrutando de la condición de aforado como diputado del Parlament, pese a que abandonó el grupo de Junts pel Sí el pasado mes de junio.

Gordó debería haber declarado ante el TSJC el 24 de julio, pero su comparecencia se retrasó entonces por problemas de salud de su abogado. Este jueves, finalmente, podrá empezar a cumplirse uno de los objetivos de los investigadores de la trama desde hace meses: demostrar que la trama corrupta del 3% no acaba en Andreu Viloca, ex tesorero de CDC, sino que escala hasta las más altas instancias políticas, como las que representaba Gordó durante su época de consejero y hombre de máxima confianza del presidente Mas.

El trayecto de Gordó hasta el TSJC, sin embargo, ni ha sido corto ni ha sido fácil. El máximo tribunal autonómico, de hecho, tumbó anteriormente las peticiones de investigación del magistrado Bosch, al entender que las razones que esgrimía el juez de El Vendrell para abrir un proceso contra el diputado carecían de peso. No valió entonces con que los agentes y la Fiscalía demostraran en sus informes que Gordó participaba habitualmente en reuniones entre Viloca y los empresarios que aportaban las mordidas presuntamente ilegales. En sus escritos de rechazo, el TSJC insistía en que no abriría un proceso hasta que no se aportasen pruebas fehacientes del objeto de las reuniones.

Tras estancarse durante un tiempo, la causa contra Gordó volvió a tomar fuerza en febrero después de que la Guardia Civil llevase a cabo la operación Pika, que resultó en 18 detenidos relacionados con la trama del 3%. Durante las declaraciones de los implicados, varios empresarios reconocieron tratar asiduamente con Gordó y referirse a él con dos alias en correos electrónicos y otro tipo de comunicaciones: Gerardo y Gregorio. Los fiscales del caso, como plasmaron en sus escritos dirigidos al TSJC, consideran a Gordó "el contacto de los contratistas con la Administración Pública catalana y con el partido CDC".

Durante esa misma ronda de declaraciones, un testigo protegido llegó a relatar como acudió a una reunión en la que estaban presentes tanto el propio Gordó como Artur Mas. En el transcurso de la misma, el ex presidente de la Generalitat dio órdenes al empresario para que canalizara todos los asuntos a través del ex consejero y gerente del partido: "Tienes que hacer lo que éste te diga"