El Gobierno y los independentistas son plenamente conscientes de que el fracaso del 1-O o el éxito del referéndum se dilucida en Barcelona y será en la capital catalana -el gran icono de esta comunidad fuera de España y en el que se darán cita decenas de periodistas internacionales para cubrir la jornada- donde ambas partes concentrarán todos sus esfuerzos para ganar la particular partida: unos la de la legalidad y el mantenimiento del orden constitucional y otros dar un paso más hacia la pretendida independencia.

Miles de guardias civiles y policías nacionales están destacados desde hace días en la Ciudad Condal para impedir que la consulta que el Tribunal Constitucional suspendió el pasado 7 de septiembre se desarrolle, en cumplimiento de las órdenes dictadas por jueces y fiscales. De hecho, dos de los tres ferrys fletados por el Ministerio del Interior para alojar a los agentes -el Rhapsody y el Azzurro, con capacidad para albergar conjuntamente a 4.086 personas- se encuentran atracados en el puerto barcelonés.

Será también en Barcelona donde el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, seguirá este domingo el desarrollo de la jornada. El número dos del Ministerio del Interior, que estará en contacto permanente con el ministro Juan Ignacio Zoido, es el responsable del dispositivo policial extraordinario diseñado durante los últimos cuatro meses en secreto para impedir la consulta independentista.

El objetivo prioritario de las fuerzas de seguridad es intervenir las urnas antes de que lleguen a los centros de votación

El Gobierno ha comprometido su palabra de que no habrá referéndum en Cataluña -el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, lo volvió a repetir este viernes tras el Consejo de Ministros- y va a desplegar todos los medios a su alcance para evitar este domingo que los secesionistas puedan desarrollar la consulta. Rajoy montará un gabinete de crisis en la Moncloa y ha dejado en blanco su agenda para los próximos días a la espera de cómo evolucionen los acontecimientos, sobre todo si el Parlament termina declarando unilateralmente la independencia.

Pero también los promotores del referéndum saben que donde se librará el gran pulso será Barcelona, el escaparate que les puede brindar la mayor repercusión internacional. Será en la capital donde previsiblemente actuarán los grupos antisistema que se desplazarán a Cataluña desde otros países o comunidades españolas con la intención de calentar la calle, uno de los principales motivos de preocupación del Gobierno. En este sentido, los cuerpos de seguridad del Estado grabarán todo lo posible para neutralizar eventuales denuncias de los independentistas de exceso de empleo de fuerza en su actuación.

La estrategia policial pasa por evitar que las urnas lleguen a los puntos de votación designados por la Generalitat -un total de 2.315, en los que el Govern pretende instalar 6.249 mesas electorales- antes de que eventualmente pudieran abrir sus puertas a primera hora de la mañana. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pretenden evitar que se inmortalice la imagen de agentes retirando urnas, máxime si los independentistas recurren a menores a modo de escudos humanos para dificultar el desalojo de los colegios electorales. La consecución de ese objetivo obligará a llevar a cabo un despliegue extraordinario de agentes en las horas previas.

Desalojo de colegios electorales

A menos de 48 horas para el 1-O, el Ejecutivo autonómico presentó este viernes la urna que pretenden utilizar para que los catalanes voten este domingo, desafiando hasta el final la prohibición judicial. Se trata de una caja de plástico de 45 litros, similar a un cubo doméstico, opaco, en la que luce el logotipo de la Generalitat y unos precintos de color naranja. El coste unitario es de unos 4,2 euros, inferior en caso de pedidos de gran volumen.

En el reparto de funciones policiales, los Mossos d'Esquadra tienen el cometido de acudir a los centros de votación para desalojarlos antes de las 6 horas de este domingo e intervenir los efectos electorales, como urnas y papeletas. En una nota interna, el mayor de la Policía Autonómica, Josep Lluis Trapero, deja claro que los agentes no deberán emplear en ningún caso sus defensas extensibles si antes no media un ataque directo contra ellos o contra otros manifestantes. En los casos de resistencia pacífica, deberán desalojar a los manifestantes sin violencia.

El Gobierno confía en que la advertencia de la Agencia Española de Protección de Datos a las personas que participen en las mesas de que se enfrentan a multas de hasta 300.000 euros disuada a muchos de los que tenían previsto participar de forma activa en el desarrollo del referéndum.