La Audiencia Nacional vuelve a rechazar la libertad para los 'Jordis'

La sección segunda de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha rechazado poner en libertad a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y confirma así su ingreso en prisión provisional que decretó la juez Carmen Lamela el pasado 16 de octubre.

Según han informado fuentes de la Audiencia Nacional, tras la vista del recurso contra la prisión celebrado hoy, la sala ha debatido su contenido y adelantado su decisión en el sentido de rechazar dicho recurso, aunque no han trascendido los argumentos para ello ni el resultado de la votación de los cinco magistrados.

La Guardia Civil atribuye a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de las dos principales asociaciones soberanistas (Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural), el mismo nivel de decisión que al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al número dos del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, en el diseño del plan para lograr la independencia de Cataluña.

La sala que ha decidido sobre la petición de libertad de los "jordis" es la misma que están juzgando el caso Gürtel y está compuesta por los magistrados Juan Pablo González, María José Rodríguez, Ángel Hurtado, José Ricardo de Prada y Julio de Diego.

Hurtado será el encargado de redactar el auto resolviendo el recurso de Cuixart y De Diego, el de Sànchez, han indicado las mismas fuentes.

Los magistrados tienen aún que decidir sobre otro recurso de Sànchez y Cuixart que pone en duda la competencia de la Audiencia Nacional para investigar el proceso independentista, que la sala debatirá el próximo lunes.

En las vistas celebradas hoy para tratar sus recursos de prisión y también el de competencia, el fiscal ha pedido mantenerles en la cárcel y las defensas han alegado que el argumento de la juez de enviarles a prisión por miedo a que volvieran a delinquir ya no se sostiene después de que el Parlament aprobara la DUI y el Gobierno aplicara luego el artículo 155. "Hemos alegado que las circunstancias en Cataluña han cambiado desde el momento en que su señoría acordó la prisión porque es conocido por todo el mundo que estando Jordi Sànchez en prisión se han sucedido una serie de hechos en los que él no ha tenido ninguna participación, como fue lo ocurrido en el Parlament y luego la aplicación del 155", ha dicho Jordi Pina, abogado de Sànchez.

"El escenario político es muy diferente"

A su juicio, "el escenario político es muy diferente, es un argumento que cae por su propio peso", y lo ocurrido en las últimas semanas dificulta mucho "seguir manteniendo la tesis de que puede realizar alguna actuación de reiteración delictiva".

Los abogados han afirmado también que no existe riesgo de fuga, puesto que sus defendidos se presentaron cuando fueron llamados a declarar, y han destacado que ambos se encontraban de hecho en la prisión de Soto del Real (Madrid) cuando el pasado 27 de octubre se declaró la independencia.

En cuanto a su participación en la concentración frente a la Conselleria de Economía el día 20 de septiembre cuando una comisión judicial procedió a su registro, los letrados han aportado grabaciones y material gráfico de esa noche.

En esas imágenes, según las defensas, se muestra que Sànchez y Cuixart no impidieron la salida de la comitiva judicial, sino que, al contrario, la facilitaron.

La juez les envió a prisión al asignarles el papel de "promotores y directores" de las concentraciones del 20 de septiembre, ya que ambos se mantuvieron al frente "durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes".

Lamela destacaba en su auto de prisión que también que el 1 de octubre, desde las mismas cuentas de whatsapp utilizadas para promover el asedio a los agentes de la Guardia Civil que acompañaban a la comitiva judicial en Economía, "realizaron llamadas a los participantes animándoles a permanecer en los colegios y presentar resistencia a las autoridades policiales".

Con todo ello, según la juez, pretendían "impulsar y asegurar la celebración del referéndum ilegal de independencia y con ello la proclamación de una República catalana, independiente de España, contraviniendo con ello la Constitución".