El Gobierno ha descartado aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) antes de fin de año y espera poder hacerlo durante los primeros meses de 2018. La crisis catalana ha dinamitado el entendimiento con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que mantiene que "no se dan las condiciones" para establecer una negociación con el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
En este momento de debilidad, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha apelado, incluso, a la "responsabilidad" del PSOE para facilitar la gobernabilidad del país con la aprobación de los presupuestos. Durante la comparecencia tras el Consejo de Ministros del pasado viernes, Montoro, alabó la capacidad de los socialistas para acordar y compartir “en tantas cosas”, en referencia a los acuerdos alcanzados para afrontar la crisis catalan.
Lejos de facilitar la aprobación de las cuentas, el grupo parlamentario socialista ultima sus presupuestos alternativos, retomando la iniciativa en la oposición parlamentaria. Cuando se tramitaban los presupuestos de 2017, en el mes de abril, el PSOE se encontraba empantanado en su proceso de primarias. La Gestora que gobernaba el partido tras el derribo de Pedro Sánchez decretó una enmienda a la totalidad de los presupuestos de Mariano Rajoy, pocos meses después de facilitar su investidura. Podemos, fuerte entonces, intentaba hacerse con el liderazgo de la oposición parlamentaria presentando unos presupuestos alternativos.
El PSOE recupera la iniciativa parlamentaria en plena crisis de Podemos
Apenas seis meses después, las tornas han cambiado en el Parlamento. El PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza de nuevo, ultima estos días la elaboración de sus propios presupuestos alternativos. El Consejo de Ministros tenía previsto aprobar el proyecto de ley de Presupuestos de 2008 el día 27 de septiembre. El Gobierno retiró este punto del orden del día por la gravedad que empezaba a adquirir la crisis catalana, que dificultaba el entendimiento entre los grupos políticos. Paralizados sine die, los PGE esperan a que el PP pueda establecer alianzas parlamentarias como la que permitió la aprobación de las cuentas para 2017.
El pasado 31 de mayo, el Gobierno sacó adelante los PGE de este ejercicio gracias al apoyo de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias –cuyo diputado fue en coalición con el PSOE el 26J– y los aliados electorales de UPN y Foro Asturias, sumando un total de 176 diputados. Con la crisis catalana, ese escenario resulta muy poco probable hoy día, principalmente por las reticencias del PNV a pactar con el PP. A pesar de ello, el grupo parlamentario socialista ultima estos días su proyecto de presupuestos generales, que plasmará la hoja de ruta de Pedro Sánchez en caso de alcanzar el Gobierno.
Podemos, por su parte, no se encuentra en su mejor momento. A su caída electoral en todas las encuestas se suma su crisis interna que tiene al partido abierto en canal en Cataluña y con serias grietas a nivel estatal tras la purga de Carolina Bescansa, una de sus fundadoras. En este momento de debilidad, Podemos no tiene clara la presentación de sus presupuestos alternativos. Fuentes oficiales explican que en esta situación de "impasse", el grupo espera la tramitación de los PGE por parte del Gobierno para decidir su postura, que podría contemplar otras cuentas alternativas como las elaboradas el año pasado.
Las cuentas de Podemos
El grupo confederal Unidos Podemos presentó una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado del PP acompañada de su propia propuesta de presupuestaria. Su proyecto alternativo planteaba la creación de nuevos impuestos a la banca y la subida del déficit, que fijaba en un 3,7% frente al 3,1% previsto por el Gobierno.
Los presupuestos de Podemos proponían aumentar el gasto en 19.500 euros, de los que dos terceras partes irían destinados a la Administración del Estado. En concreto, destacaba el aumento del 1,5% de las pensiones contributivas, la creación de un plan de renta garantizada dotado de 3.200 millones de euros, un plan de empleo para parados de larga duración valorado en 1.315 millones y el incremento de sueldo de los funcionarios hasta un 2,7% , que se traduciría en 370.000 millones más de gasto.
Para cubrir el aumento en la partida de gastos, Podemos proponía aumentar la recaudación por vía de impuestos directos, mientras reducía los indirectos como el IVA. En concreto, proponía una reforma fiscal progresiva que aumentara el gravamen para las grandes fortunas y la creación de nuevos tributos.
El proyecto de Pedro Sánchez
Con el objetivo de "demostrar" que hay "una forma distinta" de responder a la crisis y a la "desigualdad" que están sufriendo "muchísimos" españoles, el PSOE ultima estos días sus presupuestos alternativos, basados en una política fiscal distinta que permita avanzar en bienestar social. En una reunión en septiembre con su grupo parlamentario, el propio secretario general socialista marcó los tres ejes principales de su propuesta económica: luchar contra el paro de larga duración y la precariedad laboral, garantizar pensiones “dignas” y el sostenimiento del sistema, y trabajar por la “transición ecológica” de la economía española.
Pedro Sánchez propuso también un nuevo pacto de rentas al Gobierno y a los agentes sociales para que los salarios suban entre el 2,5 y el 3,5 por ciento en los próximos 4 años. Persigue así que la recuperación económica y las ganancias de productividad se trasladen a los salarios de los trabajadores.
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