El Gobierno asume el control de los pagos de la Generalitat para que no se destinen al 1-O

El Gobierno fiscalizará cada uno de los euros gastados por la Generalitat. El objetivo: garantizar que el dinero que aporta el Estado a través de los mecanismos de financiación vaya destinado a pagar facturas y garantizar los servicios públicos. Y no a sufragar el reto independentista.

La medida es severa, en tanto que habilita al Estado a hacerse cargo directamente del pago de conceptos fundamentales como la Educación, la Sanidad o las nóminas de los funcionarios. Y es, según ha anunciado este viernes el ministro de Hacienda, una respuesta "a la situación de manifiesta ilegalidad" en que ha incurrido la Generalitat, al negarse a informar sobre sus gastos con la periodicidad y la transparencia que exige el Gobierno central.

Según Cristóbal Montoro, la Generalitat tiene 48 horas para adaptarse a la medida, que lleva aparejada otra exigencia: el Ejecutivo catalán tendrá bloqueado el acceso a las partidas presupuestarias que no tengan que ver con los servicios esenciales. En caso de incumplimiento, el Gobierno podría echar mano de herramientas más drásticas. Como la intervención total de las cuentas de la Generalitat o la suspensión del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), la partida que permite a Cataluña financiarse en condiciones preferentes desde 2012.

Es un "mecanismo de control de pagos novedoso", ha reconocido Montoro. "No afecta al ejercicio de las competencias", pero sí se garantizará que ningún pago de esa administración va a una actividad ilegal como puede ser el referéndum de independencia convocado para el 1 de octubre. "Creemos que estas medidas serán eficaces", ha señalado el ministro. "No se había hecho nunca y se aplican por la situación de excepcionalidad que estamos viviendo".

"El Estado pasa a pagar directamente buena parte de las nóminas, durante el tiempo que dure esta situación. ¿Quién marcará esta situación? Los dirigentes de la Generalitat. Son ellos quienes ponen en riesgo la financiación de gastos esenciales", ha explicado el ministro de Hacienda.

Medidas drásticas

La propuesta de eliminar el FLA la han barajado algunos miembros del Gobierno, pero se ha descartado por ser la más agresiva. Aplicarla habría supuesto estrangular el principal canal de financiación de la Generalitat para pagar las facturas a proveedores. Por eso Hacienda ha optado por otra vía. Desde julio, el Ejecutivo de Puigdemont tenía la obligación de informar semanalmente de la partidas gastadas con cargo al FLA.

A partir de ahora, será Hacienda la que fiscalice directamente el destino del dinero repartido con los diferentes canales de financiación del Estado. El Ministerio de Hacienda responde así al desafío de la Generalitat. Este jueves, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, anunció que no continuará proporcionando a Hacienda los informes semanales con las partidas de gastos. El Gobierno de Mariano Rajoy impuso esta obligatoriedad el pasado 21 de julio, en un intento de evitar, con la ley en la mano, que estos fondos acaben destinándose a la promoción y organización del referéndum.

Compromisos incumplidos

Con su negativa a proporcionar la información con la periodicidad que se le exige, la Generalitat no sólo desobedece un mandato del Consejo de Ministros. También pisotea el real decreto que regula el funcionamiento del FLA. Aprobado el 13 de julio de 2012, en un intento de dar oxígeno a las CCAA, castigadas por la crisis, el real decreto 21/2012 aclara que el objetivo del mecanismo es "garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y para la sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas".

"Para un adecuado seguimiento de los planes, se establecen obligaciones periódicas de remisión de información económica, financiera, presupuestaria y de tesorería con el objeto de evitar desviaciones en el cumplimiento del contenido del plan de ajuste", señala el texto legal.

El real decreto asegura además que las autonomías beneficiarias deben aportar "cualquier otra información económico-financiera" o "requerimiento" que les formule el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Eso es, precisamente, lo que decidió el Gobierno el pasado julio, al aumentar sus requerimientos de información.

Principal beneficiario

Una hipotética supresión de las ayudas estatales supondría un duro varapalo para las arcas catalanas. Ninguna CCAA se ha beneficiado tanto del FLA como Cataluña. Los datos hablan por sí solos. Hacienda ha repartido desde 2012 casi 188.000 millones de euros con cargo a este fondo. Un 31% del total ha ido a parar a Cataluña: 58.116 millones de euros. Es decir, casi uno de cada tres euros repartidos a las autonomías han recalado dentro de las fronteras catalanas.

El FLA ha permitido a las CCAA ahorrar muchos millones en concepto de intereses. Si hubieran tenido que acudir a los mercados, habrían tenido que gastar 18.000 millones más. Los fondos estatales también han permitido que las autonomías no vean hundida la calificación de su deuda. Agencias como Moody's ya han anunciado que recortarán la nota de Cataluña si pierde el apoyo financiero del Estado.

El Govern recurrirá a instancias europeas

El encargado de responder por parte de la Generalitat ha sido el secretario de Economía, Pere Aragonés, que ha asegurado que el gobierno catalán articulará una respuesta en tres frentes. Por un lado, plantará "batalla jurídica" no sólo en España, "que no es un Estado de Derecho", sino en instancias europeas, a las que alertará de que España utiliza un mecanismo ideado para cumplir con los tratados de estabilidad económica "para ir contra la democracia". Por último, ha asegurado que la Generalitat garantizará y seguirá financiando los pagos de los funcionarios.