El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha abierto una causa penal tras la querella presentada por cinco sindicatos policiales contra -entre otros- la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el ya ex mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero al entender que indiciariamente cometieron delitos de desobediencia a mandato judicial y denegación de auxilio judicial el 1-O por no realizar las actuaciones oportunas para lograr la desconvocatoria de la consulta ilegal.

En una diligencia de ordenación fechada el pasado 19 de octubre, a la que ha tenido acceso El Independiente, la letrada de la Administración de Justicia de la Sala Civil y Penal del TSJC acuerda incoar el procedimiento y designa como ponente al magistrado José Francisco Valls Gombau. Las actuaciones alcanzan también a Carles Puigdemont (ex presidente de la Generalitat); Oriol Junqueras (ex vicepresidente); la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, y los presidentes de las asociaciones soberanistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural: Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en prisión preventiva desde el pasado 16 de octubre por orden de la magistrada de la Audiencia Nacional que instruye una causa por sedición.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP), la Unión Federal de Policía (UFP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y Alternativa Sindical Policial (ASP) presentaron un escrito el pasado 11 de octubre ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) solicitando su personación como acusación popular en la causa que instruye a raíz de las querellas formuladas por la Fiscalía contra los integrantes del Govern de Carles Puigdemont por la convocatoria del referéndum de autodeterminación -suspendido por el Tribunal Constitucional- y contra los miembros de la Mesa del Parlament que votaron a favor de la tramitación de la Ley del Referéndum y de Transitoriedad Jurídica.

El alto tribunal catalán admite a trámite la querella presentada por cinco sindicatos policiales por no impedirse el referéndum ilegal

Las organizaciones sindicales no sólo pedían que se les tuviera por parte en el procedimiento ya abierto, sino que se llamara también como investigados a los dos máximos dirigentes del último Gobierno catalán, a la presidenta del Parlamento autonómico, a Colau, a Trapero y a los presidentes de ANC y Òmnium. De acuerdo con la citada diligencia de ordenación, no se acumula a la causa que ya instruye la magistrada Mercedes Armas sino que se abre un nuevo procedimiento.

Los denunciantes sostienen que los querellados no sólo no desconvocaron el referéndum "ni realizaron las actuaciones oportunas para lograr la desconvocatoria" de la consulta ilegal, sino que en la jornada anterior animaron "a un indeterminado número de personas a acudir a los puntos de votación" para que la Generalitat cumpliera su objetivo de celebración del referéndum.

Los sindicatos consideran que la Policía de la Generalitat hizo una "gravísima dejación de funciones" el 1 de octubre a pesar de la orden expresa que tenía del TSJC de impedir la apertura de los colegios electorales a fin de evitar que pudiera llevase a cabo la votación, de lo que hace responsable penal al entonces máximo responsable operativo del Cuerpo.

Los querellantes dicen que los Mossos hicieron una "gravísima dejación de funciones" el 1-O a pesar de la orden judicial expresa que tenían

"Es meridianamente claro que una actuación eficaz de los Mossos en los días y horas previos a la apertura de los centros de votación, sellando los puntos electorales e impidiendo la entrada del personal que pretendía la celebración del referéndum ilegal, hubiera consecuenciado lo ordenado por esta Sala y minimizada la actuación de Policía Nacional y Guardia Civil", razona la querella, que califica de "ineficaz" la actuación de las fuerzas y seguridad del Estado como consecuencia de su "tardía incorporación" al cierre de los colegios electorales.

Los sindicatos policiales recuerdan que no sólo no se desconvocó el referéndum "ni se realizaron las actuaciones oportunas para lograr la desconvocatoria" de la consulta ilegal, sino que en la jornada anterior "se animó a un indeterminado número de personas a acudir a los puntos de votación" para que la Generalitat cumpliera su objetivo de celebración del referéndum.

"Es obvio que la desconvocatoria del referéndum ilegal por parte de los querellados hubiera propiciado la no celebración del mismo y la ausencia de incidentes entre los partidarios de su celebración y las fuerzas y cuerpos de seguridad", razona la querella, que atribuye a los Mossos la "responsabilidad directa" de las cargas que tuvieron que llevar a cabo en diversos colegios electorales ante la concentración de personas para impedir la retirada de las urnas. Y ello -añaden- ha supuesto que la Policía Nacional se haya visto "dañada gravemente", tanto a nivel corporativo como individualmente por los funcionarios agredidos.

Citación como investigados

Entre las diligencias de instrucción propuestas al TSJC, los sindicatos de la Policía piden que se cite en calidad de investigados a los querellados y como testigos a los mandos de Policía Nacional y Guardia Civil responsables del operativo de seguridad desplegado el 1-O para que informen sobre las órdenes recibidas, la operación desarrollada y la actuación "realmente desarrollada" por los Mossos d'Esquadra.

También pide a la magistrada del alto tribunal catalán que instruye la causa que requiera un informe a la Dirección General de Policía sobre los incidentes producidos aquella jornada -incluyendo los vídeos que ha recopilado- y que valore la posibilidad de solicitar a la veintena de juzgados catalanes que han abierto diligencias previas por la inacción de la Policía de la Generalitat que se inhiban para que sea ella la que investigue la "desobediencia deliberada y residencia activa y pasiva de los organizadores del referéndum y de los funcionarios de Mossos".