La Generalitat de Cataluña ha presentado sendas querellas contra el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, al considerar que han actuado "fuera de la ley" para impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.

El conseller catalán de Justicia, Carles Mundó, ha anunciado en rueda de prensa que el Govern ha interpuesto ambas querellas contra Maza y Romero ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por los delitos de prevaricación y usurpación de funciones.

Mundó ha presentado un documento en que se enumeran diez presuntas violaciones de la legalidad que considera que el Estado ha cometido, y ha acusado al Gobierno central de haber suspendido la división de poderes para combatir el referéndum: "Se continúa escondiendo detrás de las togas".

Esta es una de la batería de acciones judiciales de la Generalitat y de las personas afectadas por las resoluciones judiciales para evitar el 1-O que el conseller ha anunciado a dos días de la consulta, con el objetivo de hacer frente a los pasos que ha ido dando la justicia. En el caso de la querella contra Maza y Romero de Tejada, ha especificado que es por un delito de prevaricación, porque han dictado órdenes "contrarias a la ley", y de usurpación de funciones, porque "se han arrogado, hecho suyas, unas funciones que no les corresponden".

Preguntado acerca de si estas querellas se han presentado ya, ha dicho que, si no se ha hecho, "es cuestión de horas que se formalicen". Sí ha presentado ya la Generalitat otra de sus respuestas al cerco judicial del Gobierno: un recurso contra el auto de ayer de la juez del Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas ordenando a las fuerzas de seguridad que impidan la celebración de la consulta en los puntos de votación.

Medidas 'desproporcionadas'

Mundó ha considerado la medida de la magistrada "desproporcionada", y a la vez de "carácter genérico e inconcreto", y vulnera, en opinión del Govern, "los derechos de los ciudadanos que quieren votar". "La magistrada tiene la oportunidad de reconsiderar las medidas y revocar la orden para respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos", ha dicho el conseller de Justicia.

El Govern también ha requerido al TSJC que reclame al Juzgado de instrucción 13 de Barcelona la investigación que lleva sobre el 1-O y ha reclamado al titular de este último juzgado, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que se inhiba en el alto tribunal catalán, con el objetivo de que no haya dos jueces con una instrucción abierta por los mismos hechos. Ha pedido asimismo al juez Sunyer que levante el secreto de sumario de su causa y ha presentado una petición de recusación contra él por su supuesta "parcialidad".

Otro de los frentes jurídicos abiertos por el Govern es el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ante el cual han presentado recurso los miembros de la Sindicatura Electoral que cesaron de sus cargos tras multarles el Constitucional. Ante el TEDH también se han presentado recursos por la detención por parte del juez de Barcelona de los altos cargos del departamento de Economía Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, que vulneró, ha dicho, su derecho a un juez imparcial.

En la rueda de prensa, Mundó ha detallado hasta "diez situaciones de vulneración de derechos civiles" que, a su parecer, han ocurrido en el intento de evitar el 1-O, con la "connivencia de todos los instrumentos del Estado", en lo que considera una "causa general contra el independentismo". Una de ellas es el "abuso" por parte de la Audiencia Nacional del "término sedición", ha dicho, después de que este tribunal admitiera una "vergonzosa" querella de la Fiscalía.