La cúpula independentista será puesta en libertad antes de las elecciones del 21-D

Fuentes del Tribunal Supremo dan por hecho que la causa que se instruye en la Audiencia Nacional contra los ex miembros del Govern por rebelión, sedición y malversación por la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), y la que se sigue contra los líderes de la ANC y de Òmnium y el ex major Trapero por sedición por su implicación en la organización del referéndum ilegal del 1-O, recalarán en manos del magistrado Pablo Llarena pese a la oposición de la Fiscalía a dicha acumulación.

El pasado día 14, Llarena dictó una providencia en la que pedía a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela un informe sobre las circunstancias que concurren en ambas causas con el fin de determinar cuál debe ser el tribunal competente para el conocimiento de estos hechos. La titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional ha emitido ya el informe requerido.

Con su escrito, Llarena daba un primer paso formal para la acumulación en el Supremo de los tres sumarios: el que se sigue contra Forcadell y otros cinco ex miembros de la Mesa del Parlament (que ya está en el Supremo); el que se sigue por los mismos hechos contra los ex miembros del Gobierno de Carles Puigdemont y el que investiga los hechos relacionados con la organización del referéndum ilegal del 1-O, ambos abiertos en la Audiencia Nacional. El magistrado dedicará unos días para estudiar los escritos de las partes y, a más tardar en diez días, decidirá la acumulación de los sumarios.

El Supremo resolverá a favor de la acumulación de las causas en las que se investiga al 'Govern' y a la Mesa del 'Parlament' en menos de 10 días

El instructor del Tribunal Supremo defiende que debe instruir esos sumarios porque se trata de los mismos hechos o de hechos concatenados, lo que evitaría la ruptura de la continencia de la causa y, en el futuro, eventuales sentencias contradictorias. Será su criterio el que impere finalmente, no teniendo potestad la Audiencia Nacional -aun oponiéndose- para retener la instrucción. Si bien no hay ninguna duda sobre las intenciones de Llarena y de la preeminencia de su criterio para ponerlas en práctica, se produciría un conflicto difícil de gestionar si tanto Lamela como la Fiscalía se oponen a que los no aforados sean investigados y eventualmente juzgados por el Supremo.

La asunción del procedimiento contra los ex miembros del Govern por parte del alto tribunal tiene todo el sentido: se trata de determinar los delitos que pudieron cometer en connivencia con los integrantes de la Mesa del Parlament para proclamar la independencia y cuya investigación ahora está dividida por la condición de aforados que mantienen Carme Forcadell, Lluís María Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet al ser miembros de la Diputación Permanente, el órgano que vela por los poderes de la Cámara cuando ésta se ha disuelto por una convocatoria electoral -como ocurre en este caso- o en periodos de fuera de sesiones.

La importancia de la acumulación de la causa contra Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium) reside en que, a través de ella, se pueden aportar pruebas o indicios que justifiquen el delito de rebelión, que implica el uso de la violencia. Y es precisamente en la causa que investiga la organización del 1-O donde pueden obtenerse las evidencias para sustentarlo.

La decisión de los ex 'consellers' de seguir la 'vía Forcadell' y acatar la aplicación del artículo 155 allana el camino para su excarcelación

La acumulación en una sola causa no ha sido siempre el criterio del Supremo, que en otros sumarios -como el de los ERE- decidió instruir sólo la investigación que alcanzaba a los aforados. En este caso, en el auto de 13 de noviembre de 2014 por el que se declaró competente para investigar a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y tres ex consejeros más, la Sala de lo Penal del Supremo abogó por respetar "en la máxima medida posible" el derecho al juez ordinario y defendió que la extensión de la competencia a hechos cometidos por personas no aforadas solamente sería procedente "cuando se aprecie una conexión material inescindible".

Las fuentes consultadas dan también por segura la puesta en libertad de los imputados ahora en prisión preventiva tras la acumulación en el Supremo. Esa decisión se tomará en un plazo no superior a tres semanas. En todo caso, aseguran las fuentes, "la excarcelación se producirá antes de las elecciones del 21-D". Con un escrito mucho más duro que el de Lamela, el juez Llanera ya decretó la libertad bajo fianza de Forcadell, que depositó los 150.000 euros -aportados por la ANC- y sólo pasó una noche en prisión.

De momento, los antiguos miembros del Govern que permanecen en prisión preventiva desde el pasado 2 de noviembre están allanando el camino para su puesta en libertad tomando la 'vía Forcadell'. En sus recursos, están acatando el artículo 155 (casos de Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa y Joaquim Forn) o que no opuso resistencia (Oriol Junqueras).

Medidas cautelares

La duda es qué postura adoptará la Fiscalía al respecto cuando llegue ese momento. En todo caso, el magistrado Llarena puede decidir la libertad con medidas cautelares -incluso contra el criterio del Ministerio Público- si estima que han desaparecido el riesgo de fuga o de posible destrucción de documentos.

Mientras tanto, el Gobierno es partidario de que los imputados recobren la libertad, porque considera que su permanencia en prisión da argumentos a los independentistas de cara a los comicios del 21-D.