Los barones alzan la voz ante Cataluña y piden el fin de agravios entre comunidades

Valencianos contra el cupo vasco, extremeños en las calles de la capital "por un tren digno", Andalucía advirtiendo de "cainismo" y Madrid pidiendo "equidad" en la financiación autonómica. La crisis catalana y la posibilidad de que se resuelva con un nuevo pacto fiscal ha puesto en guardia al resto de comunidades autónomas, que están recuperando sus reivindicaciones económicas.

Barones socialistas críticos con Pedro Sánchez como Susana Díaz o Ximo Puig lideran este movimiento, al que se suman otras formaciones como Compromís, que ha rechazado el acuerdo del Cupo Vasco alcanzado por PNV con el PP a cambio de su apoyo parlamentario a los Presupuestos Generales del Estado.

También el PP en la Comunidad de Madrid advierte de que es necesaria la "equidad" en la financiación autonómica. Su consejera de Economía ha destacado el hecho de que "las comunidades que tenemos mayor capacidad fiscal y que más aportamos a esa bolsa común nos quedemos con menos por habitante que el resto de las comunidades". "La solidaridad no puede desincentivar a las comunidades autónomas que están creciendo por encima de la media", ha señalado.

Desde el sur, tiempo lleva avisando la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que ha encontrado en las reclamaciones catalanas un nuevo caballo de batalla político. "Andalucía, como la primera", advierte la dirigente socialista, que este lunes también alertó del "cainismo" que se puede producir en la negociación de la nueva financiación autonómica. "Que no enrede", le ha respondido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que recordó ayer que la deriva independentista se ha debido, precisamente, a que Rajoy "no se avino" a permitir un pacto fiscal con Cataluña.

Susana Díaz advierte de "tirones" dentro del PSOE por la financiación

En un desayuno informativo el lunes, Díaz reconoció que la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica va a provocar "tirones" dentro de los partidos pues en ellos "conviven sentimientos territoriales distintos". También lamentó ,"lo haga quien lo haga", que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) salgan "cada año a subasta" pues eso "construye enfrentamiento" y traslada la "sensación de que se te da a ti porque se me quita a mí".

En una línea similar se ha pronunciado el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que este lunes aseguró que "se ha visibilizado perfectamente la existencia del problema valenciano" con la manifestación multitudinaria que el sábado recorrió el centro de Valencia. Representantes políticos de todos los colores acompañaron a miles de personas junto a partidos, sindicatos, patronal y entidades sociales, con el objetivo de que la sociedad valenciana se haga oír "con una sola voz" para acabar con la "discriminación" que ha padecido con todos los sistemas de financiación autonómicos.

Dos días después de la manifestación, la Ejecutiva Federal del PSOE se reunió con la cúpula del partido en la Comunidad Valenciana, un encuentro donde también se abordó la cuestión con una resolución conjunta que exige un nuevo modelo de financiación. El viernes pasado, Pedro Sánchez también afrontó  las reivindicaciones económicas del PSOE de Castilla y León durante la celebración de otra reunión conjunta de las ejecutivas. El secretario general de la comunidad, Luis Tudanca, arrancó al líder socialista su “total compromiso” en la defensa del carbón autóctono.

Desde Extremadura también llegan reclamaciones. “No pedimos nada más y nada menos que lo que creemos que Extremadura se merece. Estamos profundamente orgullosos del país donde vivimos y creemos que lo que es bueno para Extremadura lo será también para España”, explicaba también el sábado en Madrid el presidente de la comunidad, Guillermo Fernández Vara, con motivo de la multitudinaria manifestación que reclamaba un sistema ferroviario digno en la región.

El Gobierno tuvo que salir ayer a dar respuesta a esta crítica generalizada. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que el modelo de financiación autonómico vigente "no es un modelo bueno", como ha venido asegurando desde que lo aprobó el PSOE de la mano de ERC. La Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA) fue aprobada por la mínima, 176 votos, en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2009, tras un pacto entre el entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y el entonces presidente catalán, Artur Mas. Sin actualización desde entonces, el PP achaca a los socialistas los fallos del sistema mientras el PSOE urge a una renovación del modelo.

"Si todos tenemos voluntad, podremos sacar adelante un nuevo modelo de financiación buscando la máxima igualdad de lo españoles a la hora de recibir servicios públicos ya que, al fin y al cabo, de eso van los modelos de financiación", ha aclarado Soraya Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta asegura que el Gobierno "trabaja en propuestas que reúnan máximo consenso para garantizar los principios de unidad, igualdad y solidaridad", y que por ahora, las comunidades están emplazadas a mandar las observaciones de los informes de sus expertos hasta el 23 de noviembre para, a partir de ahí, "buscar el consenso entre partidos y con las comunidades". También ha abogado por vincular la financiación autonómica a la local.

En una línea más dura se expresó el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, que consideró que el PSOE se manifiesta contra sí mismo porque fue ese partido quien aprobó el modelo en vigor y con el voto en contra de los populares. En rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del PP este lunes,  Casado se refirió así a la manifestación del sábado en Valencia.

"Es curioso que los mismos que aprobaron la financiación que no les gusta, se manifiesten contra ellos mismos", subrayó el dirigente del PP, que recordó que partidos como el PSOE, Iniciativa y ERC apoyaron ese modelo pactado previamente por Zapatero y Mas. Tras recordar que el PP fue el único partido que votó en contra de ese modelo en 2009, reprochó que algunas fuerzas constitucionalistas se manifiesten junto a otras que apoyan la independencia para reclamar un nuevo modelo de financiación.

Pacto por el agua

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció el lunes que reclamará al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un auténtico Pacto Nacional por el Agua, que contemple la optimización de las desalinizadoras del Levante español y que proporcione soluciones definitivas a la escasez hídrica de ciertas regiones del país, caso de Castilla-La Mancha.

García-Page ha denunciado el abandono de las desalinizadoras "que costaron millones y millones de euros" por puro "capricho político" y cuya efectividad ha quedado demostrada ante la actual situación de sequía generalizada.

En este sentido, el presidente García-Page ha agregado que trasladará al presidente Rajoy la opción de cobrar a los regantes del Levante el agua desalada al mismo precio que la del trasvase Tajo-Segura, por encima de cualquier tipo de compensación económica a la región por los recursos hídricos que anualmente son derivados desde los embalses de cabecera del Tajo.

"Que el agua del Tajo se quede en el Tajo", ha reclamado en definitiva el presidente castellano-manchego, quien ha insistido en que "esta tierra no puede estar dando agua que necesita para sus regadíos y aprovechamientos a otras que también lo necesitan", ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.