Los miembros del Govern cesados en virtud de las medidas tomadas a raíz de la aplicación del artículo 155 por el Gobierno de Mariano Rajoy deben acudir a declarar ante la Audiencia Nacional que los ha citado en calidad de investigados. Carles Puigdemont y los integrantes de su Gobierno son los afectados, tras admitir a trámite la querella por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos interpuesta por la Fiscalía General del Estado. El ex president y sus consellers, que serán detenidos si no se presentan ante la magistrada Carmen Lamela, han de depositar una fianza de 6,2 millones de euros si no quieren ver embargados sus bienes.

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