Trapero sale sin medidas cautelares pero declarará otra vez por sedición en el 1-O

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha abandonado la Audiencia Nacional tras declarar este viernes como investigado por la posible comisión de un delito de sedición por los incidentes del 20 y 21 de septiembre a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda: las partes no han solicitado medidas cautelares ni para él ni para los líderes de ANC, Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a la espera de que vuelvan a comparecer una vez que analizadas las nuevas pruebas aportadas por la Fiscalía. Éste ha sido el motivo por el que el Ministerio Público ha intentado que se suspendieran las declaraciones, pero la magistrada Carmen Lamela no lo ha aceptado.

Trapero ha salido uniformado -pero sin arma al no tener autorización fuera de Cataluña- sin hacer declaraciones a los periodistas que se concentraban a las puertas de la Audiencia Nacional: mientras defensores de la independencia le ovacionaban cerca de la calle Génova de Madrid, antes de subir a un vehículo ha sido increpado por otros ataviados con la bandera rojigualda.

En un comunicado oficial difundido por la Dirección General de la Policía y la Consejería de Interior, los Mossos han informado de que Trapero ha traslado a la juez el "convencimiento" de que la actuación de la Policía Autonómica fue la "correcta y necesaria en atención a las circunstancias que concurrieron aquel día", al tiempo que llama la atención que este Cuerpo no fue avisado con la "suficiente antelación para poder planificar el dispositivo". "La primera noticia que tuvieron los Mossos respecto a la actuación policial de la Guardia Civil vino a través de los medios de comunicación", indica.

Los Mossos alegan que no fueron avisados "con suficiente antelación" para planificar el dispositivo policial

Por todo ello, la Policía de la Generalitat considera que el mayor no ha cometido sedición "ni ha participado ni colaborado de ninguna manera" en la comisión de cualquier otro delito. "Entendemos que puede haber percepciones diferentes sobre el dispositivo policial por parte de la Guardia Civil -el otro cuerpo policial que intervino aquel día-, porque también la forma de afrontar los problemas de orden público se plantea de manera diferente en ambos cuerpos", añade.

Los Mossos aseguran que, a la hora de afrontar situaciones que pueden generar problemas de orden público, activa "todos los mecanismos" que le permiten hacer frente a ese problema de manera inmediata y su desarrollo futuro. En este sentido, aseguran que la manera con la que gestionó el dispositivo los pasados 20 y 21 de septiembre ante la multitud concentrada a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda en nada se diferencia de los operativos desplegados en otras situaciones con estas características, "independientemente de los motivos y colectivos que las provoquen".

Por su parte, la intendente Teresa Laplana -también citada este viernes en calidad de investigada en la causa que instruye la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Lamela- no ha podido prestar declaración alegando enfermedad.

El informe de la Guardia Civil amplía los hechos ocurridos el 20 y 21 septiembre hasta el día del referéndum

La Fiscalía ha querido suspender la declaración ante la vista de nuevas pruebas aportadas por la Guardia Civil. Pruebas que aluden a los citados 20 y 21 de septiembre y "días posteriores". El Ministerio Fiscal ha señalado que necesita tiempo para examinar dichas pruebas. El informe policial al parecer extiende los hechos hasta el 1 de octubre, el día del referendo considerado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Todos tendrán que volver, y ese será el momento en que la Fiscalía decidirá si solicita medidas cautelares. Jordi Sànchez (ANC) ha respondido solo a las preguntas de su abogado, según su propia declaración a la salida de la Audiencia, mientras que Cuixart se ha "acogido al derecho de no declarar". "He alegado no reconocer la competencia de este tribunal en el delito que se nos acusa, de sedición: estamos convencidos de que no hemos cometido ningún tipo de delito, como nos acusa el delito de la Fiscalía", ha alegado Cuixart.

Sànchez por su parte ha defendido "la legitimidad de una movilización pacífica y no violenta de una parte importante en Cataluña". "He dejado constancia de mi convencimiento que en el ánimo de los más de 50.000 manifestantes estaba el alterar el orden constitutivo de los Gobiernos de España, sino protestar por actuaciones que no comprendemos".

Primera vez

Trapero ha llegado uniformado alrededor de las 8.30 horas a la Audiencia Nacional, acompañado por los mossos. La primera en declarar ha sido la intendente de la policía autonómica, Teresa Laplana, que lo ha hecho por videoconferencia alegando problemas de salud. Tras ella lo ha hecho Trapero, seguido por los dirigentes de la ANC y Òmniun, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Todos ellos investigados por un delito de sedición, penado con hasta 15 años de prisión.

Es la primera vez que el máximo responsable operativo de la Policía de la Generalitat tiene que dar explicaciones por hechos relacionados con el referéndum de autodeterminación que, pese a estar suspendido por el Tribunal Constitucional, el Gobierno de Carles Puigdemont celebró el pasado domingo. Ocho juzgados de Instrucción catalanes investigan la presunta inacción de los Mossos el pasado domingo en su obligación de impedir la celebración del 1-O.