La comparecencia del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en Bruselas ha sido coherente con la visión alterada de la realidad a la que nos tiene acostumbrados.
Su relato de los hechos tiene un único fin: situarse como víctima de un gobierno español que no respeta la democracia. Y, para ello, no tiene ningún reparo en construir un argumento que sólo se sustenta en el secreto, que no tiene una base fáctica contrastable. Atribuye su decisión de huir de España a la información recibida de los servicios secretos catalanes de que el Estado español tenía preparada una ofensiva "muy violenta" si hubiese decidido quedarse en Cataluña tras la aplicación del artículo 155. ¿Cuáles son esos datos? ¿Por qué no hace públicos los informes que le llevaron a adoptar tan drástica decisión?
Por otro lado, Puigdemont ha insistido en que la decisión de marcharse (él y la mitad de los miembros del Govern) se adoptó el viernes por la noche, el mismo día en que el Parlament declaró la independencia ¿Quiénes adoptaron esa decisión? Según se ha sabido, ni la líder de su partido (Marta Pascal), ni el vicepresidente (Oriol Junqueras) sabían nada hasta ayer sobre su fuga ¿La decisión de dividir el Govern en dos mitades (una exterior y otra interior) se adoptó en una reunión formal del gabinete catalán? ¿Hay algún acta de dicha reunión?
El ex presidente de la Generalitat pretende que Rajoy le de garantías de que no ingresará en prisión, al mismo tiempo que le critica por no respetar la separación de poderes
El ex presidente de la Generalitat ha afirmado, por otra parte, que no solicitará asilo en Bélgica, sino que ha acudido a la capital belga para dar difusión internacional a la situación que vive Cataluña tras la aplicación del 155. Dice que no quiere eludir la acción de la Justicia, pero, al mismo tiempo, reclama "garantías" para volver a España. Quiere que se le den seguridades de que no ingresará en prisión. Pero ¿quién debe dárselas? ¿El gobierno español? ¿Cómo se concretaría ese pacto? ¿Tendría Rajoy que pedirles a los jueces del Supremo y de la Audiencia Nacional que paralicen las querellas contra el gobierno de la Generalitat y la Mesa del Parlament que tramitó la declaración de independencia?
Puigdemont, que ya quiso chantajear al gobierno el pasado viernes cuando condicionó la convocatoria de elecciones a la puesta en libertad de los Jordis, a la paralización de los procesos judiciales en marcha contra el independentismo y a la retirada de la Policía y la Guardia Civil de Cataluña, ha querido repetir la jugada, ahora desde la capital de Europa. Pero, ¿cómo se interpretaría en la UE la intromisión del gobierno en la Justicia que le reclama el ex president?
En defintiva, Puigdemont reclama de Rajoy justamente lo que le critica: que intervenga en la acción de jueces y fiscales.
En su manipuladora versión de los hechos, el ex presidente de la Generalitat argumentó su huida de Cataluña como una forma de garantizar la paz social y evitar el conflicto. Pero, al mismo tiempo, en su rueda de prensa ha llamado a la "lucha" contra la aplicación del 155 y ha dado su apoyo explícito a las asociaciones y sindicatos que están dispuestos a impedir lo que él ha calificado como "el intento por acabar con las instituciones catalanas".
Para terminar, Puigdemont ha dicho que acepta las elecciones del próximo 21-D, aunque no ha confirmado si pretende ser candidato. Ha afirmado que respetará el resultado de las urnas y, al mismo tiempo, ha cuestionado que el gobierno del PP, el PSOE y Ciudadanos estén dispuestos a hacerlo. De nuevo, el ex presidente ha marcado una raya en Cataluña: la que separa a los nacionalista -los ciudadanos, los demócratas- de los no nacionalistas -los súbditos, los antidemócratas-.
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