El abogado de la presidenta en funciones del Parlament, Carme Forcadell, ha procedido este viernes al pago de la fianza de 150.000 euros que le impuso este jueves el magistrado Pablo Llarena para poder abandonar la prisión de Alcalá-Meco en la que ha pasado la noche. El letrado que representa a Forcadell ha llegado al centro penitenciario sobre las 11.30 de la mañana.
El juez del alto tribunal tomó este jueves declaración a Forcadell y a cinco ex miembros de la Mesa del Parlament por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por los hechos relacionados con el debate en la cámara parlamentaria y la proclamación de la independencia de Cataluña el pasado 27 de octubre. Tras siete horas de declaraciones y celebrar una vistilla para decidir qué medidas cautelares imponer a cada uno de los investigados, el magistrado acordó la prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para la ex presidenta.
Anoche, el letrado de Forcadell, Andreu van den Eynde dijo que confiaba que este viernes se pudiese reunir la cantidad fijada por el juez del Supremo. Por su parte, la Asociación Nacional de Cataluña (ANC), de la que es presidente Jordi Sànchez, que se encuentra en la prisión madrileña de Soto del Real, investigado por un delito de sedición, anunció en Twitter que se encargará de abonar la fianza: "La caja de solidaridad cubrirá las fianzas de los miembros de la Mesa del Parlament. ¡No estáis solos! Libertad", afirmó la asociación tras saberse la decisión del juez.
Este viernes, la asociación soberanista ha publicado el cheque con el que han procedido a abonar la fianza en nombre de Carme Forcadell, ex presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Según detalla el magistrado Llarena en el auto por el que decreta libertad para Forcadell, la fianza ha sido constituida por Marcel Padrós Perejoan, tesorero de ANC.
Una vez que la presidenta del Parlament quede en libertad quedará sujeta a las mismas medidas cautelares que Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, que tienen un plazo de siete días para pagar una fianza de 25.000 euros si quieren eludir la entrada en prisión. Estas medidas son la prohibición de salir del territorio nacional, la retirada del pasaporte y comparecencias semanales en el juzgado.
El único de los investigados que ha quedado en libertad sin ninguna medida cautelar es el que fuera secretario tercero de la Mesa del Parlament, Joan Josep Nuet.
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