La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado este jueves que los ciudadanos de Barcelona podrán votar en la capital en el referéndum independentista del 1 de octubre. En un mensaje en Twitter, Colau ha declarado que "cumplimos con nuestro compromiso: en Barcelona el 1 de octubre se podrá participar sin poner en riesgo ni a la institución ni a los servidores públicos".
Desde el gobierno municipal, otros concejales de BComú han mostrado su satisfacción por el anuncio de Colau, que sin embargo no ha ofrecido detalles sobre cómo procederá el Ayuntamiento durante el 1 de octubre. Gala Pin lo ha retuitado con el comentario "¡Vamos!", mientras el edil Jaume Asens ha comentado: "Parar a este pueblo será más difícil que detener el curso de un río. Gracias a quienes confiaron en que este momento llegaría".
Complim el nostre compromís: a Barcelona l'#1oct es podrà participar sense posar en risc institució ni servidors públics
— Ada Colau (@AdaColau) September 14, 2017
"Es una gran noticia", ha reaccionado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha confirmado que el Ayuntamiento y el gobierno regional han alcanzado un acuerdo con el que esquivan la resolución del secretario del Ayuntamiento de Barcelona, que había dictaminado hoy que la alcaldesa Ada Colau debe acatar la providencia del Tribunal Constitucional y no debe colaborar en el referéndum del 1-O cediendo colegios electorales porque, de lo contrario, puede tener consecuencias penales.
En un informe de 15 páginas, al que ha tenido acceso Efe, el secretario general del consistorio declina así que el Ayuntamiento pueda acceder a las peticiones de la Generalitat de ceder locales para la celebración del referéndum independentista, suspendido por el Tribunal Constitucional.
Colau dio orden al secretario municipal de corroborar la posibilidad de ceder locales el pasado 8 de septiembre, horas después de que el Parlament aprobase con los votos de Junts pel Sí y la CUP la controvertida Ley de Referéndum, posteriormente tumbada por el Tribunal Constitucional. La alcaldesa de Barcelona envió en ese momento una carta dirigida a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras en la que preguntaba, "dado el escenario", qué actuaciones tenía previstas el Govern "para garantizar la seguridad de los funcionarios públicos".
La presión sobre Colau ha sido y continúa siendo enorme por parte de los grupos independentistas, conscientes del rol clave que tendría Barcelona para la legitimación social de la consulta anulada por el TC.
La líder de la CUP en el Parlament, Anna Gabriel, ha exigido a Colau en los últimos días que dé cobertura institucional al referéndum. "Si ella no quiere hacerlo, quiero pensar que permitirá que lo hagan otros miembros del plenario que están dispuestos", manifestó en una entrevista con Europa Press. La dirigente antisistema apuntó que Colau estaba esperando una reacción del Gobierno y advirtió de que ya tenía todos los elementos para saber qué hará el Estado: "No sé a qué espera".
Colau, especialmente desde la celebración de la Diada, está manteniendo una postura ambigua respecto al soberanismo. En cada intervención pública reitera el derecho del pueblo catalán a expresarse, pero insiste en la necesidad de protección para los funcionarios públicos. En su última manifestación, aseguró que votaría el 1 de octubre, pero no dijo qué.
PSC: Acuerdo 'entre partidos'
El segundo teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), ha afirmado que "si ha habido acuerdo" para el 1 de octubre ha sido entre partidos "favorables a una movilización" y no entre la Generalitat y el gobierno municipal, que no facilitará "ni locales ni medios" para la votación.
En declaraciones a Efe, Collboni ha respondido así a las palabras de la alcaldesa, Ada Colau, que ha asegurado que el 1-O "se podrá participar" en Barcelona y se podrá hacer "sin poner en riesgo institución ni servidores públicos".
El dirigente del PSC ha defendido que lo comunicado por Colau "no se ha tomado dentro del gobierno de la ciudad y no se ha debatido", y ha defendido que el consistorio barcelonés no incumplirá la legalidad y hará caso el informe del secretario general del Ayuntamiento de Barcelona.
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