Fue la noche más oscura de Alsasua en mucho tiempo. En el bar Koxka volverán a revivirla. En el cuartel de la Guardia Civil, también. Incluso en muchos hogares del municipio. Aquella madrugada llamada a ser festiva terminó teñida de violencia. Sucedió hace hoy justo un año, en las mismas ferias que desde el viernes atraen a cientos de visitantes al pueblo. Aquel 15 de octubre llevó al calabozo a nueve jóvenes del pueblo -y después a prisión­- y al hospital a dos guardias civiles y sus parejas, a los que agredieron.

Doce meses y decenas de movilizaciones y campañas después, quienes defienden a los agresores lo minimizan asegurando que fue una mera "pelea de bar". La Justicia en cambio lo ve de otro modo. Aquel grupo de hombres y mujeres, que tras identificarlos no dudaron en atacar con violencia a los dos agentes, cometieron un delito de terrorismo. Y lo hace con firmeza. La Fiscalía reclama nada menos que 375 años de cárcel para el conjunto de los acusados. Doce meses más tarde tres de aquellos jóvenes continúan en prisión y los otros cinco en libertad condicional a la espera de un juicio por graves delitos de terrorismo y con peticiones de pena de 50 años para cada uno. Tan sólo uno de los arrestados ha quedado en libertad.

Aquel grupo afín al movimiento Ospa Hemendik, que desde hace años reclama la marcha de la Guardia Civil de Alsasua, rodeó a los agentes que disfrutaban de paisano con sus parejas. Entre insultos y puñetazos les propinaron una paliza que terminó con ellos en el hospital. Desde entonces, los sectores afines a la izquierda abertzale y al nacionalismo vasco se han movilizado en su defensa. Lo han hecho con todo el apoyo de las principales instituciones de Navarra, y en menor medida de las del País Vasco. Los sectores cercanos a Bildu, el PNV, Geroa Bai y formaciones como Podemos llevan doce meses calificando lo ocurrido como "trifulca callejera". En algunos casos apelan a un "montaje policial" como argumento para explicar lo sucedido.

Las familias han organizado actos de apoyo a los jóvenes acusados al cumplirse el primer año de la agresión a la Guardia Civil

La tesis del auto de procesamiento de la juez Carmen Lamela desmonta por completo la teoría de la pelea de bar. La magistrada apunta a que todos los acusados conocían con anterioridad la condición de guardias civiles del teniente y el sargento agredidos, "siendo esta única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados". Por lo que ha trascendido de las declaraciones judiciales de los agredidos ante la juez, entre el grupo de agresores varios actuaron protegidos con capuchas, protección que a alguno de ellos se le cayó mientras golpeaba con fuerza a los agentes. Así lo relataron las víctimas, quienes subrayaron que en la paliza contaron con el apoyo de más de una treintena de personas.

Guardias civiles "sin derecho" a estar en el bar

En la reconstrucción de hechos la juez llega a identificar a Jokin Unamuno y Nahia Bengoetxea como las dos personas que en primer lugar se dirigen a ellos. Lo hicieron en torno a las 3.15 horas de la noche para reprocharles que "no tenían derecho" a estar en el interior del local, el bar Koxka de Alsasua. Posteriormente, entre 20 y 25 personas les rodearon y comenzaron a insultarles y agredirles: "Tenéis lo que os merecéis, iros de aquí, hijos de puta, cabrones fuera de aquí, putos picoletos, txakurrak (perros), alde hemendik! (¡fuera de aquí!), utzi pakean! (¡dejadnos en paz!)".

Ya en el exterior la agresión continuó con más golpes. María José, novia del teniente agredido y natural de la localidad navarra, relató ante la juez que "quienes más fuerte golpeaban iban encapuchados". Golpearon sin miramiento, relata, dando patadas incluso en la cabeza: "No miraban dónde daban".

Este fin de semana el apoyo ha vuelto a escenificarse en Alsasua. Las plataformas de padres de los acusados y de movimientos afines se han organizado en actos como la recogida de cartas de apoyo a los tres encarcelados, Oihan Arnanz, Adur Rámirez de Alda y Jokin Unamuno. También han abierto una exposición que reúne todos los actos y muestras de apoyo recabadas contra "el montaje" policial.

Un respaldo que vivió durante el verano su momento más intenso y que tras un año de movilizaciones se ha ido rebajando. Incluso las familias son conscientes de que tras la efervescencia inicial, el proceso judicial continúa y las acusaciones a las que se enfrentan sus hijos son de gravedad y por tanto no es adecuado continuar tensando la cuerda. Tanto es así que el tradicional 'escrache' a la Guardia Civil que a finales de agosto o principios de septiembre se solía celebrara en Alsasua este año se ha suspendido.

