El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado este martes que ni la Policía ni la Guardia Civil abandonarán ningún hotel en Cataluña en el que exista un contrato en vigor. Zoido ha comunicado la decisión acordada en una reunión en el Palacio de la Moncloa en la que ha participado junto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Turismo, Álvaro Nadal.
El ministro había organizado previamente una cumbre de urgencia de la cúpula de Interior para estudiar medidas ante la situación de acoso que están sufriendo los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil desplegados en Cataluña.
Una de ellas, la negativa a abandonar los hoteles en los que exista contrato en vigor después de que varios establecimientos de Calella (Barcelona) instaran ayer a los 500 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil a que abandonen sus instalaciones.
Además, el gerente de dos hoteles de Pineda de Mar (Barcelona) que alojan a antidisturbios de la Policía Nacional desplazados a Cataluña ha asegurado hoy en un comunicado que ambos establecimientos se han visto obligados a desalojarlos "bajo la amenaza de cierre durante cinco años" por parte del Ayuntamiento, en manos del PSC.
En las últimas horas se han sucedido diferentes protestas y escraches a las puertas de estos establecimientos donde se alojan parte de los doce mil policías y guardias desplazados a Cataluña por el 1-O. El Ejecutivo ha denunciado hoy la campaña de acoso que se ha organizado contra ellos y de la que responsabiliza directamente al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Entre tanto, se ha decidido prorrogar hasta el día 11 de octubre la estancia en barcos de policías y guardias civiles desplegados en Cataluña, que cumplía pasado mañana.
Los Mossos d'Esquadra, a través de Twitter, han pedido a la población que cese en este tipo de actitudes. "No contribuyáis a la crispación. Respetad los lugares donde se alojan las fuerzas policiales", ha escrito la policía autonómica en su perfil oficial.
No contribuïu a la crispació. Respecteu els llocs on s'allotgen forces policials
— Mossos (@mossos) October 3, 2017
'Todas las medidas necesarias'
El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado durante su rueda de prensa este martes 3 de octubre que "el Gobierno de la Nación va a garantizar todos los derechos y va a proteger vuestra libertad", refiriéndose a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desplazados a Cataluña y al resto de ciudadanos.
"La sinrazón y el comportamiento antidemocrático solo conducen al precipicio", ha añadido en relación a la actitud del Govern, al que ha pedido en varias ocasiones que "vuelva a tomar el camino de la ley", ante la amenaza de que en los próximos días declare unilateralmente la independencia de Cataluña, tensionando aún más la situación en la comunidad.
También ha asegurado que "el Gobierno va a tomar todas las medidas que sean necesarias para frenar los asedios tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil", en relación a lo sucedido en Pineda y Calella, donde los agentes alojados en hoteles de estas localidades se han visto obligados a abandonarlos, ante el asedio de los manifestantes y la presión de los ayuntamientos (del PSC, en el caso de Pineda) sobre los hoteleros.
"Las leyes son de obligado cumplimiento en España, residan en la comunidad autónoma en la que residan", sentenciaba y terminaba su intervención asegurando que "somos todos iguales ante la ley y todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones".
Casas particulares
El sindicato de la Policía Nacional CEP está coordinando una iniciativa en la que agentes del cuerpo que viven en Cataluña están ofreciendo sus viviendas particulares a los policías que están sufriendo una "campaña de señalamiento y persecución propia de dictaduras".
En un comunicado, el sindicato explica que esta iniciativa basada en la solidaridad de los agentes es una alternativa de urgencia mientras el Ministerio del Interior encuentra otros alojamientos.
Han tomado esta medida para ofrecer una vivienda a policías que están siendo desalojados de sus hoteles "por la presión que sobre ellos están ejerciendo algunos ayuntamientos y diversos colectivos sociales".
El sindicato ha valorado que "se han invertido los términos de la legalidad democrática, de tal forma que quienes actúan al servicio de jueces para defender el Estado de Derecho están siendo perseguidos en una estrategia perfectamente coordinada".
Así, han avisado que están informando a los órganos judiciales de este "hostigamiento, que se desarrollan en redes sociales y por parte de colectivos muy determinados".
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