El fiscal pide sin éxito prisión para la oficial de los Mossos investigada por sedición

La magistrada que investiga la posible comisión de un delito de sedición en torno al referéndum del 1-O ha rechazado la petición de la Fiscalía de mandar a prisión eludible bajo fianza de 40.000 euros a la intendente de los Mossos d'Esquadra Teresa Laplana y le ha impuesto medidas cautelares leves, según ha avanzado El Español. En concreto, a la oficial le retiran el pasaporte, le prohíben salir de España y le obligan a comparecer cada dos semanas en un juzgado.

Laplana es uno de los cuatro imputados que declaran este lunes ante la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. La oficial de Policía lo ha hecho a través de videoconferencia, como ya hizo el pasado 6 de octubre.

El posicionamiento del Ministerio Público alimenta la idea de que también pedirá medidas cautelares para el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, que ha empezado a declarar en torno a las 13.45 horas. La petición también alcanzará previsiblemente a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de las organizaciones soberanistas Asociación Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural y citados también a declarar como imputados.

El Ministerio Público pedía prisión eludible bajo fianza de 40.000 euros para la intendente Teresa Laplana

Las declaraciones del máximo responsable operativo de los Mossos y de los presidentes de la ANC y Òmniun Cultural, que estarán precedidas por las de dos guardias civiles que participaron en el operativo aquel día y por las de la secretaria judicial que tuvo que huir por la azotea, tiene lugar cuando ya se conoce la respuesta de Carles Puigdemont al requerimiento del presidente del Gobierno.

Trapero, Sánchez y Cuixart ya tuvieron que presentarse ante la magistrada Carmen Lamela el pasado 6 de octubre tras la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal el 22 de septiembre. La titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional les anunció entonces que volvería a citarlos una vez que las partes hubieran tenido tiempo de analizar el atestado elaborado por la Guardia Civil sobre los hechos ocurridos aquel día y que compromete seriamente a los investigados. Ése fue el motivo por el que tampoco se celebró la vistilla de medidas cautelares, como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Diversas fuentes jurídicas consultadas por El Independiente no albergan dudas de que el Ministerio Público pedirá que se adopten medidas contra el mayor de los Mossos. La duda es si aquéllas serán incluso de naturaleza personal, es decir, si pedirá prisión preventiva atendiendo a los indicios y testimonios recabados por los investigadores sobre la presunta inacción de la Policía Autonómica catalana y a la severidad de la pena con que se castiga el delito de sedición en España.

Fuentes jurídicas dan por seguro que se pedirán medidas para el mayor de los Mossos, con la duda de si será prisión preventiva

En su artículo 544, el Código Penal describe a los sediciosos como aquellos que "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales". La comisión de este ilícito se pena con entre cuatro y 15 años de prisión, agravante para el caso de que los autores tengan el carácter de autoridad.

El nuevo informe aportado a la causa por los investigadores policiales no sólo respalda los primeros indicios reproducidos por el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo en su denuncia sino que amplía la posible comisión del delito hasta el 1-O, el día en el que el Gobierno de Puigdemont llevó a cabo el referéndum de autodeterminación pese a estar suspendido por el Tribunal Constitucional. A juicio de la Guardia Civil, el comportamiento aquel día del Cuerpo dirigido por Trapero fue de "inacción flagrante", lo que contribuyó a que en la mayoría de los colegios electorales pudiera votarse y a que tan sólo se requisara un porcentaje mínimo de urnas en contra del mandato judicial.

El nuevo atestado de la Guardia Civil aportado a la causa compromete más aún a Trapero y a Jordi&Jordi

Especialmente comprometedor para los investigados es el testimonio de la secretaria judicial que participó en los registros el 20 de septiembre. En un informe que consta ya en la causa, adelantado por El Español, la funcionaria relata por escrito la osadía para salir de la Consejería de Economía y Hacienda ante la multitud que se congregaba a las puertas del edificio. "A las 23.30 horas [el registro había terminado a las 20.40 horas] se nos ofreció salir por un acceso trasero del edificio que daba a otro edificio con salida a la Gran Vía, trepando y escalando tejados y azoteas. Dicha opción no fue aceptada por los guardias civiles por orden expresa de su superior, pero personalmente no podía soportar más la presión y opté por salir", expone la secretaria judicial, que asegura que aquel día sintió "terror y humillación".

El origen del presunto delito de sedición que se investiga tiene su origen el 20 de septiembre, con ocasión de los registros y detenciones ordenados por el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona en el marco del procedimiento instruido para intentar desbaratar el 1-O. Entre las 00.07 y las 00.13 horas del 21 de septiembre, más de dos horas después de que terminara el registro, el juez hubo de ponerse en contacto con el mayor de los Mossos para ordenarle expresamente que activara el dispositivo de seguridad necesario que permitiera la salida de la comisión judicial ante la situación de tensión existente, según detalló el fiscal.

