El Gobierno se limitará al "despacho de asuntos ordinarios" de la Generalitat

El Ejecutivo de Mariano Rajoy va a intentar limitar su actuación en el Gobierno de la Generalitat al "despacho de asuntos ordinarios" en una gestión "sin estridencias" y "lo más light posible". Éste es el mensaje que se ha traslado a responsables de gabinete y directores de comunicación de los ministerios, así como a los portavoces parlamentarios del PP, ante el más que previsible cese, el próximo fin de semana, del presidente autonómico, Carles Puigdemont, y del resto del Govern, salvo sorpresas de última hora.

Los distintos ministerios "se van a encontrar con una legislatura prácticamente rematada en Cataluña", según han comentado desde Moncloa a los distintos equipos ministeriales y portavoces parlamentarios, en la que "tampoco va a dar tiempo a hacer mucho", aunque han admitido este lunes en una reunión interna dirigida por la secretaria de Estado para la Comunicación, Carmen Martínez Castro, que "este camino lo vamos a aprender andando" ante la ausencia de antecedentes.

"No va a haber gestos de calado, se trata de aplacar al contrario. No imaginamos a los ministros aquí"

Lo cierto es que hay ministerios que apenas van a notar la intervención de las competencias del Ejecutivo catalán. Es el caso de Economía, Fomento, Agricultura, Energía y Empleo. También a medias lo advertirán Exteriores o Defensa porque las autonomías no tienen competencias transferidas en ninguna de las dos materias, aunque Alfonso Dastis quizá tenga que desmontar la maquinaria exterior organizada por la Generalitat, con 42 'embajadas' comerciales. Quienes van a tener más tarea, por mucho que se limiten a la gestión de los asuntos ordinarios, son Vicepresidencia, Interior, Educación, Justicia y Sanidad, y muchos trabajadores de esos departamentos se preguntan si deberán desplazarse a Barcelona una temporada.

Dado que se trata de un periodo de interinidad, destinado a conducir a la Generalitat a la senda de la legalidad hasta la celebración de las elecciones autonómicas en un plazo no superior a los seis meses, "no va a haber gestos de calado. Se trata de aplacar al contrario con el mensaje de que Cataluña sigue su curso. No creemos que los ministros vayan a venir mucho por aquí", afirman fuentes gubernamentales desde la comunidad.

Parecen descartadas medidas de fuerza si los "señalados" se atrincheran en sus despachos

Parecen descartadas medidas de fuerza en caso de que los distintos cargos señalados con el cese se atrincheren en sus despachos. Desde el PP aseguran no imaginarse a Carles Puigdemont en ese trance, aunque todo es posible. También Moncloa pone el acento en que se apartará al alto cargo, esto es, los consellers, lo que conlleva la salida de asesores de confianza, que cesan cuando cesa su jefe. Otra cosa es que el resto se rebele, por lo que echarían mano del requerimiento del Gobierno respecto a la asunción de medidas disciplinarias para quienes no cumplan las órdenes de los nuevos gestores. Se da por seguro, en todo caso, el cese el mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, y del director de la televisión autonómica, Vicent Sanchís.

Precisamente la intervención de TV3 va camino de convertirse en el principal quebradero de cabeza para el Gobierno. "Es el follón", han resumido de manera muy gráfica en Moncloa. Ni siquiera se garantiza el éxito con el relevo de la dirección. Todo son incógnitas y pocos los nombres que se animen a coger esas riendas.

Educación, difícil revertir la situación en seis meses

En materia de educación, las fuentes consultadas reconocen que la intervención derivada de la aplicación del artículo 155 difícilmente puede revertir en seis meses la situación actual. Desde el PP y el Gobierno se reconoce la preocupación por la deriva tanto en algunos contenidos educativos como en la actuación de los profesores a la hora de hacer partícipes a los alumnos del proceso independentista. Pero esa deriva, que en las últimas semanas ha aflorado con denuncias de adoctrinamiento desde las escuelas, debe ser objeto de un amplio pacto, en el que como mínimo deberían participar PSOE y C’s y que debe comportar acciones a medio y largo plazo.

En este contexto, señalan que la actuación en los próximos meses debe centrase en frenar la deriva independentista en algunos ámbitos de la escuela catalana con una actuación rigurosa de la Alta Inspección en Educación, en los ámbitos que le son propios. Una actuación que debe nacer de las denuncias de comportamientos como la participación de menores en manifestaciones políticas durante el horario escolar o en denuncias de padres para erradicar ese tipo de actuaciones. En otras palabras, hacer patente que existe otro poder por encima del de la Conselleria de Educación.

Control de los Mossos y cese de Trapero

El control de los Mossos d'Esquadra, cuya pasividad para impedir que el 1-O pudiera votarse investigan al menos 13 juzgados catalanes, es una de las piedras angulares del plan diseñado por el Gobierno de la nación para restablecer el orden constitucional en Cataluña. La Policía de la Generalitat pasará a depender del Ministerio del Interior -concretamente de la Secretaría de Estado de Seguridad, a la que están adscritas la Policía Nacional y la Guardia Civil- y como primera medida se destituirá como mayor a Josep Lluís Trapero, investigado por el Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional por la posible comisión de un delito de sedición.

Desde hace semanas, los sindicatos con representación en el Cuerpo Nacional de Policía y las organizaciones profesionales de la Guardia Civil demandaban a Interior que instara la inhabilitación del máximo responsable operativo de los Mossos, con el argumento de que un mando imputado por sedición no debe estar al frente de un cuerpo armado. Para el Govern, Trapero es 'intocable'.

La duda que se plantea ahora es cuál será la actitud de la segunda y tercera línea de mando y de los agentes al pasar al tener que obedecer al Gobierno en vez de al Ejecutivo autonómico. Interior confía en que, bajo amenaza de suspensión y empleo, los policías de la Generalitat acaten las órdenes que se dicten a partir de que el Senado apruebe las medidas planteadas por el gabinete de Rajoy.

Tutela del Gobierno

En principio, desde Moncloa trasladan que con la aplicación del 155 la tutela de la Generalitat no la ejerce el Gobierno central sino el Senado. Si bien al Gobierno le corresponde ejecutar dicha tutela, el proceso que se abrirá este martes en la Cámara Alta -con la constitución de la comisión conjunta con la de Comunidades Autónomas y la Constitucional- deberá culminar en el pleno del viernes por la mañana diga lo que diga Puigdemont, al que se da la opción de acudir tanto a la comisión como al pleno dela Cámara Alta a presentar sus alegaciones. Sorpresivamente, parece que ha recogido el guante, aunque desde el PP se muestran bastante escépticos respecto a la posibilidad de que diga algo que ponga fin a la deriva secesionista.

Comienza a extenderse la idea de que sólo un giro inequívoco del president de acatamiento de la legalidad posibilitaría que el Senado votara el viernes en contra de la intervención de la Generalitat. Llegados este punto, cualquier marcha atrás del Ejecutivo central dejaría la sensación de que Puigdemont sale indemne del mayor desafío al Estado democrático desde la aprobación de la Constitución, aunque ya esté querellado ante el TSJ de Cataluña tras firmar el decreto de convocatoria del 1-O.

De hecho, el portavoz del PP y vicesecretario de Comunicación de este partido, Pablo Casado, ha puntualizado que el 155 "ya está activado y a la espera de aprobación por la Cámara Alta. No es serio que la Generalitat pretenda jugar con las instituciones españolas. Confíamos poco en él. Sus últimas comparecencias han sido bastante ininteligibles".