Política

El PSOE se aleja del Gobierno y defiende que unas elecciones sí frenarían el 155

La portavoz parlamentaria socialista, Margarita Robles.
La portavoz parlamentaria socialista, Margarita Robles.

El PSOE va marcando diferencias con el Gobierno sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña e insiste en agotar todas las fórmulas legales posibles para evitarlo. Entre ellas se encuentra la posible convocatoria de elecciones anticipadas en la comunidad, unos comicios que serían suficiente para frenar la intervención en Cataluña a juicio del PSOE. Por su parte, el Gobierno entiende que la mera convocatoria electoral no supone una "vuelta a la legalidad" por parte del Govern, ya que se sigue acogiendo a leyes invalidadas por el Tribunal Constitucional como la de Transitoriedad.

En ese sentido, el PSOE da un último plazo a Carles Puigdemont para frenar la aplicación del 155. El partido de Pedro Sánchez abre la puerta ahora a paralizar la intervención del autogobierno catalán en el caso de que el president convoque elecciones autonómicas antes del viernes y rechace proclamar la independencia. Se desmarca así de la línea del Ejecutivo, que en las últimas ha defendido que el mecanismo constitucional ya se ha puesto en marcha y continuará con su aprobación este viernes en el Senado.

"Si se convocan elecciones con arreglo al marco constitucional por parte de Puigdemont no tendría raazón de ser la puesta en marcha del mecanismo del 155, una medida excepcional que arranca con su aprobación en el Senado", ha defendido la portavoz socialista, Margarita Robles, en una rueda de prensa en el Congreso. "Una convocatoria de elecciones significaría un acatamiento del orden constitucional". Con este movimiento, los de Pedro Sánchez buscan marcar una línea propia e independiente del Ejecutivo, después de que en las últimas horas los partidos nacionalistas y Podemos le hayan acusado de guardar complicidad con el PP.

Los socialistas ahora aseguran que "si finalmente el 155 se pone en marcha será una responsabilidad exclusiva de Puigdemont que no ha tenido la responsabilidad histórica que exige este momento de convocar elecciones para todos los catalanes", ha señalado la portavoz.

Este lunes Óscar Puente ya mostraba la incomodidad del PSOE con este herramienta. “No estamos en el 155 por gusto ni dando saltos de alegría. Es el último recurso que el Estado de Derecho concede a la sociedad para poner orden, sentido común y racionalidad a una situación caótica. Por tanto, las medidas son duras”, señaló Puente sin ambages. “Tengo esperanza en que pueda servir. La simple puesta encima de la mesa está llevando a algunos a reflexionar. A ver si finalmente no hay necesidad de aplicarlo. Sería buenísimo para España y para Cataluña. Confiamos en que sea útil”.

Discrepancias con el Gobierno

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha expresado este mismo martes en la posición contraria, y ha asegurado que el Senado será quien tenga que tomar la decisión respecto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña si finalmente el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoca elecciones autonómicas. "Esa decisión la tiene que tomar el Senado", ha respondido el titular de Justicia a los medios de comunicación a la pregunta de si es posible paralizar la aplicación de las medidas acordadas por el Gobierno en aplicación del artículo 155 si la Generalitat convoca elecciones.

Catalá ha subrayado que es "en el Senado donde hay que mantener ese debate" después de que el Gobierno haya aprobado una serie de medidas y las haya remitido a la Cámara Alta para su debate en el pleno del próximo viernes.

No obstante, el ministro ha aprovechado para insistir en que un proceso electoral "no convalida" los reiterados incumplimientos que "desde hace meses" está protagonizando Puigdemont y su gobierno con la aprobación de normas que han sido anuladas o invalidadas por el Tribunal Constitucional". Pese a estas decisiones judiciales, ha añadido Catalá, Puigdemont "ha seguido adelante como si no tuvieran efecto para ellos las sentencias o no tuvieran que aplicarse la Constitución o el propio estatuto de Cataluña".

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