La Guardia Civil atribuye un presunto delito de sedición al secretario general de Economía, Josep Maria Jové, detenido el miércoles dentro del operativo policial contra la organización del referéndum de independencia.

Según han informado fuentes de la defensa, el Instituto Armado, en su escrito, achaca también al número dos del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, desobediencia, prevaricación y malversación de fondos por "gestionar elementos fundamentales" para el 1 de octubre.

Pese a que la Guardia Civil le atribuye sedición -igual que a otros cargos detenidos-, este delito no figura en el comunicado que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) envió el miércoles a los medios sobre los supuestos delitos que investiga el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona.

Según el TSJC, el juez instructor, Juan Antonio Ramírez, que mantiene el caso bajo secreto y ordenó las entradas y registros del miércoles en sedes de la Generalitat, atribuye únicamente a la veintena de investigados los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.

El delito de sedición, sin embargo, sí que figuraba en la querella de los abogados Miguel Durán Campos y Miguel Ángel Durán Muñoz, a partir de la que el juez inició la investigación, y la presentada posteriormente por el partido político Vox.

Registro domiciliario

Según han explicado fuentes de la defensa, la Guardia Civil detuvo a Jové sobre las ocho de la mañana del miércoles cuando circulaba por la Ronda Litoral de Barcelona: varias patrullas del Instituto Armado le salieron al paso y lo arrestaron.

La Guardia Civil condujo entonces al número dos de Junqueras a su domicilio para que estuviera presente, junto a su abogado, en una entrada y registro en la que los agentes incautaron móviles, ordenadores y alguna documentación.

Al acabar el registro, no lo llevaron a su despecho de la Consejería de Economía sino al cuartel de la Guardia Civil donde, a primera hora de la mañana de este jueves, todavía no le habían tomado declaración.

El abogado de Jové ha solicitado también un habeas corpus -una comparecencia ante un juez para valorar la legalidad de una detención- que todavía no se ha resuelto, según fuentes de la defensa.