La causa que instruye la juez Lamela trata de determinar cuál fue el dispositivo que los Mossos pusieron en marcha para evitar que la multitud concentrada a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda intentara impedir que los funcionarios judiciales y  los agentes de la Guardia Civil pudieran llevar a cabo el registro en busca de pruebas que demostraran la preparación del 1-O y el posterior abandono de las dependencias oficiales, dado que es la Policía de la Generalitat el cuerpo policial con competencias en seguridad ciudadana en Cataluña.

Tras la declaración de Trapero el pasado 6 de octubre, la Dirección General de la Policía y la Consejería de Interior informaron en un comunicado de que el mayor defendió ante la juez que la actuación fue la "correcta y necesaria en atención a las circunstancias que concurrieron aquel día", al tiempo que llama la atención que este Cuerpo no fue avisado con la "suficiente antelación para poder planificar el dispositivo". "La primera noticia que tuvieron los Mossos respecto a la actuación policial de la Guardia Civil vino a través de los medios de comunicación", indicaron.

"Percepciones diferentes"

Por ello, la Policía de la Generalitat considera que Josep Lluís Trapero no ha cometido sedición "ni ha participado ni colaborado de ninguna manera" en la comisión de cualquier otro delito. "Entendemos que puede haber percepciones diferentes sobre el dispositivo policial por parte de la Guardia Civil -el otro cuerpo policial que intervino aquel día-, porque también la forma de afrontar los problemas de orden público se plantea de manera diferente en ambos cuerpos", añadieron.

Los Mossos sostienen que, a la hora de afrontar situaciones que pueden generar problemas de orden público, activan "todos los mecanismos" que le permiten hacer frente a ese problema de manera inmediata y su desarrollo futuro. En este sentido, aseguran que la manera con la que gestionó el dispositivo los pasados 20 y 21 de septiembre ante la multitud concentrada a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda en nada se diferencia de los operativos desplegados en otras situaciones con estas características, "independientemente de los motivos y colectivos que las provoquen".

Un patrullero de los Mossos, a las puertas de la casa del líder de la ANC. EL INDEPENDIENTE

De otro lado, los pinchazos bajo autorización judicial a teléfonos de altos cargos de la Generalitat detenidos el pasado 20 de septiembre han permitido a los investigadores obtener claras evidencias sobre el dispositivo de contravigilancia ofrecido por la Generalitat a los actores del proceso independentista más expuestos ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por su nivel de responsabilidad. Uno de ellos sería Jordi Sánchez, como desveló este periódico.

Las medidas cautelares también alcanzarán con casi toda seguridad a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, a los que la juez Lamela atribuye un papel "esencial" en el diseño y ejecución del procedimiento de independencia promovido unilateralmente por la Generalitat. "Los hechos acaecidos no suponen un hecho aislado" como sostienen los líderes de la ANC y Òmnium, sino que "se enmarcan dentro de una estrategia compleja con la que desde hace tiempo vienen colaborando los investigados Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, en ejecución de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña y donde ambos forman parte de un comité estratégico con unas funciones concretas a ejecutar", argumentó la magistrada en el auto en el que rechazó apartarse para dejar la instrucción de la causa en manos de un juzgado de Barcelona, como pedían ambos imputados.

Puesto logístico

En relación con los hechos que se investigan, el fiscal llamó la atención sobre el hecho de que la ANC hubiera montado el 20 de septiembre un puesto en el número 20 de la Rambla de Barcelona en el que se repartían chalecos y desde donde "se organizaban los turnos de relevo". En un intento de que los guardias civiles no pudieran llevarse a los detenidos, destaca, los voluntarios “hicieron un cordón” ante las puertas de Economía y Hacienda.

"En esos momentos se produjeron situaciones de gran tensión en Via Laietana, donde los manifestantes se sentaron sobre el asfalto delante de los coches y furgonetas de la Guardia Civil para impedir su movilidad, conscientes de que era precisa la presencia de los mismos en diferentes puntos de la ciudad", expuso el fiscal, que no pasa por alto el hecho de que el presidente de la ANC se dirigiera en torno a las 20.20 horas a las "40.000 personas" que a esas horas ya se concentraban en la zona para decirles que "el 1 de octubre votaremos; si nos quitan las urnas, las construiremos" y que "nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa".

La Guardia Civil ha puesto de manifiesto que tanto Sánchez como Cuixart se subieron a un vehículo con el logotipo de la Guardia Civil llamando "a la movilización permanente a favor del referéndum y en contra de las actuaciones para impedirlo" y que sólo cuando vieron que no podían controlar ya a la muchedumbre les instaron a disolverse.