El Consell de Garanties Estatutàries (CGE), órgano consultivo de la Generalitat, ha concluido que el Gobierno central no puede cesar al Ejecutivo catalán en aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, ni limitar las funciones esenciales del Parlament ni adoptar medidas generales de intervención de la administración autonómica.

El Govern pidió un dictamen sobre el acuerdo que puede tomar el Senado para aplicar las medidas acordadas por el Gobierno central en Cataluña basándose en el 155. El informe también sostiene que las medidas en aplicación del 155 no pueden modificar la distribución de competencias entre Estado y Generalitat, y "no pueden comportar una reforma o modificación de la autonomía".

El Consell de Garanties fue uno de los focos de conflicto durante las polémicas sesiones del Parlament del pasado 6 y 7 de septiembre, en las que la mayoría independentista de la asamblea regional sacó adelante la Ley del Referéndum y de la Ley de Transitoriedad Jurídica, con la opinión en contra de los letrados del Parlament. El CGE avisó a la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, de que era "preceptivo" que se permitiese a los grupos acudir al CGE, una opción que finalmente no les fue concedida, votándose las leyes por el mecanismo exprés.