La Guardia Civil investiga desde principios de este año los contratos que desde 2012 ha suscrito la Generalitat con 17 empresas y que podrían haber estado dirigidos a sentar las bases para crear los servicios de inteligencia de un futuro Estado catalán independiente.

Así figura en un informe del Instituto Armado fechado el 7 de marzo de este año, al que ha tenido acceso Europa Press, y que remitió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional al apreciar posibles delitos de sedición, malversación de caudales públicos y/o desobediencia en estas actividades.

El Ministerio Público, a su vez, envió los requerimientos de información a las 17 empresas y toda esta documentación fue incorporada el 24 de septiembre pasado al sumario de la causa que instruye el juez de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, sobre la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Tras las declaraciones de Vidal

La investigación abierta por la Guardia Civil se abrió a raíz de unas declaraciones formuladas por el ex senador de ERC Santiago Vidal, quien en diferentes charlas había expuesto el camino emprendido por la Generalitat para lograr la independencia de Cataluña.

Según la Benemérita, "uno de los órganos necesarios para la Generalitat" para conseguir dicho objetivo y "garantizar la transición nacional sería la creación de una Agencia Nacional de Seguridad (ANS), en la que el Centro de Seguridad de la Información (CESICAT) se constituiría como una parte esencial o embrión, siendo un elemento característico de que se estaba dotando de elementos esenciales para conformarse con una estructura de estado".

"La Generalitat había dispuesto y utilizado vastos recursos humanos, financieros y sus organismos para desarrollar las herramientas necesarias para la creación de una Cataluña como estado independiente, una de estas herramientas sería la creación de una Agencia Nacional de Seguridad, valiéndose del CESICAT", explica.

Por ello, la Guardia Civil pidió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que requiriese "información de aquellas sociedades que presuntamente han podido realizar trabajos objeto de la investigación" para el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) o cualquier otro departamento, "trabajos contratados bajo demanda o mediante cualquier otro medio de encargo".

Dichas sociedades son SOLIUM, Unitronics Comunicaciones S.A., Incita Security S.A., Grupo S21 Sec Gestion S.A., Rohde & Schwarz España S.A., PwC Auditores S.L., PwC Asesores de Negocios, Landwell-PwC Tax & Legal Services S.L., Leap in Value S.L., Indiseg Evolium Group S.L., Ricoh España S.L.U., Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones S.A., SII Concatel S.L., Da Vinci Consulting 2040 S.L., COM 2002 S.L., ALF9 Servicios Web S.L., y Telefónica Soluciones de Outsourcing S.A.

De 2012 a 2016

Los requerimientos de la Guardia Civil autorizados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional quieren conocer el detalle de los contratos que estas sociedades suscribieron entre 2012 y 2016 con la Generalitat, el CTTI, el CESICAT, el Departamento de Presidencia u otros organismos.

Los investigadores quieren conocer las aplicaciones informáticas desarrolladas, documentación sobre las mismas, los cargos de la Generalitat que contrataron, supervisaron y mantuvieron los contactos con las empresas, los jefes de proyecto y los equipos al completo de las sociedades, las contraseñas necesarias para activar las aplicaciones, así como la forma de pago utilizada.

Según las líneas de investigación abierta por la Guardia Civil después de tener conocimiento de las declaraciones de Santiago Vidal, de éstas se concluye que la Generalitat veía "necesaria la utilización de un organismo de inteligencia ilegal" para poder llevar a cabo determinadas "misiones".

Contraespionaje, datos tributarios, jueces...

Estas misiones serían "formar una unidad de los Mossos d'Esquadra en tácticas de contraespionaje; identificar a agentes del CNI infiltrados en los Mossos; conseguir todos los datos tributarios de los ciudadanos de manera absolutamente ilegal así como conseguir fichar a todo el mundo".

También "saber con nombre y apellidos cuáles de los 300 y pico jueces de los 801 existentes en Cataluña se quedarán y los que se irán; qué personal del equipo de Raül Romeva mantenga contactos con la OTAN; disponer de un plan B para la independencia consensuado con once de los 28 Estados de la UE; disponer de dos fondos de inversión internacionales, no europeos, que abrirán una línea de crédito de hasta 200.000 millones de euros; disponer de una partida de casi 400 millones, debidamente camuflados en epígrafes de los presupuestos".

La Guardia Civil da veracidad a las declaraciones de Santiago Vidal, en las que se basan estas conclusiones, ya que es "acreedor de un muy alto estatus de confianza y responsabilidad para la creación de las estructuras de Estado, necesarias para la obtención de esa independencia que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña tanto dice desear alcanzar por cualquier vía".