La crítica de Jueces para la Democracia a la juez Lamela divide a la magistratura

La asimetría judicial también es de aúpa en los tribunales españoles acerca del desafío independentista catalán: con las elecciones del 21-D a la vuelta de la esquina, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha abierto este miércoles causa contra Ada Colau y Josep Lluís Trapero por posible desobediencia el 1-O; al ex jefe de los Mossos le tocará también comparecer de nuevo ante la Audiencia Nacional por el referéndum inconstitucional; el Tribunal Constitucional acaba igualmente de denunciar a Carme Forcadell por desobedecer sus sentencias; y este jueves 9 de noviembre la ex presidenta del Parlament acude al Supremo a declarar por un delito de rebelión, tras aplazarse una semana su comparecencia y la de otros cinco miembros de la mesa al alegar la defensa de todos ellos no haber tenido tiempo material para prepararse.

Ese aplazamiento está precisamente en el corazón de un conflicto que enfrenta a los magistrados: el comunicado de hace cinco días de Jueces y Juezas para la Democracia (JpD, la asociación progresista) criticando el auto de la juez Carmen Lamela de enviar a prisión incondicional a la ex cúpula del Govern (sin Puigdemont) y a los Jordis, frente al criterio más mesurado del Supremo. Y de ese cisma que vive la judicatura salió el pasado martes la defensa cerrada de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional a la actuación de Lamela.

Respuesta de la Audiencia

"Resulta difícil de explicar la diferencia de trato de la misma querella en dos tribunales distintos, donde en uno se ha considerado que había vulneración del derecho a la defensa y se ha otorgado a los querellados una semana para preparar la declaración", dice la nota de JpD, "mientras que en el otro tribunal se les cita en un festivo y 24 horas antes de declarar". La Sala de Gobierno de Lamela respondió indirectamente el 6 de noviembre a través de otro comunicado: "Quien cuestiona insistentemente la independencia de nuestros jueces y magistrados quiere erosionar la credibilidad de nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho".

La crítica de JpD ha levantado ampollas en el gremio. Hasta tres jueces consultados critican a Jueces para la Democracia, mientras que otros tres miembros de la asociación progresista defienden la posición de su colectivo. E informan de que la decisión del comunicado se adoptó en Madrid. "No intervino la sección catalana de JpD, pero el comunicado lo apoyamos el 95% de los miembros". Esta organización cuenta aproximadamente con 500 miembros aunque una veintena de afiliados vinculados al independentismo se han dado de baja en las últimas semanas de la rama de Cataluña.

Asociaciones enfrentadas

"La JpD ataca la independencia judicial cuando quienes hemos sufrido ataques somos los jueces, concretamente de los independentistas", clama un magistrado afincado en Cataluña. Otro perteneciente a la mayoritaria APM (Asociación Profesional de la Magistratura, más conservadora) recuerda que una secretaria judicial tuvo que huir por la azotea durante el tumulto que se produjo frente a un edificio público de Barcelona el 20 de septiembre. Hay división y nerviosismo estos días en el mundo judicial; y entretanto se rumorea que el Supremo se hará cargo más pronto que tarde de la instrucción de los delitos de malversación, sedición o rebelión que se imputan a los detenidos.

También JpD recibe críticas de afiliados a la asociación Francisco de Vitoria: sin embargo, estas personas matizan que su colectivo se basa fundamentalmente en defender las condiciones laborales de todos los magistrados, evitando un posicionamiento más político.

"Respuesta garantista"

El portavoz de JpD, Ignacio González Vega, ha respondido sobre el comunicado de marras a este diario. "Es bastante tibio", defiende González Vega. "Podíamos haber ido más allá, pero no. Las asociaciones judiciales podemos y debemos, si así lo entendemos, criticar las resoluciones judiciales cuando toque. Y en este caso las enormes diferencias entre el Supremo y la Audiencia Nacional han motivado la decisión de nuestro colectivo".

"Al derecho le exigimos una respuesta garantista", agrega el portavoz de JpD, "y nosotros el delito de rebelión lo ponemos en cuestión. Cualquier resolución podría ser objeto de crítica: lo hicimos con los titiriteros, con otras resoluciones del Tribunal Supremo, etcétera".

"Puigdemont y compañía son unos sinvergüenzas", reconoce otro afiliado a la asociación progresista en Cataluña. "Pero hasta los sinvergüenzas reciben garantías judiciales", ironiza. Son horas turbulentas también para la judicatura.