Las detenciones llegaron apenas un mes después de la agresión. Hoy, trece meses más tarde, ocho jóvenes esperan la fecha del juicio por un presunto delito de terrorismo por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la que habrían participado la noche del 15 de octubre de 2016. Tres de ellos lo hacen aún en prisión. Todos ellos se enfrentan a una petición total de pena de 375 años de cárcel. Esta mañana sus abogados han convocado una rueda de prensa en Madrid para denuncian la “inadmisión” de la mayor parte de sus pruebas de defensa en lo que consideran que es un intento por convertir en ejemplarizante la agresión de Alsasua.

Junto al proceso judicial, este caso ha estado acompañado de un intenso proceso de movilización social y un intento desigual por llevarlo incluso hasta instancias europeas. En el primer caso el entorno abertzale y afín a las tesis de las familias de los acusados, que sitúan la agresión como un incidente “propio de una pelea de bar”, ha sido mucho más activo y ha logrado el respaldo de amplios sectores de la sociedad navarra y vasca y de instituciones y partidos del entorna nacionalista. Sus campañas han estado encaminadas a cuestionar y rechazar la acusación de terrorismo que sí valida la jueza instructora, Carmen Lamela, y que consideran que es absolutamente desproporcionada.

Las defensas de los ocho acusados denunciarán hoy la "inadmisión" de la mayoría de sus pruebas de defensa

En su intensa campaña de movilización lograron que PNV, EH Bildu, IU y Podemos impulsarán un escrito remitido a la Comisión Europea denunciando la desproporción en la petición de penas de 375 años e instando que se revisará la petición el delito de terrorismo en España. En su repuesta el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans respondió que seguiría “con interés” la evolución de este caso para que se ajustará al marco fijado en la legislación comunitaria y que se reservaba “el derecho a tomar las acciones como guardiana de los tratados”. Una respuesta que fue recibida como un gran triunfo en el entorno nacionalista.

'Desmontar falsedades' ante la CE

Ahora, desde el otro lado, el de la acusación, se ha movido ficha para trasladar a Europa lo que consideran que es la verdad de lo sucedido y que se ha ocultado en la información remitida a instancias europeas. Desde el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco, Covite –quien presentó la denuncia por un posible delito de terrorismo- se ha remitido una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude-Juncker en la que se intenta desmontar “una a una” lo que consideran que son “falsedades” vertidas en este caso. En la carta se insta a Juncker a que visto el interés que ha mostrado en este proceso penal la Comisión Europea “transmita su cercanía y apoyo a las víctimas, que además de las secuelas siguen padeciendo señalamiento y acoso y siguen desatendidas por autoridades e instituciones nacionalistas volcadas en dar voz a los agresores y a su entorno”.

En el informe también se defiende la proporcionalidad de las penas reclamadas por la Fiscalía. Así, Covite alerta a la CE de que le ha sido transmitida una información “sesgada” de lo sucedido aquella noche en el bar ‘Koxka’ de Alsasua. Recuerdan a Juncker que en la petición de pena formalizada “imperan los principios de proporcionalidad, justicia y equidad propios del Estado de Derecho” y que son “acordes a la Carta Europea de Derechos Fundamentales”.

Covite recuerda a Juncker que las víctimas siguen padeciendo "señalamiento y acoso" y continúan "desatendidas" por las instituciones nacionalistas

Recuerda que el ordenamiento español es uno de los más “benignos y garantistas” de Europa gracias a los mecanismos de cómputos, límites penológico, conexidad entre delitos, refundición y redención de penas” que aplica. Añaden incluso que de no apreciarse delito de terrorismo, como defienden las defensas, y ser enjuiciado el caso en la Audiencia provincial de Navarra por un delito de odio, desacato a la autoridad, amenazas y lesiones “la pena que se solicitaría sería similar”.

A lo largo de las siete páginas de las que consta el informe se subraya que desde que el 18 de octubre del año pasado se presentó la denuncia el entorno de la izquierda abertzale se ha volcado en “una feroz campaña nacional e internacional de descrédito y presión”. Acusan al Parlamento de Navarra y a municipios gobernados por formaciones nacionalistas de haber adoptado acuerdos “en contra de la investigación”.

Campañas de odio

La carta, firmada por la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, prosigue con un relato para “desmontar” los argumentos de penas “desproporcionadas” y de “montaje judicial-policial” en la que se basa la defensa de los presuntos agresores. El primero de los puntos es relatar a Juncker el origen y vínculo con ETA que tiene las campañas ‘Alde Hemendik’ de acoso a los agentes de la Guardia Civil. A continuación, la misiva se dedica a rechazar que se trate de un montaje judicial o policial. Así, se recuerdan diversas concentraciones que se produjeron tras la agresión y en especial los insultos que miembros de Covite recibieron por acudir a la concentración celebrada el 22 de octubre de 2016.

En el informe remitido se relatan y documentan las "campañas de odio" organizadas en Alsasua contra la presencia de la Guardia Civil

Covite relata a Juncker que las “campañas de odio” desde el entorno abertzale afín a ETA han sido constantes contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Iniciativas que buscan el rechazo y la exclusión social promovida por campañas como ‘Ospa eguna’ que se celebra en Alsasua desde 2011. El informe incorpora varias imágenes del material con el que se publicitan este tipo de movilizaciones. “En esas jornadas ahorcan y queman muñecos representativos de agentes en hogueras; ridiculizan a los agentes con carteles como ‘adopta un perro’”, apuntan. Recuerdan al presidente de la Comisión Europea que ETA asesinó cerca de un millar de personas y que “organizaciones herederas de su discurso de odio” no pueden quedar impunes

En otro de los puntos se hace referencia al hostigamiento que también se ejerce en este municipio navarro a “familiares y amigos” de los agentes allí destinados. Citan en particular el padecido por la familia de una de las parejas de los agentes agredidos y que también fue atacada la noche del 15 de octubre de 2016.