Calle del Tremis, 5, PAU de Carabanchel. Uno de los muchos edificios de Viviendas de Protección Oficial (VPO) que abundan en esta zona se cae literalmente a cachos. Parte de la fachada, de hormigón, se ha desprendido dejando ver incluso los ladrillos de la estructura. Así lleva meses. Durante este tiempo, según los vecinos del edificio, "han venido los obreros a picar un par de días y luego no han vuelto porque decían que había que picar toda la fachada". Los residentes decidieron entonces reclamar a la EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo), a la que pertenece el bloque.

Éste es uno de los pocos edificios de VPO que pertenecen todavía a la empresa pública. La mayoría fueron vendidos a fondos buitre, y en concreto a Fidere, donde el mantenimiento no es mucho mejor, según los vecinos.

Fidere es la filial española de Blackstone, el fondo al que Ana Botella vendió en 2013 1.860 VPO por 200 millones. Entonces la deuda municipal rebasaba los 7.000 millones tras la inversión en la M-30. Ahora estos bloques de pisos valen 660 millones, según los libros contables de la firma. Un negocio redondo cimentado sobre las condiciones de vida de miles de inquilinos, que denuncian la falta de mantenimiento de los edificios, el cobro de servicios que no se prestan y numerosos desperfectos que no se arreglan.

Interior de una urbanización de VPO de Fidere, con más de una veintena de farolillos fundidos. LORENA GAMARRA

En la Avenida de la Peseta, por ejemplo, los vecinos de un edificio con forma de cubo que en su día recibió un premio por su diseño también acumulan varias quejas a Fidere por el "pésimo" mantenimiento. "Pagamos unos servicios de iluminación en el jardín que lleva todo el año sin funcionar", denuncia una inquilina. Más de una veintena de farolillos adorna el jardín interior sin que luzca ninguno, como tampoco lo hace ninguna de las lámparas de los soportales. Por la noche, no se ve nada. A ello se suman las cerraduras rotas de la urbanización y de los portales y las constantes averías del portón del garaje. "Han robado en varias ocasiones. La última, este mes. Con todos los accesos rotos ¿cómo no van a robar? Si pueden subir hasta la puerta de mi casa sin usar una sola llave".

En otro bloque, también de Carabanchel, el fondo promociona viviendas en alquiler "con jardines". "Son cuatro árboles despeluchados y césped artificial", se queja una vecina. Y en otro edificio del mismo distrito "ponen fotos de las pasarelas interiores en las que se ven macetas que han instalado los propios vecinos y venden que hay jardín interior". Y cobran servicios de jardinería dentro del pago comunitario.

Una grieta en el techo de uno de los portales de las VPO adquiridas por Fidere - Blackstone.

Fidere no ha respondido a este medio. Ni tampoco a los vecinos que plantean quejas por los desperfectos, que llevan años sin solución, recuerdan los inquilinos más veteranos. Reclamar no es tarea fácil. El fondo buitre responsable del edificio “hace un apaño” y brinda a los que protestan otro número de teléfono que, casualmente, nadie descuelga. Esta misma semana, una de las inquilinas se puso en contacto con Fidere para hacer una consulta sobre el alquiler y aprovechó para informar de los desperfectos. “Me dijeron que lo llevaba otra compañera, pero que estaba con otra llamada, que le diera mis datos y ella me llamaba el mismo día. Todavía estoy esperando”. Lleva ya cinco años aquí y el mantenimiento, asegura, es cada vez peor. También el servicio de limpieza, que acude sólo una vez a la semana. "Si se ensucia el rellano el martes, se queda sucio toda la semana".

El Ayuntamiento de la localidad que gobierna Ahora Madrid desde mayo de 2015 se desentiende de estos problemas, a pesar de que cuando el equipo de Carmena destronó al PP tras 24 años en Cibeles una de las primeras promesas fue la de intentar revertir la venta de las VPO a estos fondos de riesgo. Más de dos años después, la EMVS apenas ha avanzado en esta tarea. "No son viviendas nuestras por lo que no tenemos nada que decir ni control sobre ellas", contestan desde el equipo de la vicealcaldesa y presidenta de la Empresa de la Vivienda Marta Higueras. Una respuesta que irrita a la presidenta de la asociación de afectados por la venta de las viviendas sociales a fondos buitre, Arancha Mejías.

Cerradura resquebrajada en la puerta de entrada de uno de los bloques.

"Cada vez que ellos dan un paso, aunque sea en vano, para deshacer el lío de la venta bien que lo publicitan y se lo agradecemos, conscientes de que tienen herencia recibida; pero es que a los afectados por la venta de viviendas de protección a fondos no nos dan ninguna solución", deplora Mejías. "¿Qué hacemos? Cuando yo alquilé un piso de la EMVS hace 11 años no sabía que mi casa acabaría siendo propiedad de fondos de Blackstone. No sé nada del Ayuntamiento desde hace meses. Todas las acciones judiciales hasta ahora las ha llevado a cabo nuestro abogado y el Consistorio sólo se ha sumado a nuestras demandas. Hace falta un poco de empatía y sí, nos parece que podían realojarnos en otras viviendas a pesar de la enorme lista de espera de la EMVS...".

La queja de Arancha Mejías, en su día a punto de ser desahuciada, suena a desesperación. Igual que otra inquilina -todos hablan desde el anonimato por temor a represalias de Fidere- que critica que haya "garajes sin vado señalizado, humedades y moho que aparecieron un día y no se volvieron a ir, puertas rotas, bombines estropeados, llaves que se parten...".

Otra humedad en los soportales de la entrada a uno de los bloques.

"El rodapié del portal no era negro", destaca otra. "Pues ahora es negro. Porque en los 12 años sucesivos que llevo prorrogando mi arrendamiento nadie lo ha limpiado". Las grietas protagonizan la entrada a otro bloque, en el que las humedades alcanzan incluso a los contadores de la luz y agua. "Y hay escaleras sin terminar, porque el cemento aparece en bruto, sin remate. Lo hemos comentado los vecinos en varias ocasiones".

En los últimos 12 años se han edificado 31.100 viviendas en la Comunidad de Madrid, de las cuáles, 30.000 están en manos de empresas privadas. El gobierno de Cristina de Cifuentes sólo mantiene la titularidad de 1.100 pisos.