La juez Carmen Lamela ha decretado prisión incondicional para ocho ex consejeros del Govern que han declarado este jueves ante la audiencia imputados por delitos de malversación, sedición o rebelión, entre los cuales está el ex vicepresident Oriol Junqueras, el político mejor valorado en Cataluña. Para el noveno en declarar, Santi Vila, que dimitió un día antes de la proclamación de la proclamación de la república catalana el pasado 27 de octubre, la jueza lo envía a prisión pero saldrá pagando 50.000 euros que establece la fianza.
La huida de Puigdemont a Bélgica ha cargado de motivos a la magistrada de la Audiencia Nacional, cuya decisión -histórica, al meter en la cárcel a la plana mayor de un Ejecutivo autonómico- dejará huella en los tiempos que vienen. E influirá en las elecciones autonómicas del 21-D. La juez Lamela aduce "alto riesgo de reiteración delictiva", esto es, la posibilidad de que se repitan los presuntos delitos de los que se acusa a los ocho ex consellers; también una "alta probabilidad" de que se alteren o destruyan pruebas; y finalmente, se habla del "poder adquisitivo" de algunos de los inculpados, que posibilitaría que pudieran "abandonar el territorio".
El auto de la jueza de hecho se refiere sin mencionarlo a la marcha de Puigdemont a Bélgica el pasado domingo. "Basta recordar", dice el auto, "el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido". "Además", destaca el texto, "los investigados vienen operando dentro de un grupo perfectamente organizado de personas [en referencia a Ómnium y la Asamblea Nacional Catalana, ANC], apoyados por asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarles en su posible huida de la Justicia".
El auto de la juez contempla hasta 50 años de prisión por malversación, rebelión o sedición
Para evaluar el riesgo de fuga, prosigue el auto, hay que tener en cuenta "la gravedad de los delitos que se imputan" y "las penas que llevan aparejadas"; cuanto mayores sean éstas "más intensa cabe presumir la tentación de la huida". "Los querellados se enfrentan a penas de 25 años por rebelión, 15 por sedición y ocho años de prisión por delito de malversación, que pueden ascender a 10 en caso de que se haya producido falseamiento de la contabilidad", reza otro párrafo.
Para la titular del Juzgado de Instrucción Número Tres de la Audiencia, "cobra especial importancia el papel que todos los querellados protagonizaron desde sus cargos públicos". "Sin los cuales", continua el auto judicial, "el proceso independentista no hubiera podido impulsarse".
La "alta probabilidad" de destruir pruebas se fundamenta en que "hasta hace tan solo unos días" los querellados "han ostentado cargos en las principales instituciones del Govern de la Generalitat".
Finalmente, a pesar de que en principio se optó por diferentes cárceles para acoger a los consellers, todos irán a la prisión de Estremera, con excepción de Bassa y Borràs, que irán al penal de Meco mujeres.
La argumentación de Lamela
La juez Carmen Lamela hace referencia en los fundamentos jurídicos de su sentencia al documento EnfoCATs encontrado en su día durante el registro del domicilio de Josep María Jové, número dos de Oriol Junqueras en la consejería económica del Govern. En ese documento, oculto hasta entonces, se dibujaba con precisión la hoja de ruta del proceso independentista, que según la magistrada se ha ido cumpliendo paso a paso.
Recuerda Lamela que en aquel documento, del que en su día informó El Independiente, se manifestaba el objetivo de lograr un Estado propio generando, si fuera necesario, "un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano, orientado a generar inestabilidad política y económica que forzara al Estado a aceptar la negociación de la separación o en su defecto un referéndum forzado que igualmente les permitiera declarar la independencia".
La magistrada recuerda a continuación todos los hechos investigados y que se enmarcan en esa estrategia, incluidas las sesiones del Parlament de los días 6 y 7 de septiembre, los preparativos ocultos del referéndum y los tumultos frente a la consejería de Economía y Hacienda del pasado 20 y 21 de septiembre, así como la votación de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre.
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