La sesión de este miércoles en el Congreso de los Diputados se salió del guión previsto del control al Gobierno cuando los diputados de Unidos Podemos y de PdeCat, el partido de Carles Puigdemont, se pusieron en pie en sus escaños para pedir la libertad de los "presos políticos" Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los líderes de la ANC y Ómnium Cultural, respectivamente, a los que la Audiencia Nacional ha decretado prisión preventiva por un posible delito de sedición al impedir a la Guardia Civil el registro de la Consellería de Economía. En el Hemiciclo, todos los diputados morados y nacionalistas portaban carteles blancos con la palabra 'Libertad'. Todos menos uno.
Mientras toda la bancada del grupo morado se ponía en pie sujetando los carteles de protesta, el magistrado en excedencia Juan Pedro Yllanes se mantuvo en su asiento, con gesto visiblemente serio. Sin ponerse en pie, aplaudir ni hacer aspavientos. Tampoco tenía pancarta alguna. El espectáculo soliviantó a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que reprendió duramente a los dirigentes y pidió la retirada "inmediata" de los carteles, antes de llamar al orden hasta en dos ocasiones.
"Les recuerdo que estamos aquí en representación de los ciudadanos y que el espectáculo que están dando no se corresponde con lo que representamos. Aquí hay libertad, aquí se puede hablar, pero aquí se defienden las ideas con la palabra y no con el espectáculo", ha recordado la presidenta del Congreso de los Diputados, que precisó que "también se hacen espectáculos ocn los gestos o diciendo palabras ofensivas", en referencia al corte de mangas que dedicó este martes una diputada del PdeCat a Toni Cantó. El diputado por Baleares escuchaba impasible desde su escaño estos toques de atención, ajeno a lo que pasaba a su alrededor y en línea con la distancia que ha tomado con la dirección oficial del partido en los últimos meses.
Este juez fue uno de los fichajes estrella más sonados de Podemos. Dejó su puesto como presidente de la sección primera de la Audiencia Provincial de Baleares, encargada de juzgar el ‘caso Nóos’, para ocupar el número 1 por Mallorca. Uno de los defensores de las tesis errejonistas, su postura le llevó en septiembre del año pasado a ser despojado de la portavocía de la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, y conllevó hasta amenazas de “ojito con lo que dices” por parte de Juan Carlos Monedero, según denunció en diciembre. Después de concurrir con Iñigo Errejón en la asamblea de febrero de Vistalegre II, el diputado renunció a integrar la dirección del partido pese a haber resultado elegido para ello y desde entonces se ha desmarcado públicamente de algunas de las decisiones del partido.
En marzo, Yllanes ya afeó una iniciativa de la nueva dirección de Podemos, que dio su apoyo a los detenidos por la agresión a dos guardias civiles y a sus parejas en Alsasua y denunció que los imputados se enfrentaban a un "procedimiento injusto". Aunque el partido de Pablo Iglesias anunciaba que “la totalidad del grupo” había firmado un manifiesto de apoyo a la causa, Yllanes se desmarcó de esta postura.
El juez se salió de la línea oficial y aseguró poco después no sólo que no había secundado el texto, sino que no tenía conocimiento del mismo y que, en caso de haberlo tenido, “no habría firmado absolutamente nada”. Además, se manifestó públicamente en desacuerdo y aseguró que, aunque no había leído el manifiesto, no estaba de acuerdo con la decisión de su grupo de recibir a los familiares de los imputados.
La gestión de la crisis catalana también ha dividido a Unidos Podemos en las últimas semanas. El posicionamiento cercano a las tesis independentistas, después de apoyar el referéndum ilegal del 1 de octubre y de descolgarse de la reforma constitucional sobre el modelo autonómico propuesto por el PP han provocado intensas críticas en el seno Podemos, reforzadas por la caída en picado en las encuestas. El apoyo a los Jordis, que se encuentran en prisión por orden de la Audiencia Nacional, también genera contradicciones en el partido. La cuestión sobre la mesa es hasta qué punto deben los de Iglesias solidarizarse con el soberanismo, llegando incluso a cuestionar al propio poder judicial, del que Yllanes ha formado parte hasta hace apenas dos años.
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