Las productoras, objetivo de la intervención en los medios públicos

La intervención del Gobierno en los medios de comunicación públicos catalanes ha sido uno de los aspectos más polémicos de la anunciada aplicación artículo 155 de la Constitución, con denuncias de ataque a la libertad de expresión y libertad de prensa incluidos. Sin embargo, la actuación del Gobierno podría centrase mucho más en la gestión de los recursos destinados a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) que a la designación de nuevos responsables en las áreas claves de la televisión y la radio públicas catalanas.

La Corporación gastó 642 millones de euros entre 2005 y 2016 en producciones externas, de los que 260,7 millones fueron a parar a las siete principales proveedoras de contenidos de TV3, según una respuesta parlamentaria de la presidenta de la CCMA, Núria Llorach. Se trata de programas de entretenimiento y ficción, pero también tertulias de actualidad gestionadas por ex periodistas de la casa que abandonaron TV3 para crear productoras desde las que siguen nutriendo de contenidos a la televisión autonómica. Unos contenidos que en muchos casos han servido para sustentar el discurso independentista.

Entre esas grandes beneficiarias destacan Gestmusic, que a través de Diagonal TV es la reina de las series de sobremesa de TV3, y Minoría Absoluta, la productora de los espacios de parodia política y deportiva Polònia y Crackòvia, ambas con cuentas a favor superiores a los 65 millones de euros en ese periodo. En el grupo de cabeza también se encuentran Mediapro, que ha obtenido financiación de la CCMA para varios proyectos cinematográficos, y El Terrat, responsable de espacios de entretenimiento, con tertulia incluida, como Divendres. 

Sin olvidar el programa que dirige cada mañana Mónica Terribas desde las ondas de Cataluña Ràdio, El Matí de Catalunya Ràdio, por el que la periodista, fundadora del diario Ara junto a Toni Soler (Minoría Absoluta) o Antoni Bassas (Royal Box), se embolsa 1,2 millones de euros.

Este modelo ha sido criticado, hasta ahora con escaso éxito, tanto por el sector como por los propios trabajadores de la CCMA, que cuenta con una plantilla de más de 2.200 trabajadores. Los costes laborales suponen el 53% del presupuesto de la Corporación, y sus trabajadores reivindican desde hace años, y especialmente ante las amenazas de ERE de los años de recortes del Gobierno de Artur Mas, que se abandone esa política de externalizaciones que afecta no sólo a programas de ficción sino también al entretenimiento y espacios de actualidad que podrían sustentarse con medios propios.

Y es esa la vía por la que podría hacerse efectiva la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Tanto desde el Gobierno como en el PP catalán son conscientes de que una intervención en los cuadros directivos de los medios públicos no tendría más efecto que el de presentar al Ejecutivo como un censor. Pero en el momento en que se asuman las riendas de los Departamento de Presidencia, que incluye la Secretaría de Comunicación, y de Economía, los 309,5 millones de euros que el presupuesto de la Generalitat para 2017 destinaba a la CCMA estarán bajo supervisión del Gobierno.