Un año después sólo un agente continúa destinado en Alsasua. La presión contra la presencia de la Guardia civil se ha mantenido

En la exposición que los sectores que respaldan a los agresores han abierto al público no figura la situación por la que atraviesan no sólo los dos agentes agredidos sino también sus parejas. Un año después de ser atacados, los dos guardias civiles, el sargento Álvaro Cano y el teniente Oscar Arenas, se han recuperado del impacto. El primero lo hace destinado aún en Alsasua, el segundo lejos de allí. Ambos han recibido reconocimientos públicos por su labor y el apoyo de multitud de personas de fuera de la localidad navarra.

En cambio, en el cuartel durante todo este tiempo ha sido evidente cierto malestar por el apoyo que por parte de las instituciones navarras se les ha manifestado en privado pero que se ha ocultado en público. En la calle el respaldo institucional se dirige únicamente al entorno de los agresores.

Muestra de ello son las manifestaciones del alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, al asegurar días antes de los Sanfermines que tras conocer la petición de la Fiscalía a él, como alcalde, nadie debería reclamarle "respeto institucional, ni contención, ni acatamiento, no voy a tener pelos en la lengua", dijo. Unas fiestas en las que el Consistorio se volcó en una concentración multitudinaria en apoyo a los encausados.

También han sido constantes los apoyos de cargos públicos o representantes de formaciones políticas en actos de movilización en apoyo a los agresores. Formaciones como Sortu han llegado a afirmar en las redes sociales que el Estado tiene "secuestrados" a los tres jóvenes encarcelados.

Tres jóvenes en prisión, ocho ante 50 años de cárcel

Además de la situación personal de los agentes, en este año el sentir general en el cuartel también ha cambiado. Hasta entonces la relación con las instituciones, como el Ayuntamiento y la alcaldía de Alsasua -de Geroa Bai- avanzaban hacia una relación fluida que ahora se ha visto interrumpida. También entre algunos sectores del vecindario, con los que se había alcanzado una relación más o menos cordial, se percibe con mayor reticencia.

Desde la madrugada del 15 de octubre de 2016 tampoco las parejas de los agentes lo han tenido más fácil. María José, una de las mujeres agredida, ha visto cómo ante el bar que regentan sus padres y cerca de su casa las pancartas de apoyo a los encausados y en contra de la Guardia Civil han continuado todos estos meses. Por eso ha comenzado a prolongar más sus estancias en la capital en Pamplona, lejos de Alsasua, en un intento por desconectar del clima hostil que respira en el municipio.

Las familias han contado con el respaldo de instituciones y partidos en Navarra para apuntalar la tesis de que todo fue "una pelea de bar"

Por el momento, el balance de los movimientos de apoyo a los agresores responde más a posiciones políticas que judiciales. La petición de excarcelación de los tres principales acusados no ha prosperado. Acumulan ya doce meses en prisión. Tampoco siguió adelante la petición de la Audiencia de Navarra para que el caso fuera juzgado en Navarra. El Tribunal Supremo resolvió que era la Audiencia Nacional la competente para juzgar el caso al dar credibilidad a los indicios apuntados por la Fiscalía que considera que los graves incidentes ocurridos hace ahora un año pueden ser constitutivos de un delito de lesiones terroristas.

De los ocho imputados tan sólo a uno de ellos, a una mujer, A.U. se le rebaja la petición de pena a 12,5 años al imputársele un único delito de lesiones terroristas. A los otros siete acusados la petición de la Fiscalía se mantiene en cuatro delitos de lesiones terroristas –por la agresión a los dos agentes y sus parejas- lo que eleva la petición de pena a 50 años para cada uno de ello. Entre todos ellos, a uno de los jóvenes, O. A., se le suma además un delito de amenaza terrorista, con lo que en su caso la petición se eleva a 62,5 años de cárcel.

El último movimiento hecho por las familias pasa por pedir el amparo de las instituciones comunitarias por lo que consideran que es una "desproporción" de la Fiscalía. Por ahora, tanto el PNV como IU, Bildu y Podemos tan sólo han logrado una respuesta del vicepresidente de la Comunidad Europea, Frans Timmermans en la que se compromete a seguir con atención este caso y actuar si finalmente se confirma que ha existido "desproporcionalidad" en este caso de acuerdo a la Carta de Derechos humanos de la Unión Europea.