El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cuatro miembros de la Mesa podría  ampliar ampliar la lista de imputados en la causa e incluir, entre otros, a la portavoz de la CUP durante la última legislatura, Anna Gabriel, por su responsabilidad en la conspiración para alcanzar la pretendida independencia de Cataluña.

Según ha podido conocer El Independiente en fuentes jurídicas, el magistrado Pablo Llarena analiza los indicios reunidos por los investigadores sobre el proceso secesionista antes de decidir si llama a esta causa -iniciada a raíz de la querella presentada por la Fiscalía General del Estado el pasado 30 de octubre- a otros investigados. Éstos se sumarían a Forcadell, Lluís María Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, que se encuentran en libertad tras haber depositado fianza después de prestar declaración.

El procedimiento podría alcanzar, según las fuentes, a Anna Gabriel, porque, aunque los indicios que obran en poder del juez no la hacen aparecer como una actriz "principal", sin embargo sí se la puede considerar como una integrante destacada del núcleo director del proceso independentista que culminó el pasado 27 de octubre con la proclamación de la república catalana horas antes de que el Senado autorizara al Gobierno de la nación a poner en marcha un paquete de medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución. Ello dio vía libre al Ejecutivo de Rajoy a destituir al Govern de Carles Puigdemont, disolver la Cámara autonómica y convocar elecciones para el próximo 21-D.

Gabriel, portavoz de la CUP en las última legislatura, no repite en la lista del 21-D por la limitación que establecen los estatutos de la formación anticapitalista

Previsiblemente, las nuevas imputaciones no se producirán hasta que el alto tribunal acumule la causa que instruye contra la Mesa del Parlament el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobediencia y prevaricación y el doble procedimiento que dirige la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela: uno por rebelión contra Puigdemont y sus ex consellers, y otro por sedición contra los presidentes de las asociaciones soberanistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural -Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente- y el ex mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, entre otros.

La última portavoz parlamentaria de la CUP no forma parte de la Diputación Permanente del Parlament, por lo que no goza de aforamiento en este momento. La representante de esta formación en el órgano que se encarga de velar por los poderes de la Cámara cuando ésta está disuelta -como ocurre ahora- o en periodo fuera de sesiones es Gabriela Serra Frediani.

En este procedimiento, al querellarse contra un diputado que no integra la actual Diputación Permanente (Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es Pot), la Fiscalía considera "imprescindible" el enjuiciamiento conjunto con el resto de los denunciados "a fin de evitar la ruptura de la continencia de la causa". Es el mismo criterio que ya ha anticipado el juez Llarena, al dar los primeros pasos para asumir tanto la causa que se investiga en el TSJC como las que instruye Carmen Lamela.

La CUP ha sido otro de los pilares del proceso independentista por su capacidad para la movilización ciudadana

La CUP fue una fuerza determinante en la última legislatura en el Parlamento catalán tras apoyar la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat en enero de 2016 después de las elecciones autonómicas celebradas el 27-S de 2015 y de obligar a Junts pel Sí a 'sacrificar' a Artur Mas. La portavocía del grupo anticapitalista la ha ocupado Anna Gabriel, que no podrá repetir en los comicios del mes que viene por la limitación que establecen los estatutos de la CUP.

Desde hace meses, Gabriel ha sido una de las voces más activas a favor de la celebración del referéndum de autodeterminación -celebrado pese a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional-, alentó a la ciudadanía a secundar la huelga general secundada el pasado 3 de octubre como "respuesta sin precedentes" contra el intento con el que el Estado trató de frustrar la consulta ilegal el 1-0 y fue uno de los diputados que votaron a favor de las leyes del Referéndum y de Transitoriedad Jurídica, con las que los independentistas trataron de dar una aparente cobertura jurídica al proceso.

Calificación jurídica provisional

El avance de la instrucción llevará al magistrado Llarena a calificar de rebelión los hechos objeto de investigación -como sostiene la Fiscalía en su querella- o a integrarlos en figuras delictivas "de menor rigor punitivo", como la conspiración para la rebelión o la sedición. "La movilización pública ha existido, y los indicios que se han expuesto de que las personas que llevaban el protagonismo en el llamado 'proceso para la independencia de Cataluña' han impulsado y controlado esas movilizaciones, posibilita que los hechos puedan ser integrados en un tipo penal que añade como únicas exigencias: a) la intencionalidad de impedir la aplicación de las leyes y b) de hacerlo fuera de las vías que el ordenamiento jurídico faculta", razonó el instructor en el auto con el que decretó libertad bajo fianza para los cinco imputados.