La Generalitat ha empezado a maniobrar para garantizarse la habilitación de locales como colegios electorales en Barcelona para la celebración del referéndum de independencia del 1-O, ante las dudas de la alcaldesa Ada Colau. Y la primera víctima ha sido el presidente del Consorcio de Educación de Barcelona, Lluís Baulenas, cuyo cese anuncia el Diario Oficial de la Generalitat. El DOGC no aclara los motivos del cese pero sí especifica que la sustituta de Baulenas al frente del Consorcio no será otra que la consellera de Educación, Clara Ponsatí.

El Consorcio de Educación de Barcelona es el ente público que integra todos los colegios públicos y concertados de Barcelona, en el que la Generalitat ostenta un 60% de la participación y el Ayuntamiento el 40% restante. Desde el momento en que la alcaldía puso reparos a las exigencias de la Generalitat sobre la cesión de locales electorales organizada por propio consistorio se señaló al Consorcio como la solución más viable para garantizar la habilitación de colegios electorales sin comprometer exclusivamente a funcionarios locales.

El número dos del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello, apuntó ayer en esta dirección al señalar que la solución al conflicto en la capital catalana podría pasar porque el listado de locales que el Ayuntamiento presente a la Generalitat para que actúen como colegios electorales lo compongan locales titularidad de la propia administración autonómica, una fórmula que ya ha utilizado, por ejemplo, el alcalde socialista de Granollers, Josep Mayoral.

A partir de ahora, las decisiones sobre la cesión de escuelas como colegios electorales en la capital catalana corresponderán por tanto a la consellera Ponsatí, quien accedió al cargo el pasado julio en sustitución de Meritxell Ruiz precisamente por las dudas sobre la actitud de Ruiz a la hora de contravenir dictamenes del Tribunal Constitucional para ceder colegios a la organización del 1-O.

La cesión de colegios e institutos fue uno de los puntos más polémicos de la organización del 9N, especialmente por la negativa de los responsables del Departamento de Educación a dar órdenes por escrito a los directores de centros educativos para que abrieran sus puertas ese domingo, como se denunció durante el juicio del 9N.