La Assemblea Nacional Catalana (ANC) es consciente de que el papel de los funcionarios catalanes será crucial en los próximos días ante el escenario en que el Parlamento ha aprobado la declaración de la independencia unilateral y el Gobierno dará aplicación a las medidas de control de las instituciones catalanas contempladas en el artículo 155 de la Constitución.
La ANC ha difundido un documento de “recomendaciones para funcionarios” para tratar de canalizar su actuación ante el panorama que se avecina. La organización independentista reclama a los empleados públicos “sostener el Govern y el Parlament legítimos” en caso de que “la República Catalana se pueda oponer de manera efectiva” a la aplicación del 155 (que, por lo demás, la ANC considera “ilegal”, que “vulnera la propia Constitución y el Estatut” y que se trata de un “abuso de derecho”).
La asociación ve posible otro escenario a partir de hoy: “Que la violencia policial y militar española se imponga en primera instancia, parcialmente o totalmente” en la región, y en tal caso la ANC llama a los funcionarios a “realizar una resistencia pasiva también desde la propia administración, ante una autoridad no electa, ilegítima, que pretende dar instrucciones que contradicen los fundamentos del estado de derecho”, según el documento difundido en su canal de Telegram.
En paralelo, ANC trata de convencer a los empleados públicos catalanes de que su “obligación de cumplir la ley implica que los funcionarios no han de cumplir las instrucciones que alguien pueda dar amparándose en estas medidas del artículo 155”, ya que “son medidas claramente contrarias al ordenamiento jurídico”. “La obligación de los funcionarios y las autoridades de cumplir la ley no ampara obedecer órdenes claramente contrarias a la legalidad vigente”, sentencia.
Sin embargo, la legislación vigente –singularmente el Estatuto Básico del Empleado Público- habilita al Gobierno a cesar de manera fulminante al personal de libre designación de la Administración que no cumplan la Constitución y/o el Estatut. Y, en el caso de los funcionarios, se exponen a la apertura de un expediente disciplinario que abre la puerta a una suspensión temporal de su cargo de hasta seis meses, a inhabilitaciones de hasta seis años o directamente al despido disciplinario.
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