Carles Puigdemont, ex president de la Generalitat, y los ex consellers del Govern han quedado en libertad hasta el próximo 4 de diciembre cuando el juez decidirá sobre su extradición. Según asegura su abogado Paul Becaert el juez ha descartado aplicar al ex president el delito de prevaricación. Los abogados habrían presentado sus alegaciones por escrito en contra de las demandas de la justicia española.

A las 15.15 ya habían terminado de declarar ante el tribunal de primera instancia de Bélgica, tal y como informa la Vanguardia. El ex president había llegado con una hora de antelación al Palacio de Justicia de Bruselas donde a las 14:00h. empezaba la vista que decidía si se ejecuta la orden de detención y entrega emitida por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Tal y como informa hoy El Independiente, el Gobierno teme que las autoridades judiciales belgas accedan a entregar a España a Carles Puigdemont y a cuatro ex consellers para que se les investigue sólo por la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos y no por rebelión y sedición, lo que generaría una situación paradójica: altos cargos de la Generalitat de Cataluña con menores responsabilidades que el ex president se enfrentarían previsiblemente a penas más severas pese a no haberse declarado en rebeldía judicial.

Fuentes del Ejecutivo de Rajoy no ocultan a El Independiente el temor a que la ejecución de la orden de detención y entrega sea parcial y circunscriba a malversación el ilícito penal por el que podrían ser investigados -y en su caso enjuiciados- Carles Puigdemont y los consejeros que se trasladaron con él a Bélgica y no han atendido la citación de la Audiencia Nacional.