El PDCat y ERC ya han anunciado que se presentarán a las elecciones del 21-D. Ya veremos cómo, si en solitario o formando parte de una coalición de país, como quieren algunos republicanos. Los moderados del PDCat prefieren ir en solitario y el rebelde Santi Vila ha mostrado su disposición a encabezar la lista del nacionalismo con seny. Hasta la CUP podría acudir a las urnas si sus bases así lo estiman. Parece mentira que sólo hayan pasado tres días desde la proclamación de la república catalana.

Tras un fin de semana tranquilo -en el que lo más sobresaliente fueron los tuits de Puigdemont al Girona-, el lunes se presentaba como un día test. Pero en la primera jornada laborable tras la declaración de independencia la normalidad ha sido la tónica general de la vida ciudadana. Los Mossos acompañaron a los consellers a sus despachos para que recogieran sus pertenencias y la inmensa mayoría de los funcionarios ha hecho su trabajo como de costumbre. Parece que el 155 no ha supuesto el terremoto que algunos auguraban.

Al margen de esa calma chicha, se han producido dos hechos relevantes que auguran nuevas tensiones: por un lado, la Fiscalía ha interpuesto sendas querellas contra la Mesa del Parlament que tramitó la declaración independentista y contra todos los miembros del Govern que la impulsó; por otro, Puigdemont y otros cinco miembros de su equipo de gobierno se han trasladado a Bélgica con el objetivo de sondear la posibilidad de pedir asilo.

Maza ha solicitado que los investigados declaren "urgentemente" ante la Audiencia Nacional (los no aforados) y ante el Supremo (los miembros de la Mesa) para responder por posibles delitos de rebelión, sedición y malversación. A pesar de los duros términos de las querellas existe la sensación en la Fiscalía de que la instrucción de los sumarios se hará con cierta calma. Hay que sustentar con pruebas contundentes los cargos y no dar la sensación de que el 155 abre la vía para un proceso general contra el independentismo.

Sería un error por parte del gobierno dar la sensación de que, tras la aplicación del 155, se ha abierto una causa general contra los independentistas

El gobierno no quiere crear nuevas victimas del procés (bastante hay ya con la permanencia en prisión preventiva de los Jordis). Sobre todo cuando hay elecciones convocadas y los partidos se ha puesto ya en modo electoral.

"La detención de Puigdemont es algo que ahora no está sobre la mesa; serán los tribunales los que decidan cuando llegue el momento", señala un miembro del gobierno.

El balance que se hace en Moncloa de estas primeras jornadas tras la aplicación del 155 es muy positivo. La vida ciudadana ha funcionado con absoluta normalidad y los Mossos -el mejor termómetro- han respondido de forma disciplinada ante las ordenes impartida por su nuevo jefe. Parece que el gobierno ha aprendido la lección: "No repetir los errores que se cometieron el 1-O".

La asistencia masiva a la manifestación del pasado domingo es otra prueba más de que una parte importante (probablemente mayoritaria) de la sociedad catalana ha recibido con alivio la destitución de un gobierno que sólo tenía una prioridad: la independencia.

Esa base social es la que se quiere mantener movilizada como mejor forma para desequilibrar la mayoría parlamentaria en Cataluña del lado de los partidos constitucionalistas. Es lógico que entre los votantes que vivieron la noche del viernes 27 como un sueño hecho realidad se haya producido cierta desilusión al comprobar que la Cataluña independiente ha durado apenas unas horas. La dureza -y aquí hay que incluir las medidas judiciales- contra el independentismo se puede convertir en la mejor arma del independentismo para reactivar la movilización de sus bases.

"Crear una coalición de partidos constitucionalistas de cara al 21-D convertiría las elecciones en un plebiscito", afirma una fuente próxima a Moncloa

En el gobierno se pide calma, paciencia: "Lo prioritario ahora son las elecciones del 21-D". Inés Arrimadas -la líder de Ciudadanos en Cataluña que cobra cada vez más peso político- ha pedido abiertamente "pacto" de los partidos constitucionalistas para que gobierne la lista más votada si se produce el vuelco electoral que algunas encuestas vaticinan.

En cierto momento también en el PP se acarició la idea de un "bloque constitucionalista", pero ésa es una idea desechada por el gobierno.

"No queremos frentes. Hacerlo sería convertir las elecciones autonómicas en un plebiscito. Sería un grave error y movilizaría a los votantes independentistas", señala una fuente próxima a Moncloa.

No se puede vender la piel del oso antes de cazarlo y tampoco se puede dar por sentado que los nacionalistas no vayan a repetir o incluso a superar los resultados de los comicios de 2015. En Cataluña solo se puede ganar al soberanismo desde el sosiego. El PSC y Ciudadanos pueden obtener mejores resultados que hace dos años; incluso el PP podría subir algún escaño. Pero ¿qué hará la CUP? Y lo más importante: ¿Qué hará el partido de Colau, que se va a convertir en el fiel de la balanza para determinar la mayoría parlamentaria, según apuntan todas las encuestas?

Ahora toca hacer política, medir bien los movimientos y, sobre todo, no meter la pata. Que nadie dude de que, en estos momentos, poner entre rejas a Puigdemont sería una gran metedura de pata. Por tanto, que la Justicia siga su curso sin interferencias.