La dirección del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos considera que su diputado por Jaén, el sindicalista agrario Diego Cañamero, no ha incumplido el código ético y, por lo tanto, no se plantea pedirle que deje su escaño tras la decisión del Tribunal Supremo de abrir causa contra él por delitos de coacciones y de resistencia a la autoridad por una huelga de la basura de El Coronil (Sevilla) en 2013.

Según explican a Europa Press fuentes de la dirección del grupo confederal, el caso por que se va a juzgar a Cañamero, relacionado con la "lucha social", no entra en los supuestos que recoge el código ético del partido morado para que un diputado se vea obligado a renunciar a su acta si resulta imputado o investigado en un proceso judicial.

"El derecho a huelga es sagrado"

En concreto, ese reglamento establece "el compromiso de renuncia al cargo público, al cargo interno o a cualquier candidatura a dichos cargos" en caso de ser procesado o condenado por "delitos de corrupción, los económicos, el acoso sexual, las violencias machistas, la pederastia y el maltrato infantil, así como los delitos contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, los ecológicos y los urbanísticos".

En esta línea, las fuentes consultadas explican que si bien siempre van a ser "inflexibles" con los delitos de corrupción, no van "a entrar en el juego de criminalizar la lucha social", ya que consideran que "el derecho a huelga es sagrado" y "más cuando se desarrolla de manera pacífica y de acuerdo a la ley", como creen que ha hecho Cañamero.

En los pasillos del Congreso, Cañamero ha insistido en su confianza en que el Tribunal Supremo acabará archivando las diligencias porque se trata de movilizaciones sindicales en relación con una huelga legal que duró 72 días en los que hubo piquetes, asambleas y denuncias.

Cañamero confía el archivo

El diputado y dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) recuerda que los hechos se remontan a noviembre de 2013 en el contexto de una huelga en el servicio de recogida de basuras en demanda de la readmisión de unos trabajadores. Ha añadido que los servicios mínimos que fijó la Junta de Andalucía no estaban claros y que el sindicato los cuestionaba que fueron cuestionados por el sindicato

Mientras que la Junta no aclaraba los servicios mínimos en el pueblo, relata Cañamero, hubo un piquete que los paralizó y, tras pasar de un juzgado a otro, las denuncias de entonces han acabado en el Supremo. "Pero espero que se anule o se archive porque no tiene mayor importancia al ser una huelga legal", ha insistido.