La comisión territorial elaborará de enero a junio su propuesta de reforma constitucional

El Congreso de los Diputados ha constituido este miércoles la comisión de revisión del estado de las autonomías presentada por el PSOE para elaborar una propuesta conjunta de reforma de la Constitución. Con la ausencia de Unidos Podemos-En Comú-En Marea y los nacionalistas de ERC, PNV y PDeCAT, los partidos constitucionalistas y otros del Grupo Mixto (Compromís, Bildu, Foro Asturias, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canaria) han elegido al socialista José Enrique Serrano como presidente del órgano.

La constitución de la comisión de revisión y modernización del estado de las autonomías fue un acuerdo alcanzado entre PP y PSOE durante la negociación del apoyo socialista a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Tras amplias conversaciones entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de la oposición, Pedro Sánchez, ambos partidos acordaron abrir ese espacio de diálogo en el Congreso a cambio de una "breve y limitada" intervención en la Generalitat.

Está previsto que las conclusiones de esos seis meses de trabajo pasen a la subcomisión parlamentaria para la reforma de la Constitución, por lo que su propuesta será la "antesala" de cualquier modificación de la Carta Magna, uno de los grandes debates de esta legislatura.

Pero esa intención ha recibido otro jarro de agua fría, esta vez por parte de sus aliados del  PP. "No venimos con una idea preconcebida de reformar la Constitución, y mucho menos de contentar a quienes han realizado el mayor desafío al Estado de Derecho en las últimas décadas", ha anunciado su portavoz en la comisión, José Antonio Bermúdez de Castro, que ha ceñido la participación de su grupo a la mejora del estado autonómico.

"Que nadie espere de nosotros otra cosa", ha advertido. "No somos federalistas, ni secesionistas ni nacionalistas, sino constitucionalistas y, por tanto, nuestras línea será reforzar la cohesión territorial y los mecanismos de lealtad institucional, así como fortaleces el Estado, y no debilitarlo".

"No hemos venido aquí a reformar la Constitución", advierte el PP

"No hemos venido aquí con la idea de reformar la Constitución, sino de modernizar el estado autonómico", ha insistido el diputado del PP, que ha aclarado que para cambiar el modelo de financiación autonómica "no hay que reformar la Constitución", como tampoco hay que hacerlo para alcanzar un pacto sobre las pensiones. "Muchos de los avances de modernización del sistema autonómico no conllevan en modo la reforma de la Constitución", ha zanjado.

Por su parte, Ciudadanos ha acudido a la constitución de la comisión, aunque no ha participado en la elección de sus órganos y ha votado en blanco. Su diputado Ignacio Prendes ha explicado que C's no cree que esta revisión del estado autonómico sirva para solucionar el problema de Cataluña ni para poner en marcha una reforma de la Constitución más amplia como la que recoge su programa institucional. "Es una pista de aterrizaje para el independentismo", ha denunciado.

La número 2 del PSOE, Adriana Lastra, se ha congratulado de su puesta en marcha y Fernando Martínez Maíllo ha mostrado la "mejor voluntad" del PP para "mejorar lo que haya que mejorar". El PSOE ha enmarcado las palabras del portavoz del PP en la comisión en la campaña electoral catalana. "El compromiso entre PSOE y PP es la reforma constitucional. Todo el mundo sabe que es una iniciativa del PSOE y tanto el PP como Ciudadanos quieren restarle valor", aclaran desde el grupo parlamentario.

Un negociador experimentado

El presidente de la comisión, José Enrique Serrano, ha explicado que primero se elaborará un diagnóstico del modelo territorial español y luego se plantearán propuestas para modernizarlo. Si se producen acuerdos, se plantearán cambios "en la forma de gobernar, en los procedimientos de adopción de decisiones y en las leyes que regular el estado autonómico, incluyendo, y con la atención excepcional que requieren, cambios en la propia Constitución", aunque sin pagar "peajes indebidos a nadie".

"Tenemos la gran tarea y la gran responsabilidad de alcanzar un resultado que contribuya a proyectar hacia el futuro el éxito que encarna nuestra Constitución para la convivencia pacífica y ordenada", ha anunciado, creando en el Congreso "un espacio de diálogo abierto" al que espera que se sumen el resto de partidos.

El diputado José Enrique Serrano, que ha vuelto al Congreso en sustitución de Eduardo Madina -dimitido tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias socialistas- es un experto negociador que fue jefe de gabinete de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero. También estrecho colaborador de Alfredo Pérez Rubalcaba, Serrano participó en las negociaciones para la fallida investidura de Pedro Sánchez en marzo de 2016, antes de las segundas elecciones generales del 26-J.

Serrano ha convocado el próximo jueves la primera reunión de la Mesa de la comisión, que no arrancará los trabajos propiamente dichos hasta el mes de enero. El puente de la Constitución y la campaña de las elecciones catalanas del 21-D reducirán la actividad del órgano hasta el año próximo. Con un plazo de seis meses pactado por PSOE y PP, los dos grandes partidos pretenden presentar en el mes de junio una propuesta de reforma de la Constitución que facilite un nuevo encaje de Cataluña en el país.

El PSOE  quieren que los primeros comparecientes sean los tres 'padres' vivos de la Constitución de 1978: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD), José Pedro Pérez-Llorca (UCD) y Miquel Roca (Convergència), cuyos retratos presiden la sala Constitucional donde se ha creado hoy la comisión. Los socialistas pretenden inciar así un diagnóstico del desarrollo del estado autonómico en estos 40 años de democracia.

Con ese punto de partida quieren debatir sobre la ordenación de las competencias, el nombre de las comunidades autónomas, el análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña, la financiación autonómica y la autonomía local, entre otras medidas. El objetivo confeso del PSOE es propiciar un estado federal que reconozca el caracter nacional de algunas comunidades históricas como Euskadi, Galicia y Cataluña.