La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha interrogado este viernes como investigado al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, acerca del dispositivo de la Policía Autonómica para evitar que la multitud concentrada a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda intentara impedir que los funcionarios judiciales y  los agentes de la Guardia Civil pudieran llevar a cabo el registro en busca de pruebas que demostraran la preparación del 1-O y el posterior abandono de las dependencias oficiales. Los Mossos es el cuerpo policial con competencias en seguridad ciudadana en Cataluña.

Trapero ha salido a pie de la Audiencia, en libertad, aunque se desconoce si se le ha impuesto alguna medida cautelar y si la Fiscalía ha hecho alguna petición al respecto.

Ha sido la primera vez que el máximo responsable operativo de la Policía de la Generalitat tenga que dar explicaciones por hechos relacionados con el referéndum de autodeterminación que, pese a estar suspendido por el Tribunal Constitucional, el Gobierno de Carles Puigdemont celebró el pasado domingo. Ocho juzgados de Instrucción catalanes investigan la presunta inacción de los Mossos el pasado domingo en su obligación de impedir la celebración del 1-O.

Trapero estaba citado en calidad de imputado por la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, que investiga la posible comisión de un delito de sedición por las algaradas registradas los días 20 y 21 tras la detención de 14 altos cargos de la Generalitat. Junto al máximo responsable operativo de los Mossos, también están llamados este viernes con la misma condición procesal la intendente Teresa Laplana y los presidentes de las dos organizaciones que trabajan en favor de la independiente: Jordi Sánchez (Asociación Nacional Catalana, ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium Cultural). Éstos contarán con el apoyo de los diputados del PDeCAT Carles Campuzano, Jordi Xuclà, Míriam Nogueras, Lourdes Ciuró y de los senadores Josep Lluís Cleries y Beth Abad, que han anunciado que se desplazarán hasta la Audiencia Nacional.

El líder de la ANC alardeó de tener hilo directo con Trapero mientras la multitud impedía a la Guardia Civil salir de la sede de Economía

El procedimiento que instruye la juez Carmen Lamela tiene su origen en la denuncia presentada el pasado 22 de septiembre por el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo, que pedía a la Audiencia Nacional que investigara a las personas que indujeron, sostuvieron o dirigieron estas actuaciones y la "existencia de un concierto de voluntades entre personas o entidades, públicas o privadas", que con sus actos hayan impulsado movilizaciones o "movimientos populares para imponer el referéndum independentista por la fuerza de la intimidación".

En su artículo 544, el Código Penal establece que "son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales". La juez cree que los hechos descritos por el fiscal son indiciariamente constitutivos de un delito de sedición. Este ilícito conlleva una pena de prisión de 8 a 10 años y de 10 a 15 años si quien lo comete es "una persona constituida en autoridad".

Entre las 00.07 y las 00.13 horas del pasado 21 de septiembre, más de dos horas después de que terminara el registro, el juez de Barcelona que lo había ordenado se puso en contacto con el mayor de los Mossos para ordenarle expresamente que activara el dispositivo de seguridad necesario que permitiera la salida de la comisión judicial ante la situación de tensión existente, según detalla el fiscal Carballo. Los primeros guardias civiles no pudieron abandonar la sede de Economía y Hacienda hasta las 3.20 horas y el resto hasta las 7 horas -en ambos casos escoltados por los Mossos- debido a la multitud de manifestantes que seguía a las puertas, lo que obligó a la letrada de la Administración de Justicia a abandonar el edificio por la azotea.

El jefe de los Mossos se defenderá diciendo que la Policía catalana ha cumplido "estrictamente" las órdenes judiciales

Previsiblemente, Lamela preguntará a Josep Lluís Trapero por qué los Mossos tardaron tanto tiempo en montar el dispositivo policial cuando desde antes de las 11 horas del día 20 -tras la convocatoria difundida por las redes sociales- comenzaron a concentrarse centenares de personas a las puertas de Consejería de Economía tras trascender las detenciones de los altos cargos. La presencia de más de 2.000 manifestantes hizo que a las 11.45 horas estuvieran ya cortadas parcialmente cuatro calles barcelonesas: la Gran Vía, la Vía Laietana, la Diagonal y Diputación.

En su relato de lo sucedido, el fiscal llama la atención sobre el hecho de que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, subidos a un vehículo de la Guardia Civil que había sido destrozado, incitaran sobre las 00.13 horas a la "movilización permanente" a favor del referéndum y en contra de las actuaciones impulsadas por los poderes del Estado para impedir la consulta. Fue antes de que pidieran a los manifestantes que se disolvieran ante la imposibilidad de controlar ya la concentración.

En el atestado elaborado por la Guardia Civil, del que informó El Español, el teniente jefe del dispositivo revela una conversación mantenida en el lugar de los hechos con Jordi Sánchez en la que éste le comunicó que iba a llamar a Trapero "para comunicarle la situación". "Me pide que me identifique y que si quiero hablar con el sr. Trapero por teléfono, que lo tiene en el mismo", detalla. La respuesta del oficial del Instituto Armado fue expeditiva: "Le dije que, si quería hablar con alguien, que lo haga con el sr. general jefe de la zona de Cataluña".

Los líderes de las dos asociaciones independentistas, citados también a declarar en calidad de investigados

Los Mossos ya adelantaron que Trapero sostendrá en su comparecencia en la Audiencia Nacional que la policía catalana ha cumplido "estrictamente" las órdenes judiciales y de la Fiscalía en sus actuaciones sobre el referéndum del 1-O, lo que cuestionan abiertamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Fuentes jurídicas han dicho a Efe que ven poco probable por ahora que la Fiscalía solicite prisión preventiva para el jefe de los Mossos d'Esquadra, si bien esperará a ver cómo transcurre su declaración antes de tomar una decisión definitiva respecto a la petición de medidas cautelares.

Junto a Trapero, también han de comparecer este viernes los líderes de la ANC y Òmnium. Tanto Sánchez como Cuixart son señalados por el fiscal en la denuncia como posibles autores de un delito de sedición. El representante del Ministerio Pública explica que la ANC montó un puesto en el número 20 de la Rambla en la que se repartían chalecos y desde donde "se organizaban los turnos de relevo". En un intento de que los guardias civiles no pudieran llevarse a los detenidos, destaca, los voluntarios "hicieron un cordón" ante las puertas de Economía y Hacienda.

"Una noche larga e intensa"

"En esos momentos se produjeron situaciones de gran tensión en Via Laietana, donde los manifestantes se sentaron sobre el asfalto delante de los coches y furgonetas de la Guardia Civil para impedir su movilidad, conscientes de que era precisa la presencia de los mismos en diferentes puntos de la ciudad", expone el fiscal, que no pasa por alto que un grupo de manifestantes llegara a empujar a los agentes y a bloquear la salida de un vehículo del Instituto Armado.

La Fiscalía llama la atención sobre el hecho de que, en torno a las 20.20 horas, el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, se dirigiera a las "40.000 personas" que a esas horas ya se concentraban en la zona para decirles que "el 1 de octubre votaremos; si nos quitan las urnas, las construiremos" y que "nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa".

También apunta la responsabilidad del líder de Ómnium Cultural, que también llamó a la "movilización permanente" frente a las actuaciones que estaba llevando a cabo el Estado de Derecho para impedir que se celebrara el referéndum de autodeterminación.