El expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas y sus colaboradores han depositado otros 200.000 euros a la fianza de 5,25 millones impuesta el pasado 25 de septiembre por el Tribunal de Cuentas por la supuesta utilización de fondos públicos para la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Tienen hasta el día 16 de noviembre para afianzar los 2,8 millones de euros que le quedan para completar la cantidad fijada por el órgano fiscalizador.

Mas, sus exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y cinco funcionarios del Govern de entonces, investigados por este supuesto empleo de dinero público, ya aportaron casi 2,2 millones de euros, por lo que aún le quedan por afianzar unos 2,8 millones de euros de los 5.251.948,17 euros fijados para garantizar que se reintegre a las arcas públicas lo gastado en aquella consulta declarada ilegal, en caso de que sean finalmente condenados.

La Unidad de Actuaciones Previstas del Tribunal de Cuentas acreditó el ingreso de esos dos millones de euros y aceptó la prórroga solicitada por la defensa de los investigados de 15 días hábiles para reunir el resto de esta fianza, que es solidaria y conjunta, atendiendo a los "medios económicos de los presuntos responsables". Este plazo finaliza el jueves 16 de noviembre y si en esta fecha Mas y los demás no han aportado el dinero que falta, el Tribunal de Cuentas procederá al embargo de los bienes de los responsables del 9N.

Esa cifra responde a los gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la consulta hasta el momento de la imposición de la fianza, que suponen alrededor de 400.000 euros.

Para el Tribunal de Cuentas, Mas es el máximo responsable del coste de la consulta soberanista por ser el expresidente de la Generalitat en aquel momento, por lo que debe responder de forma solidaria con los exaltos cargos del gobierno a la fianza impuesta.

El Tribunal de Cuentas dividió el coste total en varios bloques --en los que Artur Mas aparece en todos ellos junto a los otros denunciados-- relativos a la adquisición de ordenadores portátiles para ser utilizados en las mesas de votación; la campaña institucional; la ampliación del contrato de seguro para incluir voluntarios que participaron en la votación; el registro de una página web; la fabricación del material para ser empleado en la votación y transporte del mismo a los locales de votación; la elaboración del soporte informático necesario para la consulta; el envío de información; el centro de prensa para la cobertura informativa; y un contrato menor para la producción de la campaña informativa.