El día del 155 | Vídeo: Mario Viciosa y Giulio M. Piantadosi
Nunca en la historia de la democracia un Gobierno se había visto obligado a activar una de las medidas más drásticas que contempla la Constitución española. El primero en aplicar el artículo 155 será el de Mariano Rajoy. El Consejo de Ministros acordó el pasado sábado ponerlo en marcha definitivamente en Cataluña, y se activará este viernes tras la votación de la declaración de independencia.
Y lo hará desarrollando un conjunto de medidas que persiguen, según Mariano Rajoy, cuatro objetivos: “Recuperar la legalidad, volver a la normalidad, continuar con el crecimiento económico y celebrar elecciones”. La iniciativa de Moncloa tendrá repercusiones vitales sobre el funcionamiento de las instituciones catalanas. Estas son las medidas clave, y así han quedado tras su paso por el Senado.
Cae el Govern de Puigdemont
La aplicación definitiva del artículo 155 supone la destitución fulminante de Carles Puigdemont y de todos los consejeros del Govern. Si se produce la autorización por parte del Senado, se prevé el nombramiento de un “ministro” especial para Cataluña. Probablemente también de un órgano colegiado que gestiones durante unos meses la Comunidad. "El cese implicará la sustitución en el ejercicio de todas las funciones que les son propias como presidente, vicepresidente y miembros del Consejo del Gobierno y como titulares de sus respectivos Departamentos o Conserjerías", señala el acuerdo de 19 páginas firmado el sábado por el Consejo de Ministros.
Este apartado ha sufrido una ligera modificación en el Senado, en el párrafo que decía "el ejercicio de dichas funciones corresponderá a los órganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno de la Nación". La nueva redacción atribuye directamente esta potestad al Gobierno de la Nación, bajo la siguiente fórmula: "El ejercicio de dichas funciones corresponderá al Gobierno de la Nación o a los órganos o las autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno de la Nación".
Cuenta atrás para las elecciones
El presidente del Gobierno convocará elecciones en un plazo máximo de seis meses. Si se agotara todo el plazo, habría que sumar otros 54 días para la convocatoria electoral. La intervención se mantendrá hasta que tome posesión el nuevo gobierno que salga de las elecciones autonómicas, aseguraron fuentes de Moncloa.
No hay cambios en este sentido, aunque se incluye la enmienda propuesta por el PSOE sobre la gradualidad de la aplicación del 155. Este es el textual: "En este apartado se contemplan previsiones respecto de la posibilidad de plantear modificaciones o actualizaciones de las medidas, así como de anticipar su cese si cesasen las causas que lo motivan. Además, el Gobierno, atendiendo a la evolución de los acontecimientos y de la gravedad de la situación, llevará a cabo una utilización proporcionada y responsable de las medidas aprobadas por el Senado, modulando su aplicación si se produjeran cambios en la situación u otras circunstancias que así lo aconsejen".
Cada euro del presupuesto, bajo el control de Montoro
El Ministerio de Hacienda llevaba ya semanas vigilando que la Generalitat no desviara dinero público hacia actividades relacionadas con el secesionismo. Con la aplicación del artículo 155 las cosas cambian. El Gobierno pasa de ser un inspector a directamente el cajero de Cataluña. Dicho de otro modo, hasta ahora el Gobierno central supervisaba; ahora también podrá decidir en qué gastar el dinero. Esto no sufre cambios.
Interior mandará sobre los Mossos
El Gobierno central asumirá las competencias en materia de Interior en Cataluña. Será el ministerio que lidera Juan Ignacio Zoido el que mandará sobre los Mossos d'Esquadra. Interior también tendrá potestad para sustituir a responsables de la policía autonómica por miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. La medida aprobada este sábado conllevará la suspensión en sus funciones de Josep Lluís Trapero, que llevaba menos de siete meses como mayor de los Mossos. Tampoco hay modificaciones.
Poder de supervisión sobre TV3
La gestión de los medios de comunicación autonómicos no queda en manos de Moncloa, pese a que esta previsión sí aparecía en la redacción original del 155. La definitiva, aprobada por el Senado, la elimina por completo. El texto aprobado por la Cámara ordena borrar un párrafo completo, concretamente el que se refiere a "garantizar la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con elequilibrio territorial; así como el conocimiento y respeto de los valores y principios contenidos en la Constitución".
Así pues, las televisiones y radios públicas de Cataluña quedan fuera del control estatal.
El control sobre el Parlament
La redacción definitiva del 155 aprobada por el Senado y publicada en el BOE también matiza de manera importante el control del Gobierno sobre el Parlament de Cataluña. Elimina dos párrafos completos y relevantes. Son los que indicaban que la Mesa del Parlament debía remitir toda iniciativa a las autoridades designadas por el Gobierno para su estudio y valoración. También se elimina de la aplicación del 155 la imposibilidad de debatir asuntos que no hayan sido previamente aceptados por la autoridad designada.
Destaca aquí la redacción recogida por el propio BOE: "Suprimir los párrafos segundo y tercero del subapartado D.4, ambos relativos a la remisión a una autoridad gubernativa estatal de actos del Parlamento de Cataluña, por ser contrarios a la Constitución".
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